- La consulta de la Procuraduría General
- Evitar una torre de babel en el Congreso
Cada vez que en Colombia se habla de una reforma a la justicia, surge un clima de incertidumbre y pesimismo. Y no es para menos, ad portas de que la Constitución de 1991 cumpla treinta años es claro que la rama del poder público que menos se ha podido ajustar para corregir evidentes y sobrediagnosticadas falencias, tanto en el nivel estructural como de aplicación diaria, ha sido la judicial. De hecho, en la última década se han dado varios ejemplos de proyectos de reforma tramitados en el Congreso que hubo de necesidad de hundir por haberse contaminado de ‘micos’ y artículos improcedentes, o que aun siendo aprobados, luego la Corte Constitucional los depuró sustancialmente tras considerar que las modificaciones eran inexequibles o incluso llegaban a caer en el grave vicio de sustituir la propia Carta Política.
Lo cierto es que no hay legislatura en la que no se anuncien proyectos de ley y de acto legislativo para tratar de superar los yerros más notorios de la Rama Judicial. El tercer periodo parlamentario que arrancó el lunes pasado no es la excepción en este tema. De hecho, ya hay varios frentes abiertos en ese sentido. De un lado, la Procuraduría General dio a conocer los resultados de un largo y detallado proceso de consulta con la ciudadanía con el fin de identificar las necesidades más sentidas en materia de justicia y, sobre esa base, sustentar un proyecto de reforma que se enfoque en superar esas falencias que impiden en el día a día que las personas puedan acceder de forma rápida y eficaz a los operadores judiciales y que estos solucionen las controversias puestas a su consideración. Se trata, entonces, de una hoja de ruta muy distinta a la de otras iniciativas de ajuste que se han concentrado preferencialmente en modificar la arquitectura y sistema de gobierno de la rama, las facultades de las altas cortes, el juzgamiento de aforados, el alcance de las jurisprudencias, los requisitos para ser magistrados… En fin, reformas enfocadas en la cúpula judicial y no en solucionar las necesidades más sentidas de la población, del llamado “ciudadano de a pie”, sobre todo en cuanto a disminuir los altos índices de morosidad e impunidad.
El principal resultado de la amplia consulta nacional es muy diciente: hay una alta desconfianza del ciudadano en las instituciones que administran justicia. También se reveló que los temas que más preocupan a las personas son la delincuencia común, la impunidad y el conflicto armado. En cuanto a cuáles son los obstáculos más grandes a la hora de una aplicación eficaz de la justicia, primaron la corrupción, la baja calidad de los servicios de justicia y la desconfianza en el sistema. Y, por último, las principales falencias en el sistema de justicia tienen que ver con que las leyes no se aplican por igual, las sentencias de los jueces no se cumplen y la demora en los procesos…
Lo importante, ahora, es que esta radiografía ciudadana se aterrice en un proyecto de reforma viable, funcional y práctico. Un proyecto que, además, logre un consenso previo con el Gobierno, los partidos y las bancadas para que, una vez comience el debate, no termine contaminado, desfigurado o, peor aún, convertido en una colcha de retazos incoherente y peligrosa para la institucionalidad. La ciudadanía exige una justicia pronta y eficaz que no sólo devuelva la confianza en los operadores judiciales sino que evite, como lo reveló esta semana la Defensoría del Pueblo, que la ‘tutelitis’ continúe siendo la única alternativa de las personas para obtener una respuesta eficiente a sus pleitos. Prueba de ello son los 620 mil recursos de amparo interpuestos el año pasado. Incluso, otro informe de la Contraloría General de esta semana también advirtió que de cada 100 procesos que estaban en los despachos el año pasado, la mitad quedaron pendientes de trámite y resolución de fondo.
El Gobierno, que respaldó el proyecto que presentará el Ministerio Público, también anunció varios relacionados con ajustes judiciales puntuales, fiel a su estrategia de no presentar una gran reforma estructural, sino de aplicar una táctica de iniciativas a ‘cuentagotas’. Ahora apuesta a una ley reglamentaria de la cadena perpetua, la creación de la jurisdicción agraria, un nuevo Estatuto de Conciliación, fortalecimiento de las Comisarías de Familia, refuerzo a la Comisión de Moralización Pública y ajustes al Código Electoral. A lo anterior se suman algunos proyectos radicados o anunciados por los parlamentarios, varios de ellos relacionados con nuevos tipos o agravamientos penales…
Como se dijo al comienzo, si bien es cierto que la reforma judicial es una deuda pendiente con los colombianos hace muchos años, debe evitarse que el alud de iniciativas termine convirtiendo este intento de esfuerzo normativo en una torre de babel que, además, agrave la ya de por sí traumática funcionalidad de la rama. Gobierno, Congreso, entes de control y altas cortes deben tener todas las alarmas pendidas.