Declaran nulo el contrato de la Ruta del Sol II

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El Tribunal de Arbitramento decretó la nulidad del contrato y dirimió el pleito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario. Reconoce en $4,7 billones el valor del 52% de la obra entregada, de los que se han cancelado $4,5 billones

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Un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró la nulidad del contrato por la Ruta del Sol II y con ello dirimió el pleito entre la concesionaria y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“Declarar la nulidad absoluta por decreto y causa ilícitos del contrato de concesión de la concesionaria Ruta del Sol”, dice la decisión.

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Además, se “declaró la nulidad absoluta del otro sí suscrito en 2013: Declarar la nulidad absoluta de los otros Sí que se habían firmado entre 2013 y 2016, así como los demás acuerdos contractuales celebrados entre la ANI y la concesionaria Ruta del Sol II”.

Asimismo, se negaron las demandas arbitradas, además de las pretensiones de la demanda de reconvención.

Este fallo dejó sepultado el intento de conciliación hace una semana entre el Gobierno nacional y los bancos que financiaron la construcción de la Ruta del Sol II. Según lo reveló la ministra de Transporte, Ángela Orozco, se intentó saldar con $1.2 billones la deuda que la ANI tuviera con los bancos por las obras adelantadas en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país y que fue salpicado por la corrupción.

La devolución

Para el Tribunal de Arbitramento, la obra entregada equivale al 52% del proyecto total y vale $4.7 billones. En las cuentas del tribunal, a través de la ANI se han hecho desembolsos por $4.5 billones, de modo que solo restan por ser pagados $211.173 millones. 

Tras esta decisión el Tribunal ordenó al Estado por medio de la ANI pagar a la concesionaria $211.273 millones por las obras que están pendientes de giros del proyecto. Sin embargo, de esta suma $187.000 millones se encuentran depositados en un fideicomiso lo que implica que solo se deberán pagar $24.273 millones.

Esta decisión del Tribunal tomó en cuenta el análisis que hizo la Corte Constitucional sobre la Ley de Infraestructura.

Este contrato había sido liquidado por la Superintendencia de Industria y Comercio tras descubrirse hechos de corrupción por parte de la firma brasileña Odebrecht, socio mayoritario de la concesionaria.

Esta decisión se toma luego de cuatro años de que se abriera el caso en un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá y después de dos años desde que se firmara el acuerdo para liquidar el contrato entre la ANI y la Ruta del Sol II.

El laudo también señala que la ANI deberá pagar $24.217 millones a los terceros de buena fe que participaron en las obras, que alcanzaron un avance del 52% y que se encuentran suspendidas todavía.

Reacciones

Por su parte el Grupo Aval reaccionó a la decisión del Tribunal de Arbitramento e indicó que “el valor establecido en el laudo ($211.000 millones) es adicional al monto que ya se había reconocido y pagado a los bancos ($1,4 billones), por lo tanto, el valor real total de la liquidación reconocida es de $1.63 billones”.

Además, dicen que en el fallo se lee que el Tribunal “no niega la condición de acreedores de buena fe de los bancos ni su condición de depositarios de la confianza de los ahorradores”, y que a diferencia de lo que han dicho algunos peritos, la cifra reconocida por el Tribunal a favor de la concesionaria Ruta del Sol II “ratifica que el Estado sí está en obligación de pagar a la concesionaria para no configurar un enriquecimiento sin justa causa”.

Por otro lado, reiteran que “Grupo Aval y sus bancos ya han provisionado en sus balances gran parte del impacto y el excedente a pagar representa menos del 1% del patrimonio total de la organización”.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo que “el fallo dice que se debe pagar menos de lo que se esperaba y que es una condena menor y es favorable para el Estado”.

Pretensiones

La concesionaria pretendía un pago de $2.6 billones en los reclamos iniciales. Cabe destacar que el tribunal declaró la nulidad de todos los contratos y los otro sí adheridos al caso, y que este fallo no tiene apelación.

La decisión, que fue unánime, está dividida en varios apartes sobre el futuro que tendrá el contrato de concesión. “Analizamos todos los medios de prueba para resolver el tema principal, que pasó a ser si se hacía o no válido el contrato”, señaló uno de los árbitros.

Los abogados de las partes, representantes del sector empresarial y el procurador del caso estuvieron presentes para la lectura del laudo. Desde enero el Tribunal estudió documentos y practicó pruebas para impartir justicia. El laudo contiene 700 páginas.

Favorabilidad

Para el procurador del caso, Iván Dario Gómez, “se trata de un laudo favorable para el Estado colombiano pues la contraparte privada tenía pretensiones por $2.6 billones que fueron negadas. Junto con el contrato madre el tribunal anuló también los otro sí con que se fue modificando el meganegocio”.

De acuerdo con la determinación del Tribunal, a partir de hoy las partes comprometidas tienen cinco días para analizar el laudo e interponer aclaraciones. Tras esto los árbitros revisarán esos peros y pasarán a hacer el pronunciamiento definitivo.

El senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, aseguró que la decisión del Tribunal de declarar la nulidad por causa ilícita puede blindar al Estado colombiano de las demandas en el exterior presentadas por Odebrecht.

“El argumento de la causa ilícita puede ser utilizado por la defensa jurídica del Estado para desestimar las demandas de Odebrecht en tribunales internacionales por el perjuicio que le haya podido causar la terminación del contrato por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio en febrero de 2017”, señaló.

El senador Jorge Enrique Robledo dijo que “el fallo del Tribunal demuestra que apenas se transferirá una suma pequeña frente a lo que decía la Ministra de Transporte de pagar $1,2 billones, eso sería un desastre para el país”.

Esta decisión de los tres integrantes del Tribunal de Arbitramento, sin duda tendrá impacto sobre otras dos decisiones: las demandas en París y España de la misma Odebrecht contra Colombia también por sus contratos 4G en territorio nacional.

Luego de instaurar la demanda ante el Tribunal de Arbitramento en Colombia, la subsidiaria de la constructora en España interpuso una acción ante otro tribunal de arbitramento argumentando que el país incumplió el Artículo 10 del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) que tiene con España, al expropiar sus intereses, por lo que pide $3.8 billones.

Posteriormente, Odebrecht interpuso una tercera demanda en París contra la ANI por incumplir términos contractuales por la terminación anticipada del contrato entregado para la construcción de la Ruta del Sol II. En ese caso, la constructora brasilera pide el equivalente a cerca de $4.4 billones.