LAS INVESTIGACIONES por la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo en 2022, dieron ayer el paso más definitivo desde que iniciaron las pesquisas.
Dos magistrados del Concejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron una ponencia en la que piden abrir una investigación y formular cargos a Gustavo Petro, en calidad de candidato presidencial; Ricardo Roa barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; al movimiento político Colombia Humana y el partido político Unión Patriótica, por presunta violación de topes y dudoso origen de algunos recursos.
Según la ponencia (ver recuadro), la campaña habría incurrido en anomalías como presunta vulneración de los topes de gastos; presunta financiación prohibida en la campaña presidencial de primera y segunda vuelta; financiación con fuentes prohibidas y otros delitos.
Como se sabe las investigaciones sobre las financiaciones irregulares de campaña del presidente están en varios francos. Por un lado, la Comisión de Acusaciones ya tiene un proceso en contra de Petro por una presunta financiación ilegal de su campaña en el año 2022, hecho que, en primera instancia, habría revelado el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en audios que fueron filtrados por la prensa.
A través de un comunicado, la Comisión señaló que se “decretaron pruebas con el propósito de esclarecer los hechos”. También fueron determinantes las declaraciones de Nicolás Petro Burgos, hijo del jefe de Estado, en las que señalaba que el hoy presidente sí sabía sobre el ingreso de dinero de dudosa procedencia a su campaña presidencial.
Por otro lado, la Procuraduría investiga los presuntos ingresos a la campaña ‘Petro Presidente 2022’ por parte de la Unión Sindical Obrera (USO). Margarita Cabello, procuradora, destacó que el proceso indagatorio ha sido abierto, con la intención de recopilar toda la información necesaria para tomar las decisiones a las que haya lugar. “Nosotros tenemos abierta la investigación por los dineros involucrados en la campaña presidencial”.
A ello se suma, que la Fiscalía reveló que adelanta seis investigaciones por el escándalo de la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, entre los indagados están la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
Hernando Barreto, fiscal delegado ante la Corte Suprema, mencionó que los procesos se encuentran en la etapa de indagación en donde se reunirán las pruebas para esclarecer las denuncias.
“En la Fiscalía en la unidad delegada hay seis actuaciones vinculadas con el tema de financiación de campañas están en la primera y la sexta y se van a continuar conforme han avanzado no podemos anticipar el estado en el que se encuentra, pero se va a continuar con las indagaciones”, dijo Barreto.
¿Qué viene ahora?
Durante unos días el CNE viene estudiando la ponencia; sin embargo, no han podido tomar una decisión debido a que no ha alcanzado la mayoría de votos exigida (seis votos), pues tras la suspensión del Altus Baquero, solo quedan 8 magistrados.
¿Cómo están las fuerzas?
El Consejo Nacional Electoral está compuesto por nueve magistrados, quienes son elegidos por el Congreso de la República, para un periodo de cuatro (4) años, los cuales son presentados por ternas que presentan cada partido.
En agosto del 2022 fueron elegidos Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez del Pacto Histórico; Cristian Ricardo Quiroz, de Alianza Verde; Alfonso Campo, Partido Conservador; César Lorduy, Cambio Radical; Maritza Martínez, Partido de la U; Benjamín Ortiz, Partido Liberal y, Álvaro Hernán Prada Centro Democrático.
Actualmente, el CNE está compuesto solo por ocho magistrados, porque desde mayo del 2023 fue suspendido Altus Alejandro Baquero del Partido Liberal, porque no acreditó el requisito de experiencia que exige la norma constitucional. “La Alta Corte indicó que por aplicarse a los magistrados del CNE las mismas calidades exigidas a los magistrados de altas cortes (artículo 264 de la Constitución Política), la experiencia de 15 años se debe contabilizar a partir de la obtención del título de abogado, sin que sea predicable la concurrencia de experiencia para su cómputo”.
