La renuncia de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y las decisiones que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como presidente de ese cuerpo colegiado ha tomado, provocaron la alarma en las firmas calificadoras.
Mientras se decidía quiénes conformarían la nueva Junta, que al cierre de esta edición se rumoraban los nombres de Mauricio Tobón, el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, Gabriel Jaime Rico, María Emma Mejía, Simón Gaviria, Augusto López Valencia y David Luna, la incertidumbre crecía en torno del mercado de deuda.
No en vano, la agencia Fitch Ratings decidió rebajar este jueves la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda local y extranjera de EPM desde ‘BBB’ hasta ‘BBB-‘. Con esa decisión, las calificaciones de la empresa quedan en el último escalón antes de perder el grado de inversión.
Asimismo, la calificadora Moody’s, aunque mantuvo la calificación de Baa3 negativa que es un grado medio inferior, anunció que va a revisar su nota ante la crisis corporativa de la compañía.
Fitch justificó la rebaja debido a una mayor intervención del dueño de EPM, la ciudad de Medellín, en la gestión de la empresa, lo que representa un deterioro de los controles de gobierno corporativo en la compañía.
Adicionalmente, Fitch considera que las recientes acciones tomadas por la empresa son contrarias al Acuerdo de Gobernabilidad, suscrito el 23 de abril de 2007, entre la ciudad de Medellín y la administración de EPM, en el cual el municipio acordó respetar la autonomía de EPM como empresa industrial y comercial del Estado, además de a actuar exclusivamente a través de la Junta Directiva.
En su reporte, dijo que las calificaciones de EPM reflejan el alto riesgo comercial de la compañía derivado de su diversificación y características como proveedor de servicios públicos.
Recordó Fitch que EPM es un generador de electricidad líder en Colombia y exhibe una cartera diversificada de negocios de servicios públicos que incluyen generación, transmisión y distribución de electricidad, servicios de agua y alcantarillado, distribución de gas natural, así como servicios de recolección y disposición de basura.
Las calificaciones de la compañía, dijo, también reflejan sus sólidas medidas de protección crediticia respaldadas por un apalancamiento histórico y proyectado “moderado”, una sólida cobertura de intereses y una adecuada posición de liquidez.
Además, las calificaciones de EPM también reflejan la estrategia de crecimiento algo agresiva de la compañía y la exposición al riesgo regulatorio, que es bajo.
El Rating Watch Negative de EPM, explicó la agencia, refleja la continua incertidumbre con respecto al cierre del Sistema de Desviación Auxiliar bloqueado del proyecto Hidroituango desde el 28 de abril de 2018, y los costos finales excesivos de su proyecto Ituango.
En junio de 2020, la compañía anunció un retraso adicional debido a la pandemia del coronavirus.
La expectativa de Fitch es que 300MW del proyecto estarán en línea a principios de 2022, aunque señaló que “es posible que surjan complicaciones técnicas y de infraestructura adicionales que podrían retrasar aún más la fecha de operación comercial del proyecto”.
Por su parte, la calificadora Moody’s señala que una posible sustitución de los contratistas alargaría el proceso de recuperación de la represa; además, que la compañía se enfrentaría a una demanda que duraría mucho tiempo.
La firma Moody’s, que actualmente le da una calificación a EPM de Baa3 negativa, sostiene que “el anuncio es negativo como crédito, ya que aumenta el riesgo de nuevos retrasos y sobrecostos para completar la presa de Ituango, dependiendo de cómo responda el consorcio”.
La compañía destacó que de no llegar a un acuerdo dentro de dicho plazo, probablemente iniciará un periodo de reclamos legales más fuertes y disputas. El momento de presentar la solicitud sigue la interpretación de EPM de que las reclamaciones de daños deben presentarse en un plazo de dos años de ocurrido el evento.
Obligaciones
Señala Moody’s que “reconocemos la obligación legal de la alta dirección de la compañía de perseguir cualquier compensación potencial a la que la empresa pueda tener derecho, pero creemos que hay riesgos de nuevos retrasos y sobrecostos en Ituango dependiendo de cómo responda el consorcio de construcción”.
Indica la firma que “una posible sustitución de los contratistas de construcción alargaría el periodo de construcción, probablemente aumentaría los costos y sería perjudicial para la trayectoria de apalancamiento de EPM, exponiendo aún más el equilibrio de riesgos de la Empresa. Incluso, si tiene éxito, el proceso iniciado por EPM será prolongado y probablemente no traerá ningún beneficio a la empresa dentro del horizonte previsto para que la presa llegue a las operaciones en 2022”.
Riesgos políticos
Indica la calificadora que, “en cuanto a la renuncia del consejo de administración, entendemos que no ha habido infracción directa de los estatutos de la empresa o estructura formal de gobierno corporativo. No obstante, la renuncia de la Junta expone una frágil estructura de gobierno corporativo y la mayor exposición de la compañía a los riesgos políticos”.
Explica la calificadora que “de hecho, el Alcalde tiene un amplio poder para designar a los ocho miembros restantes de la junta sin restricciones mayores. La débil estructura de la junta ha sido la misma durante varios años, pero en la práctica, y en cumplimiento de un acuerdo general para el gobierno corporativo vigente desde 2007, el municipio ha ejercido históricamente su poder de propiedad únicamente a través de la Junta Directiva”.
Lupa de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación designó un agente especial para atender la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por Empresas Públicas de Medellín (EPM), a raíz de la demanda instaurada por esa compañía contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto de Hidroituango, por $9,9 billones.
La Procuraduría dispone de diez días para pronunciarse sobre la procedencia y admisibilidad de la solicitud de EPM. El agente especial del Ministerio Público adelantará el trámite respectivo, en el que buscará mediar para que se logre una conciliación que repare, sea justa y proporcionada, que además permita que el proyecto continúe sin ningún riesgo.
Para adelantar la conciliación extrajudicial, la Procuraduría cuenta con un plazo máximo de cinco meses.