En los próximos doce meses no habrá un solo día de tregua electoral. Las campañas para Congreso y presidenciales ya toman ritmo y todo lo político, económico, social e institucional que pase estará cruzado por la contienda proselitista. ¿Cómo está hoy el país en sus principales asuntos y cuáles son los retos y problemáticas principales a afrontar?
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Telúrico. Así es el año político que está iniciando y que solo terminará en un poco más de doce meses, una vez estén definidos el sucesor de Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, el perfil del gobierno entrante, así con el mapa político y coaliciones con que arrancará el nuevo Congreso como antesala a la posesión del Jefe de Estado electo, el 7 de agosto.
Estos doce meses, entonces, no tendrán un solo día de tregua electoral ni política. Es más, a hoy se puede asegurar que las campañas para Congreso y Presidencia arrancaron y no tienen reversa, por lo que el país, en su conjunto, debe aceptar esa realidad.
¿Cómo se arranca? En primer lugar es evidente que el banderazo lo está dando la propia coyuntura del gobierno Santos, que hoy por hoy atraviesa dificultades en no pocos frentes.
En materia económica el crecimiento del país es muy bajo, a tal punto que en el primer trimestre el PIB fue de 1,1% y, en el segundo, los cálculos preliminares no van más allá de un 1,5%, en el mejor de los casos. A ello se suma que si bien la inflación está controlada y algunas cifras sectoriales muestran franca mejoría, tanto en la industria, como en el comercio y el consumo de hogares el desempeño es bastante deficiente. También es claro que el impacto de la reforma tributaria fue mayor al presupuestado inicialmente y la economía familiar es crítica en muchas zonas del país. La balanza comercial, la inversión extranjera así como los precios de los hidrocarburos y la minería no han evolucionado con el dinamismo que se esperaba. Todo ello con el colofón de que las firmas calificadoras de riesgo han lanzado en las últimas semanas múltiples alertas sobre la potabilidad fiscal del país y el riesgo de un retroceso en las perspectivas y notas.
En lo que hace el proceso de paz ni siquiera haber culminado el proceso de desarme de las Farc logró disminuir la división del país en torno a las implicaciones del pacto de La Habana. Las encuestas evidencian que los colombianos están polarizados respecto a las cesiones a esa guerrilla a cambio del fin de su alzamiento armado. A ello se suma que la violencia no ha disminuido en los términos en que se esperaban una vez desarmadas las Farc, ya que el Eln, las bandas criminales y los carteles del narcotráfico entraron a trata de ‘colonizar’ a sangre y fuego las zonas dejadas libres por la facción armada en trance de desmovilización.
No menos grave resulta el hecho de que el cambio en la política de lucha contra las drogas ha dado resultados evidentemente negativos, como lo prueba el que la extensión de narcocultivos haya regresado a cifras anteriores al Plan Colombia y que el potencial de producción de cocaína hoy por hoy esté marcando récords.
”Las Farc haciendo política y el arranque de la JEP”
Todo lo anterior adicionado a un clima social y laboral bastante agitado, la crisis venezolana en un punto de no retorno y con graves coletazos migratorios en Colombia, así como un pico de escándalos de corrupción que han salpicado las más altas instancias gubernamentales, aunque también las de Uribe…
En ese marco, entonces, no resulta gratuito que el margen de gobernabilidad de Santos sea hoy muy estrecho y con índices de desaprobación, en algunas encuestas, por encima del 80 por ciento, con el agravante de un pesimismo casi que generalizado sobre el panorama a corto plazo del país.
Con una coalición partidista y parlamentaria fragmentada, un gabinete muy desequilibrado -en el que subsisten fuertes perfiles al lado de otros de rango casi que viceministerial- y un margen de acción política cada vez más restringido, es claro que a Santos le llegó el sol a las espaldas con mucha antelación, pues todavía le faltan un poco menos de 13 meses en el poder.
Polarización al máximo
El escenario político con que arrancan estos doce meses de alta tensión también está muy movido. De un lado, el clima de polarización política es tanto o más alto que el que existía en junio de 2014, cuando en un cerrado duelo electoral el presidente Santos logró un segundo mandato, pese a que el aspirante uribista Óscar Iván Zuluaga había ganado en la primera vuelta.
El último ejercicio electoral en el país, en octubre de 2016, cuando fue votado el plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz con las Farc, no hizo más que confirmar la división, pues si bien es cierto que no todos los que votaron Sí eran santistas ni los que se inclinaron por el No uribistas, es claro que el telón de fondo de la cita en las urnas fue un esquema muy marcado de gobierno-oposición, en el que esta última ganó cerradamente.
