Una verdadera bomba política estalló este martes en el Senado de la República al denunciar el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, un complot para desestabilizar al ente acusador en sus investigaciones contra Odebrecht y las diferentes vertientes procesales que se han derivado del caso.
En principio, la opinión pública pensó que, por tercera vez, el Fiscal no asistiría al debate planteado por el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, en torno de las indagaciones que han estremecido a los colombianos y a América Latina, bajo la correa de transmisión de la corrupción implantada por la multinacional brasilera en diferentes países del continente.
Antes de la llegada del Fiscal, el mismo Senador citante realizó una extensa intervención en la que acusó a Martínez de múltiples anomalías y pidió su renuncia irrevocable, tras fundamentarse en varios apartes de informaciones publicadas por algunos medios de comunicación.
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Acto seguido tomó la palabra el senador Gustavo Petro. En su intervención intentó demostrar las diferentes instancias en que Odebrecht había accionado los mecanismos de las corruptelas.
En suma, tanto Robledo como Petro intentaron señalar que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez era la del “tapen, tapen”. Y dejaron en el ambiente la tesis de que no había ninguna garantía en las investigaciones de Odebrecht que, por lo demás, se referían a personajes de segundo nivel, pero no a los grandes conglomerados, en este caso el Grupo Aval, sobre todo por Corficolombiana, empresa minoritaria en el consorcio con la compañía brasileña para el contrato de construcción de la Ruta del Sol, tramo II.
La sorpresa fue mayúscula cuando Martínez, tal y como lo había anunciado EL NUEVO SIGLO antes de ayer, llegó al debate en momentos en que todo el hemiciclo pensaba que no asistiría. Tomó la palabra para decir que finalmente había aceptado la invitación, dejando en claro que el Congreso no ejerce control político constitucional sobre los funcionarios judiciales. Aun así, sostuvo, que se hacía presente para replicar las infamias y falacias de las cuales había sido víctima, no solo por las constantes pugnacidades e insultos del senador Robledo, sino por las malas interpretaciones de algunos medios de comunicación.
Martínez habló por más de una hora y media, puntualizando lo que llamó alrededor de 17 “mentiras” en torno al caso Odebrecht. De hecho, comenzó su intervención sosteniendo que en algún programa radial, en 2013, se había enfrentado con el senador Robledo por los temas de la parcelación de la altillanura, en el Orinoquía colombiana. En ese programa el Senador había acusado a Martínez de haber craneado el fraccionamiento de las unidades agrícolas campesinas, algo que entonces causó mucho escándalo. En el mismo programa el Fiscal ripostó que si se demostraba cualquier intervención suya en ese caso entregaría su tarjeta de abogado y renunciaría a su ejercicio profesional. Pero, de lo contrario, sería Robledo quien debería renunciar a su senaturía. Pactado el acuerdo radial, así quedaron las cosas. Pero al otro día, el mismo Senador le presentó excusas en una carta por cuanto no había encontrado prueba alguna del señalamiento hecho. Así las cosas, el congresista de izquierda se retractó pero nunca renunció a su investidura, incumpliendo su palabra, según dijo Martínez en el debate de ayer.
Descarga argumental
Ese fue el abrebocas de la defensa que hizo el Fiscal de su honra y de los propios agentes de la Fiscalía a su cargo, según lo reiteró una y otra vez. Recalcó que no estaba dispuesto a que en un debate político y de claro sesgo ideológico, con protagonistas de la izquierda nacional y algunos medios, se denigrara de su figura y proceder con el único propósito de generar la desestabilización de las instituciones e impedir el avance de las investigaciones.
En el transcurso de su intervención, que se convirtió en el corazón de todo el debate, Martínez refutó cada uno de los cargos hechos en las últimas semanas y reiteró que a punta de tergiversaciones y medias verdades lo que se intentaba era neutralizar la acción de la Fiscalía. Habló de un complot básicamente urdido, según sus palabras, por uno de los implicados en el caso de Odebrecht y dio el nombre del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, en estos momentos en prisión domiciliaria como producto de un dictamen de un juez de garantías luego de la imputación de algunos delitos por parte de la Fiscalía.
