En la creación de una Corte única y en la eliminación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) insistirá el partido Centro Democrático en los próximos meses. Esta fue una de las conclusiones del encuentro del partido de Gobierno realizado la semana pasada en Paipa, Boyacá.

“El partido muchas veces hace objeciones y apoyará para que por lo menos haya modificaciones en la JEP y se proceda, de una forma diligente, para que esa reforma salga. La eliminación de la JEP surge como un tema de la valoración política que algunos hacemos de la misma”, manifestó el senador y exPresidente Álvaro Uribe, jefe natural de la colectividad.

“Eliminar o, por lo menos, reestructurar la JEP hace parte de uno de los 78 puntos programáticos del Centro Democrático. Insistimos en el Partido, en que hoy no tenemos las mayorías políticas para lograrlo, pero no por eso dejamos de mencionar y de ser incisivos con el tema”, añadió el exmandatario, quien reiteró que cree en una Corte única.

“Yo creo en una Corte única que le devuelva toda la majestad a la cúpula de la justicia, que seguramente hoy no tiene posibilidades. Pero tenemos que seguir arando y abriendo ese camino. Buscando luces para ese camino. Creo, y ojalá haya ahora, en una reforma de algunos temas para acercar más la justicia a los ciudadanos, que ayude desjudicializando temas, que le de mucha fuerza a los consultorios jurídicos y a las cámaras de conciliación, temas que ya ha ensayado el país pero que deben profundizarse”, indicó el exmandatario que expresó su respaldo al Gobierno.

“El presidente Duque y su equipo gobiernan con transparencia, a defenderlos con valor. La colección de infamias en mi contra no puede afectar al Centro Democrático que debe trascender más allá de mi coyuntura, frágil como el promedio humano”, dijo.

No obstante, estas iniciativas no parecen tener eco en el Ejecutivo ni tampoco en el resto de bancadas del Congreso. Se conoció que la ministra del Interior, Alicia Arango, expresó en el encuentro que el Gobierno por el momento no los acompaña. Incluso, en el borrador del proyecto de reforma a la administración de justicia, que fue socializado en días pasados con congresistas de las comisiones Primera del Senado, así como con la Cámara de Representantes y, que será presentado próximamente, no están incluidos estos temas.

Como informó EL NUEVO SIGLO, el proyecto de reforma propone de manera excepcional y transitoria conferir funciones jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje y centros de conciliación, en asuntos en los que acudan las partes por mutuo acuerdo o en los asuntos declarativos en los que no se manifieste ninguna oposición a la solicitud.

Establece, además, que para salvaguardar el precedente jurisprudencial cuando se trate de resolver la revisión de tutelas contra providencias judiciales proferidas por las altas Cortes en las que se debata la aplicación de precedentes fijados por ellas, se adelantará el incidente de consulta ante los presidentes de las tres altas cortes, previamente a proferirse el fallo, en los términos que establezca la ley.

Contempla, así mismo, que en la composición de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la mitad de sus miembros provendrá de la Rama Judicial y la otra mitad se distribuirá en equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional y la Academia. También señala que los magistrados de las altas cortes serán elegidos para períodos individuales de 12 años y que no podrán ser reelegidos y estipula el requisito de “tener la edad de cincuenta años o más y haber desempeñado, durante veinticinco años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, así como haber ejercido, con buen crédito, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas”.