Por la supuesta adjudicación irregular en un contrato, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgerente de la empresa Bioenergy, Javier Leonardo Muñoz y a Ignacio Juan Revilla Fernández, exrepresentante legal de la empresa española Isolux Corsal.

"La investigación está relacionada con presunto interés indebido, que habría llevado a la adjudicación de un contrato a la empresa Isolux Corsan para la construcción de la planta de etanol en Puerto López (Meta)", aseguró el ente acusador. 

Añadió que Isolux Corsan no tenía la experiencia técnica para llevar a cabo la licitación que tenía un costo inicial de 138.6 millones de dólares. 

Cabe recordar que la Procuraduría había abierto una investigación que incluye, entre otras, las denuncias hechas en un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, sobre supuesta desviación en el presupuesto del proyecto y modificaciones al mismo, así como presuntos sobrecostos y la  funcionalidad de la planta de etanol de Bionergy, cuyo mayor accionista es Ecopetrol.

Para el proyecto se presentaron dos consorcios pero fue Isolux la que terminó con el contrato. Según el ente acusador la falta de conocimiento técnico de los procesos en la plata industrial de alcohol carburante llevo a que se generaran retrasos en las obras. 

El objeto del contrato era construir un gran complejo industrial en los Llanos Orientales, para producir etanol carburante a partir del bagazo de caña. Las empresas encargadas anunciaron que sería la planta más grande de biocombustibles que tendría el país. Además de la construcción de la planta industrial, el proyecto contempló la siembra totalmente mecanizada de 14.400 hectáreas de caña de azúcar. Es decir, se trataba de un proyecto agroindustrial con alta tecnología.