Sobre esa base, el Fiscal anunció que luego del debate demandaría a los implicados en el asunto. Hasta el cierre de esta edición no se había producido tal acto jurídico. En todo caso, el jefe del ente acusador escaló su denuncia, en el hemiciclo senatorial, hasta el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, al cual el mismo Martínez acusó de estar interfiriendo, desde su posición internacional, en la justicia colombiana. Sostuvo, asimismo, que Moreno es primo hermano de Luis Fernando Andrade, imputado por la Fiscalía. Posteriormente puso un audio en el cual Moreno le dice a Andrade que un tema de esa dimensión no debe resolverse solo en los tribunales, sino que también había que moverlo en los medios de comunicación. El audio, conseguido por el Fiscal en una página electrónica de la costa Caribe, fue explicado por Martínez como una muestra de connivencia para incidir en las decisiones judiciales.
Semejante bomba, dicha por el Fiscal General de la Nación en el recinto del Congreso de la República, promete tener consecuencias inmediatas, de las que seguramente Moreno se defenderá.
En la misma dirección, el Fiscal insinuó que el jefe opositor, Gustavo Petro, se habría reunido con el mismo Andrade, buscando información para el debate en curso. Relató que muchos los habían visto en el barrio Rosales, al norte de Bogotá, donde el expresidente de la ANI tiene detención domiciliaria. El Fiscal no adelantó fechas o circunstancias específicas y quedó pendiente la réplica del senador Petro.
Esto, que pudo ser un hecho circunstancial del debate, tomó visos todavía más graves cuando el propio Fiscal señaló que la ruta de la conspiración, a la que se refería, habría llegado a los Estados Unidos, donde se habrían contratado a expolíticos y exfiscales de alto rango para generar una estrategia a fin de mover el caso ante el FBI. Para ello, según las indagaciones de Martínez y abogados norteamericanos amigos de él, se habían pagado millones de dólares. Incluso el jefe del ente acusador dio nombres específicos de oficinas y agencias privadas norteamericanas, que deberán responder en la materia.
El otrosí
Sobre la base de todo lo anterior, pocas veces se había visto en el Senado de la República un debate de semejante índole, que suscitó ciertamente la atención nacional y causó un revuelo sin precedentes a raíz de la defensa del Fiscal, que fue destapando sus cartas una por una, desvertebrando lo que llamó los infundios de la oposición.
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Precisamente, con respecto al otrosí para la adición del contrato de la ruta Ocaña-Gamarra, que tiene a Andrade en la cárcel, y que le costó al país 1,4 billones de pesos, el Fiscal demostró ante el Senado que, al contrario de lo que decía el senador Robledo, su dictamen fue que no se necesitaba modificación del contrato madre de la Ruta del Sol por cuanto sí era posible la adición, pero siempre y cuando la vía alterna no fuera construida por el contratista principal y se citara a licitación privada para un concurso abierto. Esto fue precisamente lo que no se hizo, puesto que se cambiaron las condiciones ya establecidas, todo para que se pudiera adelantar la nueva obra con el mismo contratista (Odebrecht-Corficolombiana) y sin licitación, lo cual para Martínez constituye, entre otros delitos, contratación indebida.
De suyo, el mismo Martínez indicó en el debate del Senado que ese otrosí indebido se había pactado con el expresidente de la ANI en la casa de un senador -hoy en la cárcel- en marzo de 2014.
Sostuvo el Fiscal, de otra parte, que se equivocaban de cabo a rabo quienes en el debate trajeron a cuento, como la senadora Angélica Lozano, que mientras en América Latina prosperan las investigaciones por los contratos de Odebrecht, en Colombia no se había hecho nada en la materia, por el supuesto “tapen, tapen”. Todo eso es falso, dijo Martínez. Añadió que, por el contrario, el único país que no aceptó firmar con la Fiscalía brasileña una inmunidad para los directivos de Odebrecht fue Colombia y que es precisamente por ello que la Fiscalía de nuestro país logró, con sus propias investigaciones, ir mucho más allá de los sobornos de 11 millones de dólares confesados inicialmente, hasta llegar a una cifra de 68.000 millones de pesos en coimas. Por eso mismo, en Colombia se han dictado órdenes de captura contra altos funcionarios de la cuestionada multinacional.
La cuestión es de tal magnitud que, inclusive, el Principio de Oportunidad otorgado por el Departamento de Justicia de EU a Marcelo Odebrecht, presidente general de la compañía, podría sufrir cambios en cuanto no se habría dicho toda la verdad sobre lo acontecido en nuestro país.
