* Justicia cooptada sigue bloqueando a Machado

* Abierta burla de la dictadura a gobierno Biden

“Soldado advertido…”. Desde el mismo momento en que, a mediados del año pasado, se empezó a discutir la posibilidad de flexibilizar las sanciones económicas, políticas y diplomáticas que pesaban sobre la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, a cambio de avanzar hacia una apertura democrática, la convocatoria de elecciones presidenciales libres y transparentes así como de cesar la persecución a la oposición, desde muchos sectores locales y externos se advirtió que el régimen chavista buscaría engañar a Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional.

No fueron pocas las alertas tempranas que se lanzaron pronosticando que la satrapía se mostraría inicialmente, cual ‘cordero manso’, dispuesta a ceder con el único fin de lograr que se le levantaran algunas de las sanciones y que, una vez esto ocurriera, entonces empezaría a dilatar todos los compromisos adquiridos en cuanto a una cita a las urnas con garantías para sus contradictores. Al final, terminaría dando un portazo definitivo a los acuerdos al respecto, pero ya para entonces no solo habría recibido un respiro económico bastante sustancial, sino que con esos recursos buscaría ‘aceitar’ su maquinaria política y represiva en todo el país, en busca de forzar unas elecciones acomodadas a sus intereses, sin rivales fuertes y en las que sus posibilidades de imponerse estuvieran prácticamente aseguradas…

Como si fuera un libreto al que todos debían acogerse, todo lo anterior terminó pasando. Con mediación de Estados Unidos, régimen y oposición volvieron a la mesa de negociaciones, esta vez en Barbados. Allí, el régimen se comprometió a crear las condiciones para convocar elecciones libres en el segundo semestre de este año, empezando por gestionar que la justicia revisara las inhabilitaciones políticas a los principales líderes de la oposición, especialmente sobre Juan Guaidó, María Corina Machado y Henrique Capriles. Inhabilitaciones originadas en fallos abiertamente espurios y politizados de la Contraloría General, un órgano que, como la mayoría de las instituciones venezolanas, está al servicio de la dictadura.

Tras ello, en octubre pasado el gobierno Biden, con la abierta oposición de los republicanos y no pocas advertencias de gobiernos latinoamericanos y europeos, decidió empezar a levantar las sanciones a la dictadura, sobre todo en lo relativo a permitir exportaciones de petróleo, gas y oro venezolanos. De igual manera, se descongelaron cuantiosos fondos del tesoro oficial en el exterior para ser invertidos en programas de inversión social a través de una agencia de la ONU. Incluso, la Casa Blanca terminó accediendo a un ‘canje de prisioneros’, en el marco del cual indultó y liberó al encarcelado empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado testaferro del régimen.

Conociendo los antecedentes de la satrapía, la oposición firmó el acuerdo de Barbados con mucha cautela y procedió a realizar sus elecciones presidenciales primarias el 22 de octubre, las mismas que el régimen trató de bloquear por muchos medios. La cita a las urnas resultó un hecho político de alto significado no solo por la votación masiva a favor de Machado en todo el país sino porque evidenció que los contradictores de la dictadura tenían el suficiente apoyo y poder de convocatoria para imponerse este año, en unas elecciones limpias y vigiladas internacionalmente, a Maduro y compañía.

Visto ello, la satrapía chavista empezó, como se había advertido, a ponerle trabas al acuerdo de Barbados, todo ello mientras empezaba a ingresar recursos a sus arcas. Primero, la Fiscalía y los jueces abrieron un proceso contra los organizadores de las primarias. De igual manera, comenzó una represión política y hostigamientos a las sedes de campaña de Machado y, en tercer lugar, la cúpula de la dictadura indicó que por más que se pudieran impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia las inhabilitaciones vigentes sobre Machado, Capriles, Guaidó y otros líderes de la oposición, la posibilidad de tumbar esas decisiones era muy lejana. Ese campanazo hizo saltar las alarmas a nivel internacional, sabido por todo el mundo que Maduro tiene injerencia directa en las decisiones de esa alta corte.

Al final, ayer se conoció finalmente el fallo ¿El sentido? El que muchos habían alertado: se ratificó la sanción política espuria a Machado, lo que, según la dictadura, le cierra cualquier posibilidad de competir en los próximos comicios presidenciales en donde es claro que tiene cómo ganarle a Maduro en una contienda transparente.

¿Qué harán ahora Estados Unidos y la comunidad internacional al ser evidente que cayeron en la advertida trampa chavista? ¿Se reinstalarán las sanciones económicas y políticas? ¿Se podrá reversar el respiro económico, gratuito y claramente injustificado, que se le dio al régimen por varios meses? ¿Aceptará la Casa Blanca unos comicios en donde no esté Machado y el régimen busque imponer un rival débil e incluso ficticio para tratar de darle algún indicio de legitimidad a unos comicios viciados y desequilibrados?...

Habrá que derivar lecciones de lo ocurrido en los últimos meses con la dictadura venezolana. Negar que esta se fortaleció y fondeó de octubre a hoy, es muy ingenuo. Se cayó de frente en un engaño que no pocos alertaron con suficiente antelación.