En los altos círculos gubernamentales colombianos es alta la expectativa sobre los posibles relevos de los dos altos funcionarios de Estados Unidos que más relación directa tienen con la Casa de Nariño y otras autoridades locales. Se trata del embajador en Bogotá, Kevin Whitaker, de quien se dice que ya el Departamento de Estado le estaría buscando remplazo, luego de tres años en la misión diplomática en nuestro país, en donde ha mantenido un perfil público relativamente tranquilo y ajeno a protagonismos extremos, pero cuando decide hablar provoca mucho eco. Por ejemplo, fue el embajador uno de los primeros en advertir que en los listados de desmovilizados de las Farc se estaban colando presuntos narcotraficantes. Y también se recuerda su carta a la Sala Penal de la Corte Suprema por la negativa a la extradición a un guerrillero de las Farc.

Brownfield, un paso al costado

El otro alto funcionario clave en la relación con Colombia es el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield, quien anunció el retiro del cargo al cumplir ya los 65 años. Es, sin duda, uno de los diplomáticos de carrera de Estados Unidos más experimentados en temas latinoamericanos y particularmente uno de los más conocedores de la realidad colombiana, al punto que fue embajador en Bogotá y como Subsecretario de Estado antinarcóticos ha sido el encargado de llevar la voz cantante del nuevo énfasis y política de la administración de Donald Trump sobre la materia, precisamente en momentos en que en Colombia se disparó la extensión de los narcocultivos a casi 190 mil hectáreas y el potencial exportador de cocaína su puso por encima de los 800 kilos.

¿Quiénes los reemplazarán?

Nadie lo sabe, lo único cierto es que en altos círculos del gobierno Santos se prevé que el nuevo embajador y el nuevo Subsecretario, cuyo proceso de designación gubernamental y luego la confirmación por el Congreso estadounidense puede tardar meses, más aun faltando menos de 100 días para terminar este año, sí serán absolutamente de la línea dura de Trump en materia antidroga, ya que tanto Whitaker como Brownfield vienen del gobierno Obama, que era mucho más flexible en esta materia.

Conservadores acumulan negativas

Todo hace indicar que la posibilidad de que el partido Conservador tenga candidato presidencial fuerte para los comicios del próximo año está muy embolatada. En los corrillos políticos se asegura que ninguno de los precandidatos a los que la colectividad les ha pedido que repiensen su negativa a postularse a nombre de las toldas azules, ha respondido afirmativamente. En las campañas de Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y Juan Carlos Pinzón las recolecciones de firmas para sustentar sus candidaturas siguen adelante  sin ninguna novedad. Hoy los únicos dos nombres que siguen oficialmente inscritos son los del exgobernador Ubeimar Delgado y el exministro Rubén Darío Lizarralde. Para varios congresistas sería un suicidio electoral someter esos dos nombres en una consulta interna en noviembre próximo.

Plan A y plan B en revocatoria

Faltando tres meses y una semana para que termine este año los promotores de la revocatoria de mandato a Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, ya están analizando si conviene que dicha citación a las urnas se haga en 2017 o lo mejor sería esperar al próximo año. Según una alta fuente del comité promotor, las estrategia de la defensa de Peñalosa para dilatar la viabilización de la consulta, poniendo en duda desde la financiación el proceso hasta la validez de las firmas, estaría enfocada, de un lado, a ‘tumbar’ el proceso o,  como plan B, que si la revocatoria se mantiene viva se vote en diciembre o en enero, cuando la gente suele estar distraída en vacaciones y otros asuntos propios de la época, y no le presta demasiada atención a los asuntos políticos. Según la fuente consultada esto levaría a que el volumen de votación sea sustancialmente menor y, por lo tanto, la posibilidad de alcanzar el umbral para forzar la salida del Alcalde disminuya sustancialmente.

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