El caso Pizano
Buena parte del debate, del mismo modo, se fue en explicar por parte de Martínez la relación con su amigo Jorge Enrique Pizano, quien grabó furtivamente unas conversaciones con él, en agosto de 2015, las mismas que fueron emitidas después de su reciente muerte -debido a un infarto- por algunos medios de comunicación. En ellas, como se sabe, Pizano, contralor del consorcio Odebrecht-Corficolombiana, le presentó algunas anomalías en los contratos de esa alianza y dejó entrever que el socio mayoritario (Odebrecht) estaba robando al minoritario (Corficolombiana).
Martínez reiteró que en esos audios está demostrado que Pizano nunca habló de delitos y que cuando lo conminó a decir si las anomalías eran coimas, este sostuvo que no tenía ninguna certeza al respecto. En ese marco argumental, Martínez incluso mostró al Senado un explosivo documento, de acuerdo con el cual en una declaración a comienzos de 2018, ante un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, Pizano reiteró que, en 2015, no tenía ninguna evidencia fáctica de que las dichas anomalías podrían constituir sobornos. Esto, en opinión del Fiscal, evidenciaba que incluso hasta hace pocos meses el fallecido ingeniero constataba que nunca había tenido certidumbre sobre la tipificación de algún delito. Por lo tanto, reiteró el jefe del ente acusador, simplemente cumplió con llevar el tema al director del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de Corficolombiana, cumpliéndole a Pizano la encomienda. Y que también, en la reunión siguiente con el contralor del consorcio, que también fue grabada y se conoció después de su reciente muerte, le contó que ya se habían asesorado de un penalista, cuyo informe consistió en la posibilidad de que eventualmente pudieran concurrir algunos delitos que le enumeró del documento respectivo, para lo cual se aconsejó, primero, proceder a una rigurosa auditoría con el fin de establecer la realidad fáctica, sin que entonces cupiera posibilidad de denuncia. Al conocer posteriormente toda la trama de sobornos, cuando ya era Fiscal, los fiscales a cargo del tema procedieron con todo rigor del caso hasta el punto de que pudieron develar todas las aristas y la ruta de las coimas que tienen a varios implicados en la cárcel, bien por confesión, bien por investigación.
En ese sentido, precisamente, el fiscal Martínez aseguró que todo lo que ha conocido el país incluso ha sido motivo de soporte para la oposición o los periodistas, sin darle crédito a los delegados de la Fiscalía que han llevado a cabo todas y cada una de las investigaciones con el rigor correspondiente.
Pidió Martínez, de la misma forma, algún tipo de cultura jurídica para informar sobre el caso. Se mostró profundamente adolorido y respetuoso de la muerte de su amigo Jorge Enrique Pizano, vinculado asimismo en una de las aristas investigativas de Odebrecht, en el caso del colector Tunjuelo-Canoas, en Bogotá, cuando fungía de gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, durante la administración del Polo Democrático, encabezada por Samuel Moreno.
Se refirió a la sensibilidad jurídica de las informaciones, entre ellas el acervo probatorio sobre la muerte de Pizano y la entrega de los computadores del fallecido a la Fiscalía, criticada por algunos en los últimos días. Sostuvo que en modo alguno se trató de un allanamiento a su casa, como lo dijeron el delegado de la Procuraduría y algunos periodistas, sino que la misma familia Pizano Ponce de León entregara voluntariamente las pruebas y llamara a la Fiscalía a los efectos, por lo cual nada tenía que ver el término de las 36 horas aducido para su respectiva legalización. Acto seguido afirmó que, precisamente en dos comunicados, la familia Pizano ha pedido a la opinión pública no politizar el tema y dejar toda la investigación en manos de la Fiscalía, en la que confían para los resultados pertinentes.
Sobre la materia también indicó el Fiscal que, fallecido Pizano, su hijo, Alejandro, le hizo llegar varios comentarios en los que le pedía seguir investigando. Por desgracia Alejandro, que prácticamente se había criado en casa del Fiscal, por la amistad con Humberto, hijo del jefe del ente acusador, falleció a los tres días de su padre, tras ingerir agua de una botella que contenía cianuro y que estaba en el escritorio de su progenitor.
El Fiscal también reveló que Pizano padre estaba en tratativas con el FBI, fruto de las maniobras de los abogados contratados en EU, pero que todo ello había fracasado. Como también se había frustrado la posibilidad de que las grabaciones de Pizano se publicaran paralelamente en algún noticiero de fin de semana, pero cuya directora había decidido no hacerlo. A raíz de ello Pizano, que durante todo ese trayecto estaba pendiente de su tema en el caso de Tunjuelo-Canoas, se notó muy deprimido y a los pocos días falleció. Solo después fueron conocidos los audios.