Hoy más que nunca es claro que las figuras de Santos y Álvaro Uribe son las que marcan y dividen a la opinión pública de forma sustancial, y que las demás opciones de liderazgo y alternativa que tratan de surgir lo hacen con el único objetivo de diferenciarse de ellos, sin que ningún nuevo perfil lo haya conseguido efectivamente en lo político, electoral e ideológico. La idea, tres años atrás, de que los próximos comicios mostrarían una tercería ya consolidada y fuerte ante el dilema Santos-Uribe, simple y llanamente no se concretó.
Precisamente este último argumento es el que explica cómo está arrancando la contienda presidencial que por más que tenga en el escenario a casi una veintena de precandidatos o candidatos (oficializados o en camino a serlo) tiene como primer elemento de análisis de perfiles –y negarlo sería ingenuo– qué tanto el aspirante en cuestión es cercano o lejano a Uribe o Santos y sus posiciones más determinantes de uno y otro frente al acuerdo de paz, la marcha del país y qué es lo que debería o no hacer el próximo inquilino de la Casa de Nariño.
El partidor de las precandidaturas está, literalmente, atiborrado. Germán Vargas (Cambio Radical); Humberto de la Calle, Viviane Morales, Juan Manuel Galán y Luis Fernando Velasco (liberales); Iván Duque, Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto y María del Rosario Guerra (uribistas, aunque sin contar que Zuluaga suspendió su aspiración por el caso Odebrecht); Jorge Enrique Robledo (Polo); Claudia López y Antonio Navarro (Alianza Verde); Sergio Fajardo (Compromiso Ciudadano); Gustavo Petro (Colombia Humana); Alejandro Ordóñez (firmas); Clara López (firmas); Piedad Córdoba (Marcha Patriótica); Marta Lucía Ramírez y Ubeimar Delgado (conservadores); Roy Barreras y Juan Carlos Pinzón (La U); Luis Alfredo Ramos (de origen conservador pero iría por el uribismo)…
Sin embargo, a hoy, pese a que faltan diez meses para las presidenciales en la primera vuelta, ninguno de los anteriores es, oficialmente, candidato. La U, conservadores, liberales, Centro Democrático y Alianza Verde no han definido todavía cómo ni cuándo se elegirá a su candidato, teniendo como opciones ir a una consulta popular, encuestas o decisiones de congresos y convenciones cerradas.
Es más, en una paradoja que deja ver porqué se habla de que los siguientes doce meses serán telúricos, muchos partidos y dirigentes, e incluso los propios precandidatos, parecen hoy más interesados en vislumbrar qué tipo de coaliciones multipartidistas se pueden armar aún antes de la primera vuelta (incluyendo unas primarias el día de las elecciones parlamentarias) que en la propia definición de las candidaturas.
Visto todo lo anterior, es claro que el banderazo del año político se sustenta en seis elementos básicos: un gobierno débil, desgastado e impopular; una oposición ruidosa pero poco efectiva en materia de forzar decisiones políticas; un clima país pesimista y explosivo, sobre todo por la crisis económica y los picos de corrupción; un escenario político altamente polarizado entre el eje Santos-Uribe que tiene como tema central el acuerdo de paz con las Farc; y una campaña presidencial con más de una veintena de precandidatos que por más que traten de diferenciarse y proponer cosas distintas, al final terminan siendo ubicados por la opinión pública en una franja cercana o lejana al santismo o el uribismo, sin que una tercería haya logrado consolidarse.
Lo que viene…
Descrito ya el escenario del que se parte, el paso siguiente es tratar de vislumbrar qué implicará este frente a una agenda nacional tan complicada como la que se prevé para los próximos doce meses.
Por ejemplo, es claro que el primer tramo de esta última legislatura parlamentaria será determinante para la aplicación del acuerdo de paz. De un lado, como se sabe, ya el Congreso -por sentencia de la Corte Constitucional- puede modificar los articulados de los proyectos que se tramitan bajo la vía del ‘fast track’, sin necesidad de previo permiso del Gobierno.
Esto significa, entonces, que el debate a iniciativas tan importantes como la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el ajuste al régimen de tierras, la reforma política y electoral así como la creación de 16 curules en la Cámara por circunscripción especial de paz estará cruzado de forma transversal no sólo por esa mayor autonomía partidista, sino por las posturas que los propios precandidatos y la evolución de la campaña presidencial vaya tomando en la materia.
No menos importante es cómo impacte en ese clima de polarización política creciente la definición del panorama judicial de precandidatos como Zuluaga en el CNE y la Fiscalía; Ramos en la Corte Suprema de Justicia, o Petro ante el propio Consejo de Estado.
