A finales de la semana pasada se hizo efectiva la salida del 100% de la población emberá que, desde septiembre del año pasado, estuvo asentada en el Parque Nacional. Casi 550 personas fueron trasladadas a redes de apoyo y aproximadamente 792 fueron llevadas a un albergue temporal dispuesto por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), mientras son retornadas a sus territorios de origen.
Acto seguido se comenzó a trabajar en el proceso de limpieza y adecuación del Parque Nacional, ante lo cual varias entidades del Distrito están evaluando daños y adelantando reparaciones desde entonces, pero ¿qué fue lo que se acordó con las comunidades para que se hiciera efectivo el traslado y qué tanto funcionará para que la crisis vivida en este espacio público no se replique en otros lugares?
Varios concejales que acompañaron todo el proceso y que incluso asistieron a la mesa de concertación tras la cual se logró este traslado, explicaron que la no repetición de situaciones como la que vivió durante casi ocho meses la comunidad emberá, dependerá del cumplimiento de alrededor de 62 puntos que constan en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD).
El concejal Luis Carlos Leal, quien hace parte del Comité de Derechos Humanos del Concejo de Bogotá y acompañó todo el proceso, explicó que se establecieron unos compromisos reales con un pliego de peticiones que fue firmado por el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno e incluso por una de las altas comisionadas para la verdad que hace parte de la comunidad emberá en Colombia.
El plan es lograr y garantizar el retorno de quienes voluntariamente quieran regresar a sus territorios con unos compromisos claros por parte del Ministerio, como el de lograr unos apoyos para que haya condiciones de seguridad y habitabilidad en las regiones, así como para proyectos productivos.
“Y quienes decidan quedarse están temporalmente ubicados en La Florida pero esa ubicación va acompañada de un compromiso y del cumplimiento de unos 62 puntos dispuestos en el Plan Distrital de Desarrollo, que incluyen la participación activa y la garantía del cumplimiento de unos objetivos específicos para poblaciones indígenas en Bogotá y víctimas de la violencia que tiene que cumplir la Secretaría de Gobierno. ¿De qué dependerá que se replique o no esta situación? De lo mismo que ha dependido siempre: que se cumplan los acuerdos”, indicó a EL NUEVO SIGLO el cabildante de la Alianza Verde.
En esto coincidió la concejal de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Ati Quigua, quien dijo que es apremiante que tanto el Gobierno nacional como el distrital aborden el capítulo étnico de los acuerdos de paz, así como el acuerdo de voluntades entre las comunidades, el Distrito y el Concejo de Bogotá que quedó plasmado en el PDD.
“Dentro de los acuerdos que se hicieron entre el Gobierno distrital, nacional y las comunidades, para efectos de resolver la situación humanitaria en el Parque Nacional, está el cumplimiento de los 62 acuerdos logrados en el marco de la concertación del PDD. Este es el camino y la dirección correcta. Un diálogo social entre culturas diversas y sectores sociales diferentes”, indicó a este medio de comunicación la concejal Quigua.
Adicionalmente, la cabildante enfatizó en que hubo una falta de voluntad para dialogar con estas comunidades y manifestó su preocupación por la posibilidad de que no se le dé cumplimiento a los acuerdos que, dicho sea de paso, tienen garantías presupuestales para su cumplimiento.
“Yo celebro positivamente que el Secretario de Gobierno haya recuperado la disposición de dialogar y resolver esta situación. Se logró llegar a un acuerdo y eso es importante, pero ahora el tema es que los acuerdos realmente se cumplan (Artículo 66 del PDD). Desde la Comisión de Hacienda y Crédito Público yo incluí el Artículo 54, que son las garantías presupuestales para los acuerdos que se hicieron en el marco del Plan. Necesitamos que el Plan de Atención para las Víctimas (PAD) pueda no solo destinar recursos, sino establecer programas que generen un impacto real en las comunidades”, precisó la cabildante Quigua.
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Pilas con el Parque La Florida
Por su parte, la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas advirtió que lo que pasó en el Parque Nacional es posible que se repita en otras instancias, a sabiendas de que hay instrumentalización y explotación de niños y de mujeres embarazadas.
“Nos demoramos mucho, tanto el Gobierno nacional como distrital, en resolver un problema que se dejó crecer y detrás del cual hay varios hechos que no pueden olvidarse. Hoy es claro que hay vividores de los indígenas que los utilizan para sacar provecho de ambos gobiernos. Y dos, es un hecho que los niños y las mujeres están siendo instrumentalizados”, comenzó por advertir la concejal Lucía Bastidas.
“¿Quién nos asegura que no regresarán o que no se tomarán otro parque? Nada. El ideal es que los indígenas retornen a sus territorios o que si se quedan aquí tengan una vida completamente normal, por fuera de un campamento, que no le hace bien ni a los indígenas, ni a la ciudad, ni a los entornos, ni a los vecinos”, agregó la concejal.
Advirtió, por último, que la problemática en el Parque Nacional podría replicarse en otros espacios de la ciudad. “Hoy ya estoy recibiendo quejas de lo que están haciendo los indígenas en el Parque La Florida”. Estas denuncias, vale referirlo, fueron hechas por parte de algunos trabajadores del Idipron, que son quienes están atendiendo a esta comunidad y temen que el parque La Florida termine como el Nacional.
Avanza recuperación del Parque
Durante el fin de semana se adelantaron labores de limpieza y remoción de escombros gracias al trabajo articulado de varias entidades de la Administración de la alcaldesa Claudia López. De allí se retiraron más de 90 toneladas de residuos, labor que realizaron más de 110 operarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).
“Hemos estado concentrados en la remoción de residuos que quedaron después de la ocupación, en ese proceso salieron más de 90 toneladas que ya la Uaesp y sus operadores han llevado fuera del parque”, mencionó el domingo la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.
La Secretaría de Salud ya comenzó el manejo y tratamiento de roedores, mosquitos y zancudos y tras este proceso, esta semana comenzó la recuperación de la cobertura vegetal, la cual permitirá retener el suelo, infiltrar el agua y oxigenar la tierra. Posteriormente, se adelantará la plantación de los nuevos árboles.
“La Secretaría de Salud inició el proceso para desratizar el lugar como consecuencia de la presencia de alimentos en el parque. Tenemos que esperar algunos días para que esa intervención haga su efecto y no presente ninguna amenaza y, posteriormente, entrarán la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico y el IDRD para hacer la recuperación de los puntos patrimoniales y también de todas las zonas verdes”, agregó la secretaria Carolina Urrutia.