Concejales de Tuluá, Valle, interpusieron una acción de tutela contra la UNP para que le facilite esquemas de seguridad individuales, aseguran que la única respuesta que han recibido es la disposición de 3 vehículos para atender de manera colectiva a los 16 concejales.

Debido a constantes ataques a la integridad de funcionarios público de Tuluá, 16 concejales de la región optaron por interponer una acción de tutela a través de defensor del pueblo, Gerson Vergara, argumentando la ausencia de medidas de protección efectivas.

La acción legal se dirige hacia el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior (incluyendo a la Policía Nacional) y la Unidad Nacional de Protección. Se argumenta que, por no actuar o tomar medidas adecuadas, están infringiendo los derechos fundamentales.

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La solicitud es precedida por dos asesinatos de altos cargos, como el concejal electo Eliecid Ávila, el homicidio del concejal Carlos Arturo Londoño y la funcionaria de la alcaldía de Tuluá Clarivet Ocampo.

El defensor del pueblo aseguró que las medidas de seguridad proporcionadas son insuficientes o inexistentes dadas las condiciones en las que tienen que sesionar los concejales. “Por lo que tal proceder y/o omisión vulneran sus derechos fundamentales a la vida”.

Por otra parte, la  Gobernación del Valle del Cauca hacen un llamado a la Unidad Nacional de Protección, “a trabajar articuladamente para proteger la vida de estos servidores públicos amenazados y defender la institucionalidad”.