También se espera que dentro de los próximos meses el país tenga una prueba de fuego por cuenta de la activación del partido político de las Farc (que se denominaría “Esperanza del Pueblo”), con todo lo que ello implica, no sólo por ver a guerrilleros que cometieron delitos graves haciendo campaña para el Congreso (con 10 cupos ya asegurados) y la Presidencia, sino por la cantidad de gabelas en materia política, económica, social y judicial con que el grueso de los subversivos arrancará su reinserción a la vida civil.
No menos retador será el arranque de la JEP, ya que se prevé que antes de terminar este año comience a funcionar esta jurisdicción, con todas sus salas y el temor manifiesto de militares, policías y civiles de ser enjuiciados por un esquema judicial montado por el Estado en conjunto con las Farc. Además, con las primeras sentencias la CPI pondrá la lupa sobre esta justicia transicional.
A la par de ello, no sólo deberá seguir desarrollándose todo el proceso de implementación del acuerdo, sino que el Estado tendrá que cumplir con el arranque de millonarias inversiones en zonas de posconflicto así como frenar el rebrote de la violencia en áreas dejadas por las Farc, incluyendo terminar con la racha de asesinatos de líderes sociales. Y, como si fuera poco, queda el gran desafío que significa el proceso de negociación con el Eln, que se desarrolla en Quito, y que tendrá como primera gran prueba la posibilidad de pactar un complejo cese el fuego y de hostilidades, incluso antes de que el papa Francisco visite a Colombia la primera semana de septiembre, en una gira que tendrá muchas implicaciones doctrinales pero también políticas.
La otra agenda
Pero, como se dijo, la paz no es la única materia clave del país durante los siguientes doce meses. Otro asunto prioritario en los próximos meses es el relativo a la crisis en Venezuela, y la forma en que el gobierno Santos y los candidatos a sucederlo empiecen a tomar partido frente a una situación que pareciera a punto de explotar con consecuencias imprevisibles.
Como si todo lo anterior fuera poco, igualmente está por resolverse en los próximos meses el futuro de decenas de alcaldes y varios gobernadores contra los que hay procesos de revocatoria del mandato en curso, incluyendo nada menos que al burgomaestre capitalino Enrique Peñalosa.
A lo anterior se suma que el país tendrá que afrontar durante este próximo año un impacto aún mayor de la avalancha de consultas sobre autorización o prohibición de actividades mineras y petroleras, con todo lo que ello implica no sólo de cara al debate sobre la validez de los mecanismos de participación ciudadana, sino por la afectación en materia de seguridad jurídica, regalías e impuestos.
Un debate que, incluso, será más amplio en la medida en que el Congreso tendrá que definir la suerte del referendo sobre adopción ya denegado, el que se proyecta sobre cadena perpetua a violadores y la consulta anticorrupción, todos con más de dos millones de firmas de respaldo…
Y qué decir del reto que significará para el Gobierno cumplir con su promesa de erradicar más de 100.000 hectáreas de narcocultivos antes de terminar su mandato (la mitad por erradicación forzada y la otra por erradicación voluntaria gracias a los pactos con campesinos cocaleros). Es una apuesta muy arriesgada que puede terminar perdiendo el Ejecutivo y tendría preocupantes implicaciones en las relaciones de Colombia con Estados Unidos.
Adicionalmente, en los trece meses que le restan a Santos uno de sus grandes desafíos será la recuperación económica, una meta que a corto plazo se ve muy complicada toda vez que el PIB a diciembre no crecería muy por encima del 2% y el panorama de hidrocarburos y minería es pesimista.
Por último, sin que ello signifique que los ya descritos sean los únicos temas de prioritarios para el próximo año telúrico en materia política, económica, judicial, social e institucional, queda pendiente lo relativo al desenvolvimiento de casos como Odebrecht y Reficar; qué determinará la Corte Constitucional sobre los proyectos de salud y pensiones objetados por el Gobierno; las reformas penales en materia anticorrupción; si hay chance de frenar los brotes de fiebre aftosa; qué pasará con el proceso de rescate del tesoro del Galeón San José; el futuro de los pleitos contra Colombia en la Corte de La Haya; la delicada subasta del espectro electromagnético; la persecución a alias ‘Otoniel’, cabecilla del Clan del Golfo; el ritmo de ejecución de los proyectos de infraestructura de Cuarta Generación…
En fin, la agenda para los próximos doce meses es muy complicada, tanto en lo político, electoral, económico, social e institucional… Todo ello en medio de una altisonante contienda proselitista para Congreso y Presidencia. Como ya se advirtió, el país tiene que prepararse para un año telúrico en todas esas materias.
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