La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por la suma de $12.243 millones contra dos directivos en su momento de Bionergy S.A., empresa filial de Ecopetrol actualmente en trámite de liquidación, y la firma Tipiel S.A, que suscribió contratos con Bionergy para realizar actividades que previamente habían dado como recibidas a satisfacción a Isolux, empresa a la que inicialmente se le contrató la construcción de la planta de etanol situada en Puerto López (Meta). 

De acuerdo con la Contraloría, la imputación recae sobre Aleck Remberto Santamaría, gerente general de Bioenergy y Rosa Catalina Santos la segunda su suplente.

El ambicioso proyecto terminó convertido en uno de los elefantes blancos y desastres financieros más grandes de que se tenga noticia en el país; y hoy la CGR adelanta procesos de responsabilidad fiscal por una suma total que bien puede acercarse al billón de pesos, recursos públicos que buscar resarcir. 

Esta decisión fue tomada por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 6 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, mediante Auto Nº 0549 del 16 de julio de 2020. 
Señala el ente de control que Bioenergy justificó la suscripción de los contratos con Tipiel argumentando que esta empresa la había acompañado en el proceso de Interventoría del Contrato 0050-10 suscrito con Isolux, que se dio a través del contrato No. ZF No. 0010-12 y que, en el desarrollo de sus funciones de apoyo de la interventoría, evidenció inconsistencias en la ingeniería de detalle entregada por la empresa Isolux.

Sin embargo, según las actas y avances del contrato firmados, se evidenciaron pagos avalados por Tipiel por el 93,7% de avance de la ingeniería, es decir que la contratación se celebró. Para la Contraloría, no es de recibo que se diga que no se ejecutó por parte de Isolux el 93,70% de la Ingeniería, y que por esta razón debió nuevamente contratarse el mismo objeto, cuando previamente la misma firma Tipiel le había dado su aval con la aprobación de Bionergy, por lo que no se debieron invertir recursos en una labor que ya había sido certificada como cumplida.