Mañana se hará de manera virtual una jornada celebratoria de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América, y el único en su tipo a nivel mundial en consagrar la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

El encuentro será instalado a las 11 de la mañana (hora de Colombia) por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), encargada de la Secretaría del acuerdo.

En la reunión participarán los 12 estados parte del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú- tras alcanzar el 22 de enero las ratificaciones necesarias.

En esa fecha los últimos legislativos en ratificar el acuerdo fueron los de Argentina y México; en 2019 se registraron cinco ratificaciones (Guyana, abril 18; Uruguay, septiembre 26; Bolivia, septiembre 26; San Vicente y las Granadinas, septiembre 26; y Saint Kitts y Nevis, septiembre 26) y otras cinco en 2020 (Antigua y Barbuda, marzo 4; Nicaragua, marzo 9; Panamá, marzo 10; Ecuador, mayo 21; y Santa Lucía, diciembre 1).

Colombia

En septiembre, durante su intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque dijo que “estamos a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú”, recordando que el país lo suscribió a finales de 2019.

Sin embargo, en Colombia la ratificación del acuerdo está enredada en el Congreso. El respectivo proyecto fue radicado con mensaje de urgencia el 20 de julio por las ministras de Relaciones Exteriores (Claudia Blum) y TIC (Karen Abudinen), así como los entonces jefes de las carteras de Justicia (Margarita Cabello), Ambiente (Ricardo Lozano), Interior (Alicia Arango) y Cultura (Carmen Inés Vásquez).

El mensaje de urgencia implica un trámite abreviado, consistente en que las comisiones (en este caso las segundas de Senado y Cámara) hagan conjuntamente el primer y tercer debates de manera que, como lo establece el artículo 163 de la Constitución, la iniciativa esté aprobada en 30 días.

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“Lamentablemente las bancadas no han recibido de buena manera el contenido del acuerdo, no tanto por el texto de los artículos, sino porque hay dos elementos allí que son de gran preocupación para la coalición de gobierno. El primero de ellos tiene que ver con que la izquierda quiere insistir en la aprobación del acuerdo pretendiendo que existe en Colombia una persecución a los líderes ambientales a través del Gobierno y de la empresa privada, una cohonestación. Y segundo, por la gran preocupación que existe frente a la interpretación que cualquier juez de un municipio le pudiera dar a este asunto”, le explicó el noviembre a EL NUEVO SIGLO el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador.

Desde el 16 de octubre la iniciativa tiene ponencia positiva de los congresistas Carlos Ardila (Partido Liberal), Lidio García (Partido Liberal), Neyla Ruiz (Alianza Verde), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS).

Y el 4 de noviembre fue radicada una ponencia negativa firmada por el senador Gómez y su copartidario Jaime Felipe Lozada, así como por Juan David Vélez (Centro Democrático), Gustavo Londoño (Centro Democrático), José Luis Pérez (Cambio Radical) y Anatolio Hernández (Partido de la Unidad, La U).

El representante Vélez, presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, le precisó en diciembre a este Diario que “radicamos ponencia negativa porque consideramos que el Acuerdo de Escazú es nocivo para Colombia, nocivo para la reactivación económica del país y no contiene elementos que logren el gran consenso nacional que estos acuerdos internacionales requieren para la aprobación del Congreso”.

Tratado

El 12 de diciembre de 2019, al liderar el acto de divulgación en la Casa de Nariño, el presidente Duque calificó la firma del Acuerdo de Escazú como un producto de la Gran Conversación Nacional que el Gobierno nacional inició con todos los sectores del país, entre ellos el ambiental, tras el Paro Nacional del 21 de noviembre.

Un día antes, el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, suscribió el acuerdo.

El tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a los grupos étnicos y la sociedad civil.

Durante el acto de divulgación de la firma del acuerdo, Duque destacó tres de los elementos clave que el tratado ayuda a promover: el acceso a la información pública, la participación ciudadana en las decisiones que se tomen sobre el sector y la justicia ambiental, temas en los que, anotó, el país muestra ya importantes avances.

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En ese certamen, el presidente Duque le pidió al Congreso celeridad en el proceso de ratificación para poder avanzar en la reglamentación del instrumento.

Para el mandatario es clave el aporte que hará el Acuerdo de Escazú, junto con los distintos mecanismos de cooperación amazónica, al avance del Pacto de Leticia, que lideró el Gobierno de Colombia, mediante el cual los países de la región establecieron compromisos concretos en materia de protección del Amazonas; además consideró que la firma demuestra que los colombianos podemos unirnos, por encima de nuestras diferencias, en temas fundamentales para el país, como es el caso de la defensa y protección del medioambiente.

En febrero, el Acuerdo de Escazú fue uno de los parámetros de 53 propuestas para orientar la reactivación de América Latina. “Estas 53 medidas que en nombre de más de 30 organizaciones de la región haremos llegar a los gobiernos, se enmarcan en la ruta de la descarbonización, a través del Acuerdo de París, del desarrollo sostenible, mediante la implementación de la Agenda 2030 y de la gobernanza con la implementación del Acuerdo de Escazú”, explicó entonces Carola Mejía, del Grupo de Financiamiento Climático (Gflac) y cogestora de la iniciativa Reactivación Transformadora, instancia promotora de estas medidas.

Mejía agregó que el “documento es fruto de un trabajo coordinado entre decenas de organizaciones de la región, que desde sus distintos ámbitos de especialización han aportado a la construcción de recomendaciones focalizadas para los sectores de agricultura, forestal, turismo, salud, infraestructura urbana, transporte, residuos y energía”.