LA ESTRATEGIA que está implementando el gobierno para impulsar un segundo proyecto de reforma a la salud no arrancó con pie derecho. Por el contrario, apunta a repetir los mismos errores que llevaron al hundimiento de la primera iniciativa en la Comisión Séptima del Senado tres semanas atrás.

Si bien es cierto que sorprendió el hecho de que en menos de cien horas de reunión hubiera alcanzado un acuerdo con los gremios que llevan la vocería de la mayoría de las EPS del régimen subsidiado y contributivo, confeccionando un articulado recortado frente al primer proyecto, en donde las aseguradoras aceptan convertirse en gestoras y renunciar a la intermediación financiera del sistema, ese paso adelante del ministerio de salud pronto empezó a complicarse.

Haga clic aquí para seguirnos en WhatsApp

Por un lado, porque los demás actores del esquema de aseguramiento y atención médica a todos los colombianos de inmediato advirtieron que el mencionado acuerdo entre el gobierno y EPS era inconsulto y excluyente, ya que no se convocó a esas mesas al resto de los actores: Red prestacional de servicio (Clínicas y hospitales públicos y privados), agremiaciones del talento en salud (médicos, enfermeras, especialistas y demás profesionales del sector), asociaciones de pacientes y usuarios, industria farmacéutica, proveedores de productos, bienes y servicios e incluso tampoco se tuvo en cuenta la opinión de gobernadores y alcaldes, entre otros.

Estas circunstancias, como era apenas obvio, llevó a que todos esos sectores advirtieran que este segundo proyecto de reforma estaba cayendo en el mismo error del primero, bajo la tesis de que no se puede considerar concertado el articulado si solo se discutió y pactó con el gremio de las EPS, dejando por fuera la opinión de las otras instancias que son igualmente importantes para un buen funcionamiento del sistema que se quiere crear.

Incluso estas semanas se han escuchado duras críticas a gremios como Acemi y Gestar Salud por parte de expertos que advierten que no resulta entendible porque las EPS aceptan ahora un cambio de modelo financiero, operativo, y estructural al que llevan más de un año oponiéndose y señalando que de ponerse en vigencia pondría en riesgo un esquema que ha sido funcional durante más de tres décadas, pero que, bajo la propuesta gubernamental, terminaría dando paso a un mecanismo altamente estatizado, anacrónico, con muchos riesgos de politización departamental y municipal y sin la garantía de sostenibilidad financiera, a corto, mediano y largo plazos.

También ha trascendido que, en realidad, varias de las principales EPS siguen teniendo fuertes reservas a la propuesta gubernamental, pero que, ante la racha de intervenciones por parte de la Superintendencia de salud, y el anuncio de investigaciones a fondo en torno al manejo de los recursos del sistema por parte de las entidades privadas, mixtas y públicas, finalmente se resignaron a quedarse apenas con una porción mínima del negocio y dejar que todo el riesgo financiero lo corra el estado.

Alerta temprana

Sin embargo, no solo las críticas al nuevo proyecto de reforma a la salud han venido de los actores que no fueron tenidos en cuenta en las reuniones entre gobierno y EPS, sino que en el congreso también ya se prendieron las alertas en torno a los alcances de esta nueva iniciativa que tiene apenas 50 artículos.

Los primeros en lanzar advertencias, fueron precisamente, el grupo de ocho senadores de los partidos independientes y de oposición cuyo voto fue determinante para que el primer proyecto de reforma a la salud se terminara hundiendo en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado el pasado 3 abril.

Congresistas como Honorio Henríquez, Nadia Blel, Lorena Ríos, Norma Hurtado, Miguel Ángel Pinto, Alirio Barrera, Berenice Bedoya, y José Alfredo Marín, le advirtieron al Gobierno que este proyecto no estaba cambiando en forma sustancial la iniciativa que ya se archivó. Por lo tanto, esos congresistas señalaron que si no hay ajustes de fondo en el recortado articulado que ahora se busca presentar es muy posible que también termine fracasando en el trámite parlamentario.

Los citados parlamentarios sostienen: “Consideramos que es un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que insiste en desconocer la voz de los pacientes y usuarios, del talento humano en salud, la academia y expertos en la materia, no es el camino que propusimos. La propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los estudios técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la Salud de los colombianos”.

