Propone que dichos beneficios no cobijen a delitos de lesa humanidad, contra menores y a quienes se hayan acogido a la Ley de Justicia y Paz.

PARA AJUSTAR la política criminal y carcelaria en Colombia, evitar los altos índices de hacinamiento en las cárceles y ayudar a que los reclusos puedan gozar de condiciones dignas, han revivido en el Congreso el proyecto de Ley 3 de 2010, “Por la cual se concede una rebaja de penas con motivo del Bicentenario Nacional”.

La iniciativa de autoría de la hoy ex senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal, que fue radicada el 20 de julio del año pasado y fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera del Senado en octubre del 2010, cuenta con ponencia favorable, radicada por el presidente del Congreso Juan Manuel Corzo, para segundo debate.

Los senadores Corzo y Roberto Gerlein, ambos del Partido Conservador, proponen en la ponencia que dichos beneficios sólo cobijen a los delitos simples y no a los de lesa humanidad, contra menores y a quienes se hayan acogido a la Ley de Justicia y Paz. Al respecto, el senador Corzo señaló que no se trata de una iniciativa caprichosa, sino que nace de un estudio riguroso de política criminal entre profesionales del Derecho y la Academia.

Con base en argumentos académicos, jurídicos y con el apoyo de la jerarquía católica y su política de reconciliación, así como de organizaciones de Derechos Humanos, esta iniciativa contempla la reducción de tan solo una quinta parte de la pena.

Corzo plantea en su ponencia en el 2010, una proposición aditiva que excluye de este beneficio a los procesados o condenados, por más de 200 delitos, entre los cuales se encuentran genocidio, lavado de activos y prevaricato, entre otros, y sólo deja por fuera de estas salvedades los delitos menores. En su discusión y aprobación en la Comisión Primera, algunos Senadores consideraron que este artículo afectaba el derecho a la igualdad, por lo que dejaron finalmente el "beneficio general".

El Arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC) les había encomendado a los senadores Corzo y Gerlein, ayudar a los presos de Colombia, a quienes se les vulneran los derechos humanos en las cárceles.

En una carta del 20 de septiembre de 2010, Salazar le pidió al senador Corzo apoyar la propuesta de la CEC de “rebaja de pena a los internos de todas las cárceles del país”, la cual se trata de una “verdadera manifestación de solidaridad con uno de los sectores más excluidos”.

De otro lado, en el análisis de los informes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, elaborado por el Comité de Derechos Humanos, que examinó el sexto informe de Colombia en las sesiones del 15 y 16 de julio de 2010, el Comité se pronunció sobre la importancia de adoptar medidas para reducir el hacinamiento carcelario en Colombia.

“El Comité observa con preocupación la alta incidencia de hacinamiento y las quejas de tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros penitenciarios y en lugares de detención temporal”, señala el informe, que también se refiere a la falta de servicios de salud física y mental para los internos, entre otros, y el cual fue tenido en cuenta en la elaboración del proyecto de ley.