Así las cosas, se considera que, quienes estarían a favor de votar positivamente a la ponencia serían: Alfonso Campo, César Lorduy, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, mientras que, se piensa que apoyarían a Petro, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Cristian Ricardo Quiroz. Sin embargo, en vista de que cinco no harían la mayoría de votar, sería necesario acudir a los conjueces −cada partido presentó a dos, salvo liberales y Pacto Histórico que tienen a cuatro nominados−.
Los 17 conjueces son María Andrea Calero Tafur, Alejandro Felipe Sánchez Cerón, Javier Ignacio Castro Monsalve, Ronald Javier Vásquez García, Alberto Rojas Ríos, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Alberto Yepes Barreiro, Jorge Iván Acuña Arrieta, Jaime Andrés López Gutiérrez, Libia Milena Ayala Romero, Fernando Guzmán Rodríguez, Jorge Enrique Sánchez Medina, Jesús María Carrillo Ballesteros, Julio Alexander Mora Mayorga, Jaime Hernando Suárez Bayona, Marco Fidel Rodríguez Solano, Majer Nayi Abushihab.
La defensa del presidente Petro ha insistido en que el proceso debe pasar de inmediato a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara; no obstante, expertos recordaron que no necesariamente tiene que ser así, pues anteriormente el CNE investigó a los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos.
Así las cosas, se espera que en dos semanas se tomé la decisión sobre el futuro de la Administración del presidente Gustavo Petro.
Ponencia radicada ante el CNE
“Solicitamos iniciar investigación de manera inmediata sobre las cuentas, informes, reportes, movimientos contables y movimientos de las cuentas de las campañas políticas 2022- primera vuelta y segunda vuelta del Pacto Histórico”, dice el documento.
Posteriormente, añade abrir una investigación y formular cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de candidato presidencial; Ricardo Roa barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; el movimiento político Colombia Humana y el partido político Unión Patriótica.
En el artículo primero de la ponencia el CNE solicita abrir investigación y formular cargos en contra de los ciudadanos Ricardo Roa Barragán en su calidad de gerente; Gustavo Francisco Petro Urrego, identificado en su calidad de candidato a la Presidencia de la República; Maria Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez en calidad de auditores de la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico, por la presunta vulneración de los topes de gastos a invertir en la campaña de primera vuelta por la suma de $3 709 361 344; el segundo proceso está relacionado con una investigación y formulación de cargos a los anteriormente mencionados por la presunta financiación prohibida en la campaña presidencial de primera vuelta por parte de Fecode, Ingenial Media S.A.S. y/o Matrix Giros y Servicios S.A.S, Unión Sindical Obrera (USO).
Por otro lado, los funcionarios deberían responder por la presunta vulneración de los topes de gastos a invertir en la campaña de segunda vuelta por la suma de $1 646 386 773. Con relación a lo anterior, se suma la investigación por la presunta financiación prohibida en la campaña presidencial de segunda vuelta por parte de Servi Red S.A.S, Ingenial Media S.A.S y/o Matrix Giros y Servicios S.A.S – su red y USO.
Asimismo, abrirán investigación y formulación de cargos en contra del movimiento político Colombia Humana, por presuntamente, tolerar la vulneración a los límites del monto de gastos en la suma de $3 709 361 344, así como también, permitir la financiación de la campaña presidencial, con fuentes de financiación prohibidas (Fecode, Ingenial Media S.A.S. y/o Matrix Giros y servicios S.A.S y, Unión Sindical Obrera. Sumado a lo anterior, el partido deberá responder por presuntamente, tolerar la vulneración a los topes o límites del monto de gastos en la suma $1 646 386 773.
Finalmente, el noveno artículo pide abrir investigación y formular cargos en contra de Colombia Humana por presuntamente permitir la financiación de la campaña presidencial con fuentes de financiación prohibidas tales como Servi red S.A.S., Ingenial Media S.A.S y/o Matrix Giros y Servicios S.A.S – su red y USO, así como también por incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento, y financiación de las organizaciones políticas.