* La urgencia del gobierno ecuatoriano
* Reto penitenciario que no se puede dilatar
Desde el comienzo de la cruzada contra el narcotráfico y sus aparatos de violencia en Ecuador era claro que habría consecuencias para Colombia, ya que no solo se comparte una extensa y muy activa frontera, sino que los flagelos criminales que azotan a ambos países son similares, sobre todo en lo relativo al narcotráfico.
De allí que en estas últimas semanas ya Colombia aumentó los controles migratorios en la zona limítrofe al tiempo que redobló el pie de fuerza militar y policial en toda el área para evitar que grupos armados ilegales, carteles del narcotráfico y delincuencia común que opera en la vecina nación trate de ingresar a la nuestra para escapar del asedio de las Fuerzas Militares ecuatorianas.
También resulta claro que los canales de interacción de las autoridades de ambos países han llevado a que en Colombia se esté rastreando si el fugado alias ‘Fito’, el cabecilla de una de las principales bandas criminales ecuatorianas y pieza clave en el pico de violencia del último mes, pudo haber ingresado a territorio nacional. En forma paralela, comandos especiales ecuatorianos capturaron y deportaron a nuestra nación a un reconocido mando medio de las disidencias de las Farc.
Por otra parte, al amparo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), los dos países también entraron a hacer parte días atrás de la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas trasnacionales.
Sin embargo, hay otros temas en los que la coordinación binacional asoma más complicada. Por ejemplo, el gobierno de Daniel Noboa ordenó a su organismo penitenciario tramitar de forma expedida la repatriación de más de 3.200 presos extranjeros. Esta medida hace parte del plan de recuperación del control de las cárceles que no solo han sido escenarios de múltiples motines y masacres en el último año, sino que terminaron convertidas en sede de operaciones de las principales bandas criminales de alto espectro y que están al servicio de los carteles del narcotráfico, las mafias locales e internacionales (principalmente mexicanas y albanesas) así como redes de extorsión, contrabando y minería ilícita.
Esa decisión impacta a Colombia puesto que de la población reclusa extranjera en Ecuador, no menos de 1.500 son de nuestro país. Están procesados por narcotráfico, homicidio o robo, pero también por magnicidios, como el ocurrido en agosto pasado cuando sicarios de nuestro país asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio, que marchaba segundo en las encuestas.
La repatriación masiva y en corto tiempo de esa cantidad de condenados es un tema muy complicado. El gobierno Noboa insiste en que la deportación sea casi que automática, incluso llevando a los reclusos hasta la frontera y advirtiéndoles que nunca más podrán regresar a Ecuador. A su turno, las autoridades colombianas replican que, según el tratado binacional de repatriación vigente desde 1990, debe estudiarse caso por caso. Es más, hay condicionamientos referidos a cuánto tiempo de condena cumplida debe tener cada privado de la libertad o incluso si está dispuesto a ser devuelto a su tierra natal.
No es un asunto fácil. Por el contrario, ingresar 1.500 internos a las prisiones colombianas plantea un reto de infraestructura, logística penitenciaria y presupuesto, sobre todo en momentos en que el hacinamiento carcelario es del 25%, ya que los cupos son para un poco menos de 82 mil reclusos, pero hay más de 102 mil tras las rejas.
Hay que estudiar, entonces, caso por caso para establecer por cuáles delitos están procesados esos presos colombianos en Ecuador y el marco jurídico que sustentaría que pasaran a una prisión en nuestro país para terminar de pagar su condena. No puede haber libertades automáticas en grandes cantidades. Por igual tiene que evaluarse cuál sería el riesgo para la población civil de distintas zonas.
Visto todo lo anterior, queda claro que el proceso para repatriar 1.500 presos colombianos es muy complejo e implica retos del orden penitenciario, presupuestal y de administración de justicia. Se entiende la urgencia del gobierno Noboa por entregar a sus países de origen a tal cantidad de condenados, pero hay normatividades y mecanismos a cumplir que no se pueden obviar ni acelerar riesgosamente. Ojalá el gobierno Petro genere una estrategia eficiente para afrontar este problema y no obligue a su homólogo del sur a tomar medidas desesperadas de deportación masiva automática que solo pondrían en mayor peligro a una ciudadanía ya desesperada por los picos de inseguridad y desorden público.