Cargos contra 12 exdirectivos de Bionergy formuló la Procuraduría General de la Nación (PGN). Las acusaciones son contra miembros de la Junta Directiva, gerentes y representantes legales de la compañía en el periodo 2012-2017.
Según el ministerio público, en la filial de Ecopetrol, se cometieron presuntas irregulares durante la construcción de la planta de etanol ‘El Alcaraván’, en Puerto López (Meta), que supuestamente podrían haber generado un detrimento patrimonial cercano a los $41.125 millones.
La medida cobija a los entonces miembros de la Junta Directiva Juan Carlos Roa Márquez, Gloria Inés Cortés Arango, Adriana García Molano, Juan Felipe Munera Yepes, Claudia Castellanos, Alexander Cadena Montezuma, Henry Echeverry Campuzano, Hans Moreno Muñoz y María Elena Velásquez Restrepo; así como a los exgerentes generales y exrepresentantes legales Aleck Santamaría De La Cruz, Rafael José Pitalagua Guerra y Rosa Catalina Santos Prada.
El ente de control cuestionó a los investigados la presunta omisión de solicitar la terminación o suspensión del contrato de suministro suscrito con Riopaila Castilla, a pesar de conocer el retraso en la ejecución de la planta de producción, ocasionando con ello el pago de las indemnizaciones por la reprogramación en la producción de caña de azúcar.
Los pagos
La Procuraduría también reprochó un posible detrimento patrimonial por valor de $2.235 millones en el caso de Aleck Santamaría De La Cruz, y de $611 millones por parte de Rafael José Pitalagua Guerra, generado, al parecer, por pagar cánones de arrendamiento de predios para la siembra de caña de azúcar que no estaban siendo cultivados por Bioenergy, ni habían sido arrendados a Riopaila Castilla.
En el caso de Santamaría De La Cruz y Rosa Catalina Santos Prada, la PGN reprochó un posible detrimento patrimonial por $2.393,6 millones que podría haber sido ocasionado por presuntamente celebrar y solicitar aprobación ante la Junta Directiva de dos contratos suscritos con la empresa Tipiel, para la corrección de diseños, complementación de la ingeniería y apoyo técnico en campo, pese a que esta misma firma había certificado el cumplimiento de la ingeniería de detalle de la obra.
Inconsistencias
El Ministerio Público también pidió explicación sobre posibles inconsistencias, por presuntamente haber autorizado un aumento salarial a los cargos de obrero de servicios generales y oficial civil, acordado por Santamaría De La Cruz, a pesar de existir un ofrecimiento económico para el otorgamiento del contrato de obra civil por parte del Consorcio Menegua, lo que se habría podido constituir en un detrimento para Bioenergy, por cerca de $4 millardos (miles de millones).
A este último, también se le cuestionaron presuntas irregularidades en el proceso de selección para contratar la obra civil, construcción y montaje electromecánico, instrumentación y prealistamiento de la planta, en el segundo semestre de 2014, donde finalmente fue escogido el Consorcio Menegua.
Las presuntas faltas de los investigados fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima, por desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento.
Los investigados podrían haber desconocido el Manual de Contratación de Bioenergy, que indicaba que debía propender por el buen funcionamiento de la empresa, los procesos contractuales, el presupuesto, la obtención de utilidades, entre otros.
Asimismo, indica la PGN, los investigados podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.
En plena capacidad de producción de etanol, la planta debía generar 35 MWH de energía, de los cuales 16 MWH abastecerían la operación del complejo agroindustrial y el restante, 19 MWH, irá a la red eléctrica nacional. En el primer año de desarrollo, la planta generó 3.000 MVH de energía, de los cuales se vendieron la Red Eléctrica Nacional 2.100 MVH.
- De interés: Bioenergy, más corrupción en Ecopetrol
La energía se obtiene mediante la utilización de biomasa (caña de azúcar, residuos de cosecha, residuos de maderas, cascarilla de arroz, entre otras), la cual es convertida en energía a través de una caldera con los más altos estándares de remoción de partículas en suspensión, minimizando la emisión de gases efecto invernadero y cumpliendo con la legislación ambiental colombiana.