Los ministros y altos funcionarios del Gobierno han sido alertados en torno a la cautela que deben tener en los próximos meses, incluso antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías Electorales (que inicia el 10 de noviembre). Según conoció EL NUEVO SIGLO es claro que en medio del arranque de la campaña electoral para los comicios de Senado y Cámara, que se realizarán en marzo próximo, muchos congresistas aprovechan cuanta visita de ministro o alto funcionario a sus respectivos fortines políticos para tratar de figurar como impulsores de obras, proyectos y programas. La precaución creció luego de que varios congresistas advirtieran en altas instancias de la Casa de Nariño que algunos senadores y Representantes estaban circulando fotos en las que se ven ‘ganando vitrina’  con ministros y altos funcionarios de su propio partido o, peor aún, de otras colectividades.

Alerta por tensión Antioquia-Chocó

En el alto gobierno ya existe preocupación por la forma en que los sectores gubernamentales de Antioquia están reaccionando al mapa publicado por el Instituto Colombiano Agustín Codazzi en donde el corregimiento de Belén de Bajirá pasa a jurisdicción chocoana y deja de ser parte del municipio paisa de Mutatá. El jueves pasado, con el liderazgo del gobernador Luis Pérez; el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez; el presidente de la Asamblea Departamental, Bayron Cano y  el presidente del Concejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, se inició la llamada “firmatón” con la que los paisas quieren reunir un millón de respaldos ciudadanos exigiendo que se reverse la decisión del Agustín Codazzi y que sea el Congreso el que defina la jurisdicción territorial de Belén de Bajirá y otros tres corregimientos que pasaron a Chocó. Para altas instancias de la Casa de Nariño la reacción antioqueña es muy preocupante, porque en Chocó ya hay voces que están proponiendo hacer lo propio para frenar el ‘imperialismo’ paisa.

El ‘carrusel’ de impedimentos (I)

A raíz de lo ocurrido el martes pasado, cuando gran parte de la plenaria del Senado, en el último día de sesiones, se fue en la ‘eterna’ votación, uno por uno, de una gran cantidad de impedimentos de congresistas en relación con el proyecto que bajaba de 12 al 4 por ciento los aportes de los pensionados al servicio de salud, se avecinaría una nueva reforma constitucional para definir con más precisión al ámbito y alcance de los conflictos de interés de los parlamentarios a la hora de votar determinada iniciativa. Aunque todos los senadores en la sesión del martes recordaron que el Consejo de Estado ya había sentado suficiente jurisprudencia sobre la materia, en especial recalcando que cuando se trata de derechos o normas de alcance general no opera este clase de restricción para los parlamentarios, lo cierto es que los senadores prefieren ‘curarse en salud’ y declarar el impedimento.

El ‘carrusel’ de impedimentos (II)

Sin embargo un senador de La U, en charla off the record con varios periodistas, trajo a colación que en 2011 el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, impulsó un acto legislativo que “inaplicaba” el régimen de conflicto de intereses de congresistas cuando participaran en debates y votaciones de actos legislativos, norma que la misma Corte Constitucional, un año después, declaró inexequible bajo el argumento de que dicho acto legislativo sustituía la Carta Política porque el Congreso no tenía competencia para expedir una reforma de ese tenor. “… Si eso es tratándose de actos legislativos, imagínese si hubiéramos hecho caso a los colegas que pedían votar y negar en bloque los impedimentos respecto a un proyecto de ley sobre aportes a la salud de los pensionados… Esto hay que ajustarlo, siempre decimos lo mismo cuando hay una cascada de impedimentos y después no pasa nada… Esperemos que en el segundo semestre la reforma por fin llegue”, dijo el senador que fue uno de los pocos en advertir en la plenaria que no se expondría a una posible demanda por pérdida de investidura.