Iván Ramírez fue puesto en libertad por el juez 47 de control de garantías al afirmar que el joven fue capturado irregularmente.
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A las 8 personas capturadas por el atentado al centro comercial Andino de Bogotá, la Fiscalía les imputará hoy 6 delitos, concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Esta situación está prevista para hoy.
Solo uno se salvó de esa imputación: Iván Ramírez, identificado por los investigadores con el alias de El Talibán. A Ramírez la jueza le declaró ilegal su captura tras concluir que la Fiscalía no contaba con el material probatorio suficiente para vincularlo con el resto de capturados y menos con el grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP.
A los otros ocho capturados, cuatro hombres y cuatro mujeres, les legalizaron las capturas y fueron trasladados a la sede de la Sijin en la calle sexta con avenida Caracas en el pleno centro de Bogotá.
Este martes la jueza 47 de control de garantías también tendrá que definir si acepta la solicitud de la Fiscalía de enviar a los capturados de forma permanente a una cárcel mientras avanza el proceso.
A Iván Ramírez, alias ‘El Talibán’, la Fiscalía y la Policía lo encontraron en la localidad de Usme en el sur de Bogotá cuando los investigadores llegaron a hacer un allanamiento. Sobre él pesa un pendiente judicial por el delito de hurto, al parecer nada que ver con los atentados.
A esta persona, según fuentes cercanas al proceso, pensaban imputarle el delito de concierto para delinquir, "solo porque se quiso tragar una USB con información, supuestamente de los atentados".
La Fiscalía, aparentemente, reconoció que Ramírez poco tenía que ver con el resto de capturados, por tanto no insistió en su detención y la jueza ordenó su libertad.
La audiencia de control de garantías, que avanza en contra de los sospechosos de participar en el atentado, fue suspendida ayer. La Fiscalía se mantiene firme en su intención de imputarles cargos, lo que podría suceder hoy cuando se reinicie la audiencia.
Tanto el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el director de la Policía, general Jorge Nieto, dicen tener serios indicios sobre la presunta participación de los detenidos en el atentado y por esta razón espera imputarles cargos por concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agravado.
Por su parte, los abogados de los procesados han cuestionado todos los indicios de las autoridades y han señalado que en todo este procedimiento se han registrado serias inconsistencias, especialmente en los allanamientos y en las capturas.
Hasta ayer, lo único que había logrado la Fiscalía era legalizar los allanamientos y las capturas de ocho indiciados.
Casi al mediodía, una de las detenidas envió un comunicado que fue leído por uno de sus familiares, en el que indicó que, debido a la presión mediática y política, el saldo de las audiencias culminadas no es favorable para los indiciados. “Aunque nuestra defensa ha reclamado la no violación de nuestros derechos, las irregularidades en el campo judicial han sido muchas. Legalizaron allanamientos con errores procedimentales y sustantivos, y legalizaron todas las capturas fuera de tiempo”, expresó Alejandra Méndez.
Tras la suspensión de la diligencia, a los ocho detenidos los enviaron a la URI de Puente Aranda.
El jefe del ente investigador aseguró que los capturados pertenecerían a un grupo subversivo conocido como Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Familiares y amigos de los detenidos, quienes se acercaron a los juzgados de Paloquemao, han manifestado que todo se trata de un montaje judicial.
En los allanamientos hechos el hoy por las autoridades en algunas de las viviendas de los detenidos encontró material de la organización a la que se le atribuye el atentado y la sustancia química del explosivo encontrado en el centro comercial: nitrato de amonio. La Fiscalía también encontró una cédula falsa de uno de los retenidos y un arma de fuego.
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