Por otro lado, varios exministros de salud y expertos en este tema conceptuaron esta semana que revisada esta nueva propuesta continúa teniendo las mismas debilidades de la primera en materia estructural, de flujo, recursos, distribución, roles e incluso también en plantear un esquema disfuncional que podría afectar no solo la calidad, sino la cobertura de la atención médica de los colombianos.

Puntualmente, señalan que el modelo planteado para que la puerta de entrada al sistema sean los Centro de Atención Primaria (CAP), sigue evidenciando vacíos logísticos que podrían afectar o interrumpir incluso de forma grave el acceso de los usuarios a tratamientos de mediana y alta complejidad.

También, indican que no se están solucionando cuellos de botella como los escases de medicamentos, el aspecto salarial para especialistas en salud, el reajuste de Unidad de Pago por Capitación (UPC), tampoco se avanza en la clarificación y pago de las deudas billonarias que hoy existen entre EPS, clínicas y hospitales, proveedores farmacéuticos y otros. Otro elemento en donde se dice que no se están dando una solución real es en el de los “presupuestos máximos”, que se refieren a los gastos en que incurren las EPS por las atenciones médicas a sus afiliados que no están contempladas dentro de los planes estandarizados.

Incluso algunos expertos han manifestado que el recorte del articulado no se puede entender como una exclusión de aquellos temas que han generado mucha polémica a lo largo de últimos años tanto en el trámite por la Cámara como en la Comisión Séptima del Senado, sino que en realidad son unas consecuencias apenas natural y obvia de la decisión de estar implementado ya por decretos algunas de las medidas que ya estaban contempladas en ese primer proyecto, como las referidas a los giros directos a las IPS y otras normas más que están dentro del paquete de decretos que anunció el ministerio de salud hace tres semanas.

Riesgos fácticos

En tercer lugar, es evidente que la presentación de este nuevo proyecto de reforma se enfrenta a un panorama complicado, debido a que solo restan un poco más de 6 semanas para que termine esta segunda legislatura el próximo 20 de junio.

Aunque el ministro de salud Guillermo Jaramillo, y otros integrantes del gabinete no descartaron radicar la iniciativa la semana que termina hoy o la próxima, incluso con mensaje de urgencia a bordo, para agilizar su trámite (forzando la discusión conjunta en las comisiones séptimas de Senado y Cámara), el tema no es tan sencillo.

Por un lado, porque en la Comisión Séptima de Cámara la prioridad del gobierno es acelerar el tercer debate al proyecto de reforma pensional que fue aprobado hace dos semanas por la plenaria del Senado. Si se llega a presentar la iniciativa de salud con mensaje de urgencia, entonces se bloquearía la discusión de la pensional que, a ciencia cierta, hoy por hoy es el proyecto que más adelantado tiene el gobierno y el que mayor probabilidad tiene de ser aprobado en esta legislatura.

Es más, frente a la prioridad de la pensional y un posible mensaje de urgencia para un nuevo proyecto en salud, queda claro que la reforma laboral ya no es prioridad para este primer semestre y quedaría para el segundo, pese aun a que se le considera complementario al ajuste del régimen de jubilación.

A todo lo anterior, hay que sumarle los riesgos derivados de un escenario político más adverso para el Gobierno por cuenta de la molestia de los liberales por el ‘conejo’ que les puso el éste al acuerdo al que habían llegado en la plenaria del Senado para un umbral de 2,3 salarios de cotización exclusiva para Colpensiones en la reforma pensional. Como se sabe un día después de la aprobación en segundo debate, Petro volvió a hablar de un umbral de cuatro salarios.

Al respecto, habría que adicionar si los congresistas harán algún eco a las multitudinarias marchas del pasado 21 de abril contra las reformas, cuyo efecto no pudo ser neutralizado por las movilizaciones de los trabajadores el pasado miércoles, primero de mayo, en donde algunos sindicatos no participaron por estar en desacuerdo con los proyectos laboral, pensional y de salud.

Finalmente, esta nueva discusión de la segunda reforma a la salud se espera, ya que el Gobierno instruyó a sus parlamentarios a retirar el recurso de apelación del hundimiento de la primera y se hará en medio de un escenario complicado por cuenta del nuevo escándalo de corrupción en la (Ungrd), alrededor de la compra de carrotanques para distribuir agua en La Guajira, que dejó en la mitad tanto a los presidentes del Senado como de la Cámara, y también amenaza con salpicar a varios ministros y parlamentarios más.