El manejo que le den al debate los presidentes de Cámara y Senado será determinante para el futuro de los peros presidenciales

El debate sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) está servido, y los comensales listos en la mesa.

Solo falta que las mesas directivas de Cámara y Senado den el inicio formal a la sesión para que arranque una de las pruebas más duras de Iván Duque en el Congreso. 

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Pero el Gobierno no la tiene, para nada, fácil, pues ya el Legislativo ha dado muestras de que no siempre está dispuesto a girarle al Ejecutivo un cheque, y menos en un modelo como el actual donde no hay ‘mermelada’.

Así pasó con varias iniciativas del paquete anticorrupción, con la reforma a la justica, con algunos temas de la reforma política, con la Ley de Financiamiento, y apenas la semana pasada con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que fue aprobado en Comisiones pero con un esfuerzo monumental para hacer las mayorías.

De hecho, hasta el momento se sabe que solo dos de los partidos más grandes respaldan las objeciones presidenciales: el Partido Conservador y el Centro Democrático. A ellos se suman el MIRA y Colombia Justa Libres, y un ‘disidente’ de la Lista de la Decencia.

En contra de las objeciones, al menos por decisión  de bancada, están los partidos Liberal, Alianza Verde, Polo Democrático, Farc y Lista de la Decencia.

Ahora, habría que esperar las ‘disidencias’, pues se sabe que aunque La U decidió por bancada no apoyar las objeciones, algunos de sus miembros respaldarían al Gobierno.

Y Cambio Radical, el otro gran elector, tomará una decisión apenas el jueves, pero a juzgar por lo que pasó con el Plan Nacional de Desarrollo que supuestamente no sería respaldado por Cambio Radica, fueron sus votos los que terminaron salvando al Gobierno.

Antes de tomar una decisión de bancada, el partido liderado por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras escuchará primero al Fiscal General de la Nación y a las presidentas de la Corte Constitucional, la JEP y la Sala Penal de la Corte Suprema; al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y a las ministras del Interior y de Justicia.

Los jefes de debate

Todavía está pendiente que las mesas directivas de Cámara y Senado definan las reglas del debate sobre las objeciones, pues el tema tiene que ser abordado de forma simultánea pero de manera independiente en cada corporación.

Hasta el momento solo se conoce quiénes integran las comisiones accidentales, en cada caso, cuyos integrantes tendrán que presentar un informe de ponencia para ser estudiado y votado por las plenarias de Senado y Cámara.

En Senado, la comisión accidental la integran: Paloma Valencia (Centro Democrático) José David Name (La U), Antonio José Zabaraín (Cambio Radical), Julián Bedoya (Partido Liberal), David Barguil (Partido Conservador), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres), Jonathan Tamayo (Alianza Social Independiente, ASI), Iván Marulanda (Alianza Verde) y Jesús Alberto Castilla (Polo Democrático).

En Cámara: Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Juanita Goebertus (Alianza Verde), Carlos Ardila (Partido Liberal), Jaime Felipe Lozada (Partido Conservador), José Daniel López (Cambio Radical), David Racero (Lista de la Decencia) y John Jairo Cárdenas (La U).

Preliminarmente se ha dicho que las objeciones tienen mejor ambiente de ser aprobadas en Senado que en Cámara, pero como en política lo único cierto es lo que ya pasó, cualquier cosa podría suceder.

También habrá que esperar la intervención de los dos grandes ‘jefes de debate’ de las objeciones que, sin duda, serán invitados a las discusiones: el Fiscal General de la Nación, que está alineado con el Gobierno y ha formulado serios reparos a la JEP, y el Procurador General de la Nación, que defiende a ultranza la Justicia Transicional.

Los demás observadores: comunidad internacional, academia, ONG, asociaciones de víctimas, etc. no tendrían participación en el debate, a menos que sean invitados por las mesas directivas.

Obviamente en este punto será determinante el manejo que los presidentes de Cámara y Senado le den al debate de las objeciones, de acuerdo con las competencias que les da la Ley Quinta de 1991, Reglamento Interno del Congreso.

La ‘espada’ de la Corte

Sin duda, la decisión de la Corte Constitucional de declararse inhibida de pronunciarse sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP mientras el Congreso no las estudie, pesará mucho no solo en la discusión sino en la suerte final del texto. 

La Corte dijo que cualquier modificación –adición, supresión o cambio– al proyecto de norma ya revisada jurídicamente, tendrá que regresar a la corporación para un nuevo examen de constitucionalidad.

Es más, así el Congreso decida archivar todo el articulado, esta decisión tiene que regresar a la Corte, siendo el rechazo a las seis objeciones el único escenario en que tal eventualidad no suceda sino que la estatutaria pase directamente a la Presidencia de la República para su sanción.

Es decir, que del manejo que les den al debate el presidente de la Cámara, el liberal Alejandro Carlos Chacón; y del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, dependerá el rumbo que puedan tener estas objeciones en un escenario tan polarizado como el actual, con Plan de Desarrollo como prioridad del Ejecutivo, con una legislatura de apenas tres meses y sobre todo, con un plazo perentorio -20 de junio- para pronunciarse sobre los reparos del Presidente a la JEP.

El único proyecto que no tendrá que correr contra el tiempo es el proyecto de acto legislativo que anunció el Gobierno para modificar tres aspectos de la Ley Estatutaria de la Justicia Transicional: la conexión de los delitos sexuales contra niños y el conflicto armado; la pérdida de beneficios por reincidencia en delitos cobijados por la JEP, y la potestad de la Fiscalía de investigar los nuevos delitos cometidos después del 01 de diciembre de 2016.

Así las cosas, con un ambiente enrarecido por el clima electoral, la marcha inexorable del reloj y el ojo avizor de la Corte Constitucional, hoy comienza la otra gran prueba de fuego del presidente Duque ante un Congreso que no le ha sido del todo amigable.