La emergencia generada por el covid-19 ha significado un reto sin precedentes tanto para las instituciones encargadas de atender esta situación, como para la población en general, que ha debido observar condiciones de cuarentena y aislamiento preventivo.
Para atender esta emergencia ha sido necesario invertir recursos originados en diversas fuentes locales, nacionales e incluso internacionales, dejando de priorizar la destinación de recursos para otras necesidades o proyectos de inversión, impactando de manera directa la economía nacional.
Algunos cálculos indican que la economía podría contraerse hasta un 7.9% en el año 2020 (1), es decir, el peor desempeño de la economía colombiana en toda su historia. Aunado a lo anterior, aunque todavía no son claras todas las repercusiones sociales de esta pandemia, ya es evidente que entre sus efectos nocivos se encuentra el desempleo y la profundización de la pobreza.
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Los recursos dispuestos por el Estado buscan mitigar el impacto de la pandemia y propenden por salvaguardar la vida de los colombianos, por lo tanto, toda irregularidad en relación con el manejo de estos dineros pone en riesgo la vida de las personas.
La desviación de recursos de atención a la crisis afecta la confianza pública, debilita la gestión institucional y genera más incertidumbre sobre las salidas sociales, económicas y políticas a esta situación. Así las cosas, la lucha contra la corrupción debe ocupar un lugar central en la atención de la emergencia puesto que, no solo contribuye a un uso más eficiente y oportuno de los recursos sino, también, a garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud, alimentación y educación; así como el derecho de acceso a información pública sobre el manejo de los recursos.
A partir de la declaratoria de emergencia en marzo del presente año, Transparencia por Colombia promovió la conformación de la alianza Ciudadanía Activa, con los Ojos puesto en los recursos Covid-19, buscando asumir desde la sociedad civil un rol activo, articulado y propositivo que contribuya a transparentar el uso de los recursos así como alertar sobre posibles irregularidades en el manejo de éstos y sobre las debilidades en los diseños institucionales dispuestos para la atención de la crisis.
Esta alianza conformada por nueve organizaciones sociales (2) con el conocimiento y experticia en el desarrollo y puesta en marcha de iniciativas de lucha contra la corrupción, ha concentrado la labor de monitoreo y control social a los recursos invertidos a nivel nacional y en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y también en Bogotá D.C., recogiendo los resultados en tres informes de seguimiento y análisis. (3)
El monitoreo periódico a la contratación ha permitido identificar varias circunstancias que pueden llevar a riesgos de corrupción en la atención de la crisis Covid-19 en el inmediato, corto y mediano plazos. Entre éstas se encuentran las dificultades de acceso a la información pública, que se pueden convertir en barreras a la información oportuna y de calidad, fomentando la opacidad de la gestión pública; bajos niveles de transparencia presupuestaria que dificultan la rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos para atender adecuadamente la emergencia; debilidades en la estructuración de programas de asignación y uso de ayudas y beneficios y, acción descoordinada, o reactiva más que preventiva, de los órganos de control e investigación, limitando la intervención oportuna.
Resultados
Respecto a la contratación pública, luego de cuatro meses de seguimiento periódico a los contratos registrados en la plataforma del Servicio Electrónico de Contratación Pública SECOP (I y II) y la Tienda Virtual, (entre el 16 de marzo y el 17 de julio), se han encontrado 19.882 contratos celebrados para atender la pandemia Covid, con una inversión aproximada de 2.5 billones de pesos.
Esta cifra pone en relieve la falta de claridad sobre los recursos que efectivamente se han reservado para atender la pandemia toda vez que, según el Ministerio de Hacienda, se han destinado $7,1 billones para atención en salud y $4,7 billones para atención humanitaria, entre otras categorías de inversión. Si bien no toda la contratación se reporta a través de la plataforma de SECOP, llama la atención la diferencia de montos reportados en esta y las cifras dadas por el Gobierno Nacional.
Este monitoreo ha evidenciado el uso continuo de la contratación directa, modalidad que, aunque permite acelerar los procesos contractuales, también puede ser usada de manera discrecional para manipular la contratación y pasar por alto principios como la objetividad, economía e idoneidad de los contratistas. En efecto, de los 19.882 contratos analizados, el 85% fue contratación directa.
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De estos contratos, el 36% se celebraron bajo la causal de urgencia manifiesta. En cuanto a los montos, los contratos de urgencia manifiesta concentran el 63% del total de recursos invertidos a la fecha de este análisis (aproximadamente 1,5 billones de pesos).
El monitoreo también ha permitido evidenciar sobrecostos particularmente en la adquisición de elementos de bioseguridad y kits de alimentación. Además, se han encontrado alertas sobre contratistas que no cumplen con criterios de idoneidad, empresas sin experiencia previa en contratación pública y/o sin Registro Único de Proponente (RUP).
Estos hallazgos y alertas son una forma de proteger los recursos públicos desde el ejercicio del control ciudadano. Pero estas acciones quedan incompletas si no se cuenta con la voluntad, el compromiso y la conciencia pública, tanto de las entidades contratistas como de quienes contratan para proteger y usar eficientemente estos recursos, rendir cuentas sobre éstos y aplicar la máxima transparencia en estos procesos, entendiendo que así también se salvaguarda la vida de los colombianos.
(1) Fedesarrollo (2020). Fedesarrollo pronostica una contracción de la actividad económica en el rango de -2,7% a -7,9% en 2020. Comunicado de Prensa. Disponible en: https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/DocumentosTrabajo/2020-04-21_comunicado_de_prensa_-_pronostico_pib_2020.pdf
(2) Transparencia por Colombia, Corporación Región, Foro Costa Atlántica, FUNCICAR, Corporación Cívica de Caldas, Cordupaz, Corporación VIGÍA Cívica, Comité Transparencia por Santander y la Alianza por una Cali más Transparente y Participativa.
(3) Los informes se pueden descargar en el siguiente enlace: https://transparenciacolombia.org.co/ciudadania-activa-covid/