“No cederemos un paso a la violencia, a la corrupción y a la impunidad. Contamos con más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores”, dijo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras haber sido aprobadas las preguntas sobre seguridad –algunas en economía, no pasaron– en el referéndum del 19 de abril.

Sólo superado por Haití y Honduras, hoy Ecuador es el país más violento de América Latina, con una tasa de homicidios de 46 por cada 100.000, una cifra impensable hace sólo cinco años, cuando era conocido por ser uno de los lugares más seguros de la región. La seguridad, a diferencia de sus vecinos Colombia y Perú, ha sido un tema marginal y lejano en el país, hasta que el reacomodo de la cadena de distribución de la cocaína cambió todo y puso sobre la mesa la necesidad de reenfocar la estrategia de seguridad ecuatoriana.

La política de seguridad de Noboa cuenta desde ahora con un paquete de medidas aprobadas en el referéndum que para algunos son la puerta de entrada a la militarización total del Ecuador y para otros resultan el camino natural para recuperar el orden y la seguridad en un país que ha perdido el monopolio de la fuerza frente a grupos criminales asociados a estructuras del crimen organizado que vienen de México, Colombia, Perú y Albania.

Nuevas medidas

En sólo siete meses, Noboa le ha dado un giro al esquema de seguridad de Ecuador. Al comienzo de este año decretó el conflicto interno armado y con éste la posibilidad de que los militares pudiesen usar armadas letales contra los civiles en el marco de operaciones de seguridad que, por lo general, se suelen presentar en los cascos urbanos de Guayaquil o Salinas, donde se registran las mayores tasas de homicidios.

“Al considerarse un conflicto armado no internacional, las Fuerzas Armadas tienen la facultad de usar armamento letal y eso es un cambio en las reglas de enfrentamiento”, dijo, en su momento, Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La naturaleza del conflicto ecuatoriano es de carácter urbano y se concentra en el litoral Pacífico, donde las tasas de criminalidad son muy altas en contraste con Ambato o Cuenca, en la sierra, dos ciudades con poca violencia.

Para dotar a las fuerzas militares de nuevas herramientas, Noboa ha conseguido que los ciudadanos avalen nueve medidas que van desde la creación de tribunales constitucionales especiales para acelerar los procesamientos y nuevos procedimientos de extradición, hasta las disposiciones para ampliar la presencia del ejército en las patrullas policiales, nuevas regulaciones en torno a las prisiones y sentencias más largas para delitos relacionados con asesinato, tráfico de drogas y armas, así como secuestro.

Una de las medidas más importantes en este paquete ha sido la aprobación de la extradición, que busca disuadir a los criminales ante la posibilidad de ser entregados a los Estados Unidos, como ocurre en países como México y Colombia. La extradición, sin embargo, puede generar el efecto contrario y escalar el nivel de violencia ante el interés de los criminales de que se deroga esta ley.

Aprobadas estas medidas, que esperan ser votadas por el Congreso en 45 días, la política de seguridad de Noboa en principio parece integral y apunta a enfrentar el crimen organizado desde la transformación institucional de la justicia y la ampliación de nuevas facultades extraordinarias para las fuerzas armadas ecuatorianas en la lucha contra esas estructuras.

De este modo, el presidente de Ecuador, con la declaratoria del conflicto interno armado y las nueve medidas del referéndum, parte de una base jurídica y política refrendada por los ecuatorianos y ampliamente discutida, en contraste con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien ha  implementado una exitosa política de seguridad en su país que no deja de ser criticada desde diferentes ángulos por su excesiva militarización y la falta de aliados internacionales, así como las recurrentes violaciones a los derechos humanos.

La distancia entre Bukele y Noboa también puede verse frente a su relación con Estados Unidos. Mientras que el primero no ha sabido vender su exitosa política de seguridad en Washington, el segundo ha sido capaz de alinear al gobierno de Joe Biden con su plan de seguridad, que recientemente ha reabierto la base militar norteamericana en Manta, Ecuador.

Según “El Universo” de Guayaquil, el presidente ecuatoriano apuesta a mantener 15.000 soldados desplegados en todo Ecuador, que le cuestan aproximadamente mil millones de dólares sólo este año. Para financiar esta guerra con el crimen organizado y cumplir los pagos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Noboa ya ha aprobado una reforma tributaria que no ha afectado el apoyo de los ecuatorianos que votaron positivamente el referéndum del 19 de abril.

Críticas

“Al pulir las credenciales de ‘mano dura contra el crimen’ del gobierno interino, corren el riesgo de militarizar la aplicación de la ley, abrumar prisiones superpobladas, fragmentar las dos docenas de grupos criminales del país e ignorar los desafíos subyacentes que están alimentando la inseguridad en primer lugar”, dice Robert Mugah, analista de seguridad del Instituto Igarape de Brasil y quien lleva muchos años estudiando la violencia en la región.

Para expertos como Mugah, la estrategia de seguridad de Noboa podría caer en la tentación de enfocarse sólo en la parte militar, dejando de lado temas estructurales –o desafíos subyacentes–, como la pobreza, el desempleo juvenil, la deserción escolar y los valores culturales. No sólo este viejo debate entre causas objetivas y militarización está presente. Detrás de las nuevas medidas aprobadas también existe el riesgo de la inexperiencia de las fuerzas armadas, que ahora tienen nuevas facultades que anteriormente recaían en la Policía.

Enfocado en derrotar el crimen organizado, Daniel Noboa ha logrado transformar las leyes ecuatorianas, decretar el conflicto interno armado y financiar una lucha muy costosa que requiere de aliados. El riesgo está en que este exitoso comienzo derive en la militarización absoluta de Ecuador y ésta no termine resolviendo la oleada de violencia que azota al país.

*Analista y consultor. MPhil en Universidad de Oxford.