En el mundo de la filosofía política universal se han reconocido dos principales razones para defender el porte personal de armas. La primera, por razones casi que éticas de defensa personal. Para esa postura de lo que se trata es de desarrollar, más que un derecho, un instinto natural: la legítima defensa. Las armas, dicen sus defensores, son la manera de hacer efectivo ese instinto que, en tanto tal, no puede ser limitado por el poder político del Estado. Esta idea tuvo, además, gran apogeo en épocas de colonización territorial, como era de esperarse.

La segunda, entendió que era la manera, -en épocas de las conformaciones de los Estados Nacionales modernos y como respuesta a las manipulaciones de los poderes absolutos premodernos-, de mantener el poder popular. De esa forma se advertía a los gobernantes que si abusaban de su poder, el pueblo o, mejor, la gente, se armaba, se organizaba y se oponía efectivamente a los abusos del poder gubernamental.

Ambos argumentos, en su momento, tenían, digámoslo así, cierta legitimidad argumentativa. Las circunstancias de la época así lo hacían ver y de ese modo lo legitimaban.

Pero de eso ya hace más de 200 años. Esos argumentos hoy son insuficientes y no han encontrado razonamiento que lo sustituya. En efecto, el poder militar y bélico de los Estado contemporáneos, su alcance y tecnología, amén de su costo y vastedad son tan infinitamente superiores que el argumento del levantamiento armado en caso de tiranía se cae de su peso. Es imposible, en suma, hacerle frente a semejante poder mediante el porte personal de armas. Además, se duda mucho de la efectividad de organización social, lo que parece más un movimiento disolvente y terrorista que uno legitimador y justiciero.

Lo segundo, es que la insuficiencia e ineficacia del Estado para conservar y hacer valer el uso legítimo de las armas con el propósito, a su turno, de preservar la vida, honra y bienes de los asociados. Esa teoría no justifica el porte personal por cuanto las problemáticas de la implementación de los servicios públicos no pueden habilitar la sustitución del Estado por las acciones individuales.

Igualmente, porque ello sería tanto como desconocer las bondades mínimas de la delegación implícita de poder al momento de organizarnos como Estados nacionales y, como no, implicaría que, de alguna manera, se autoriza la manera de prevalecer a unos sobre otros, so pretexto de la ineficacia gubernamental.

Si a ello le sumamos la evidencia empírica que demuestra que entre menos armas circulantes mejor y que a pesar de la guerra que padecemos la manera de solucionarla no es individualmente sino orgánicamente a través del Estado, tendremos que concluir que el porte personal de armas es tanto ilegítimo como inconveniente.

@rpombocajiao