Contraataque
Durante el debate, donde Martínez hizo uso de una oratoria contundente y en el que defendió de forma apasionada la labor tanto de la Fiscalía así como de todos los operadores judiciales de la entidad, insistió en el sesgo ideológico de sus atacantes y sugirió que ello también podría ser consecuencia de haber puesto a raya algunos de los temas del proceso de paz con las Farc. En particular se refirió a la entrega de bienes que aún está en trámite, aunque no profundizó en el caso de la extradición de ‘Jesús Santrich’, pendiente de definirse en estos días por parte de la Jurisdicción Especial de Paz.
En toda la trayectoria del debate, igualmente, Martínez adujo que la Fiscalía a su cargo ha pisado grandes callos, no solo a nivel nacional sino en los departamentos, y que ese es el riesgo que tiene que asumir un Fiscal cuando está empeñado en combatir a la corrupción, recuperando más de 4 billones de pesos y abriendo más de 2.500 casos, una cifra sin precedentes en la historia de la entidad.
En esa medida, por igual, Martínez sostuvo que, en el caso de Odebrecht, había dado traslado de los expedientes de algunos congresistas implicados a la Corte Suprema de Justicia, por ser aforados, y que en manos de ella estaban las consideraciones correspondientes. Se refirió, del mismo modo, a las investigaciones pedidas por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana sobre las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, y demostró cómo tres meses antes de que le llegara la misiva de los exmandatarios, la Fiscalía ya había abierto la investigación pertinente, todavía en curso. Confirmó que lo adelantado hasta ahora en la materia, sobre la campaña presidencial de 2010 y 2014, ha sido resultado de las indagaciones de la Fiscalía, compulsando copias al Consejo Electoral para lo de su competencia. En el asunto también se refirió a lo avanzado con implicados como el exsenador Otto Bula, en referencia a las campañas de Santos, hechos que también se encuentran bajo investigación.
Terminada su intervención, el Fiscal concluyó que no se dejará constreñir y que seguirá adelante con las investigaciones. En ese sentido, está pendiente la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre si aceptará, en la sesión de mañana, un fiscal ad hoc para los impedimentos de Martínez, tal como lo sugirió la Vicefiscal, que había quedado a cargo; si se adoptará una fiscalía especializada para todo el caso Odebrecht; o si el alto Tribunal se sujetará a lo establecido en las leyes de procedimiento penal, es decir que mantendría a la Vicefiscal en lo de su competencia.
Movido cierre
Al cierre de esta edición estaba pendiente el anuncio del Fiscal General de denunciar la conspiración que en buena medida sitúa en cabeza el Presidente del BID. Terminada la intervención del Fiscal, tomó la palabra el expresidente Álvaro Uribe, quien defendió a su gobierno en la adjudicación de la Ruta del Sol, tramo II. Frente al otrosí del caso Luis Fernando Andrade, dijo que este era un hombre probo, pero se mostró respetuoso de las decisiones de la Fiscalía.
Después la senadora Paloma Valencia habló de los procedimientos del Grupo Aval, defendiendo la transparencia de los mismos. En medio de su intervención mostró un video, de años atrás, en el cual se ve a Petro cuando recibía varios fajos de billetes de manos de quien -según la congresista- sería Juan Carlos Montes, anterior contratista de la Alcaldía de Bogotá, en el caso de la máquina “tapahuecos”, famosa por su ineficiencia.
Poco más adelante, luego de la intervención de dos senadores, el vicepresidente de la corporación, Eduardo Pulgar, quien estaba en ese momento a cargo de la plenaria, levantó intempestivamente la sesión, por desórdenes en el hemiciclo, creando algunas réplicas pendientes.
Así las cosas, un debate parlamentario que comenzó con la solicitud de renuncia del Fiscal General, asegurándose además que este no se haría presente, terminó fortaleciéndolo luego de que se refiriera uno a uno a los cargos que se le habían hecho durante las últimas semanas y defendiera abiertamente tanto a su persona como a los funcionarios de la Fiscalía. Quedan, en tanto, dos temas en desarrollo: la trama de la conspiración que prometió el Fiscal denunciar ante las instancias pertinentes y la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el fiscal ad hoc.