Posconflicto: sin definir papel de personerías | El Nuevo Siglo
Foto tomada de Fenalpe
Jueves, 30 de Marzo de 2017
Redacción Política

El rol de las personerías en la etapa del posconflicto sigue pendiente de definir y para ello han sostenido reuniones con el Gobierno, específicamente con el Ministerio del Posconflicto, en las cuales éstas han insistido también en la necesidad de sacar adelante el proyecto de ley para su fortalecimiento, que sería radicado en el Congreso en el primer semestre de este año.

El director Ejecutivo de Fenalper (Federación Nacional de Personeros de Colombia), Camilo Fonseca, le dijo a EL NUEVO SIGLO que  “hemos tenido conversaciones con ellos, es importante tener otra mesa técnica donde podamos trabajar sobre la inclusión de las personerías en los proyectos del Ministerio y adicional el apoyo a la iniciativa legislativa de la capacidad de las personerías, con especial atención a las personerías de las zonas veredales”.

Con el mismo propósito de definir el rol de las personerías en el posconflicto tuvieron una mesa de trabajo con el Procurador General de la Nación, con los alcaldes de las zonas  veredales y sitios de normalización.

En este sentido uno de los puntos sobre la implementación de los acuerdos de paz sobre el cual las personerías, como parte del Ministerio Público, quieren claridad es cómo va a ser su participación en los planes de desarrollo rural con énfasis territorial en los municipios seleccionados,  en lo que tiene que ver con la garantía efectiva de derechos de los ciudadanos en distintos escenarios.

Fonseca explicó que “un poco lo que nos interesa es que las personerías puedan fortalecer su rol de control social y participativo desde el modelo preventivo. Y hacia allá se está brindando el proyecto de ley para dar mayores fortalezas a las personerías desde el control preventivo que pueden hacer en lo territorial y fortalecer su capacidad”.

A las personerías también les dieron competencias en el posconflicto para hacer el seguimiento a toda la vulneración de derechos dentro de las zonas de concentración y el área rural que las rodea.

Además, dijo Fonseca, tendrán que acompañar el proceso de desarme y desmovilización y, a futuro, el mismo proceso de participación política de 2018.

De igual forma los acuerdos de paz de La Habana traen para las personerías nuevos escenarios, como es la creación del sistema de alertas tempranas, lo que implica mejorar los canales de comunicación con esta representación del Ministerio Público en las regiones para que logren advertir a tiempo sobre la vulneración de derechos humanos que se puedan presentar.  

 

Proyecto de ley

Fonseca indicó que están prestos  a participar si hay necesidad de hacer ajustes al proyecto de ley para el fortalecimiento de las personerías, el cual en este momento está en el despacho del procurador Fernando Carrillo. La meta es que esta iniciativa sea radicada en el primer semestre de este año en el Congreso para que sea tramitada por la vía del fast track.

El contralor Edgardo Maya comparte la necesidad de este proyecto de ley que les dará autonomía financiera y administrativa a estos organismos

Al respecto, Maya dijo que  “se ha planteado desde hace rato: tienen que quedar por fuera del alcance del alcalde municipal, pues tal y como operan las cosas en la actualidad, las personerías viven sometidas a la simpatía o no del mandatario de turno, que es el que define su presupuesto. Hay que dotarlas y darles independencia, porque representan la legitimidad del Estado”.

Mientras que el director de la Unidad de Víctimas, Alan Jara, subrayó que “el contralor Maya y Fenalper hablan de una ley especial que les permita ser independientes y tener dientes para cumplir su trabajo. Eso necesariamente es con recursos y aquí tiene que haber colaboración internacional y el compromiso de muchas entidades para hacer presencia efectiva en lo local y lo regional”.

Dicho proyecto de ley fue radicado por primera vez en 2013 con el respaldo del entonces procurador Alejandro Ordóñez; del representante del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, y un grupo de congresistas.

No obstante se hundió en la Comisión Primera de Senado porque en esa ocasión el Ministerio de Hacienda no le dio su aval por el tema de costos. El senador Eduardo Enríquez Maya le dijo a EL NUEVO SIGLO en calidad de coordinador ponente, que “el Gobierno no le dio el aval. El proyecto de ley más o menos tenía una inversión de $157 mil millones, y el Gobierno manifestó no estar de acuerdo con ese dato”.