Las lecciones para la Policía después del caos en Bogotá

Foto AFP

La muerte del Ingeniero Aeronáutico y estudiante de último semestre de Derecho Javier Humberto Ordóñez se convirtió para la Policía Nacional de Colombia en uno de los episodios más dolorosos y, a la vez, vergonzosos de las últimas décadas.

Lo que comenzó en la madrugada del pasado martes como un procedimiento policial de rutina, con el paso de las horas se transformó en una especie de bola de nieve en la medida en que se iban conociendo más y más detalles del abuso policial, a juzgar por los videos, fotos y testimonios que se han conocido a cuentagotas.

Y aunque son las autoridades judiciales las que tienen que orientar la investigación y los jueces de la República quienes, en últimas, determinen la responsabilidad de los dos uniformados directamente comprometidos en la muerte de Ordóñez y cinco uniformados más que fueron vinculados al proceso, es claro que la imagen institucional de la Policía quedó en entredicho.

Pero a diferencia de otros episodios en los que el exceso de la fuerza policial ha sido duramente cuestionado, como sucedió el año pasado cuando el estudiante Dilan Cruz falleció tras recibir un disparo de escopeta lanzado por un miembro del Esmad en medio de una manifestación por las protestas sociales del año pasado, esta vez la Policía tuvo que pedir perdón públicamente.

Tal vez el único antecedente similar se dio en marzo de 1993 cuando una niña de nueve años fue violada y asesinada por un uniformado dentro de la Estación de Policía del barrio Germania, pleno centro de Bogotá.

La menor, hija de otro policía del mismo puesto policial, llegó con su madre a buscar al papá, y en un descuido de la mujer la niña se le perdió de vista.

Casi dos años después el agente Diego Fernando Valencia Blandón fue condenado a 45 años de cárcel tras admitir su responsabilidad en el crimen, pero solo pagó menos de 15 “por buen comportamiento”.

Con todo, el entonces director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano Cadena, pidió perdón a la familia de la niña y al país por lo ocurrido.

“Sé que no se puede reparar, de manera alguna, el daño ocasionado a la niña ni a su familia, pero es la demostración palmaria de nuestra voluntad de erradicar todas las manifestaciones criminales, pero particularmente aquellos que puedan tener origen en la propia Institución”, dijo Serrano un a mañana de octubre de 1995.

Hoy, el presunto abuso de autoridad policial tiene a la Institución en uno de sus peores momentos de los últimos años, no solo porque fue el propio director de la Policía y el Ministro de la Defensa quienes tuvieron que salir a pedirle perdón a la familia y al país apenas tres días después de la muerte de Ordóñez, sino por los señalamientos que reclaman una reforma estructural.

Pero la muerte del Ingeniero Ordóñez se convirtió en pocas horas en una espiral de violencia en todo el país, justo en el Día Nacional de los Derechos Humanos, que cobró la vida de otras once personas y miles de millones en pérdidas.

Sin embargo, y contrario a lo que pudiera pensarse, estas crisis no son endémicas de la Policía colombiana sino que ha sido el detonante de muchos movimientos sociales en todo el mundo. Basta recordar lo que sucedió con los ‘camisas amarillas’ en Francia, la violencia racial en Estado Unidos, o los recientes desmanes en Bielorrusia y e nuestro vecino Chile, entre decenas de ejemplos.

“Estos hechos recientes de violencia tienen lo que pudiera llamarse un  origen multicausal, aunque naturalmente el detonante inmediato es el uso homicida de la fuerza pública”, sostiene el analista y catedrático de la Universidad Central, John Mario González.

En su criterio, el trasfondo corresponde a una sociedad con altos niveles de violencia y homicidios que si bien han disminuido en los últimos años, siguen siendo de los más altos en América Latina y el mundo.

Pero, dice el experto, en verdad es toda una amalgama de circunstancias en ebullición que va desde la crisis económica y social producto de la pandemia, hasta el sentimiento de zozobra y desesperanza acumulada ya por varios años, “y obvio, la presencia de actores criminales y anarquistas siempre dispuestos a exacerbar la violencia”, sostiene.

Institucionalidad y legitimidad

Lo más grave de la nueva crisis que afecta a la Policía nacional es el manejo político que se le ha querido dar a una situación como estas “en la que están comprometidos dos uniformados entre 180 servidores que tiene la Policía”, al decir del analista en Defensa y Seguridad Nacional, John Marulanda

Este militar retirado y consultor se lamenta de que una situación que, a su juicio, puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, en nuestro caso “reviva el viejo anhelo de la izquierda que es reformar a la Policía”.

Marulanda sostiene que sin desconocer la gravedad de la situación, “por encima de cualquier circunstancia está la institucionalidad”.  

Se refiere a que, según él, en los países donde ha gobernado la izquierda –cita los casos de Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Cuba y Nicaragua-, se ha querido convertir a la Policía en un cuerpo político, sin fuero penal militar”.

En ese sentido dice que como en cualquier institución policial en el mundo “las manzanas podridas hay que retirarlas, hay que hacer las reformas estructurales que se necesiten, pero preservar por encima está preservar una institucionalidad centenaria”.

Marulanda descalifica las intenciones de diferentes sectores que miran este tipo de situaciones con criterio político y no con la objetividad institucional que demanda una Institución que a pesar de sus fallas operativas aún goza  de un amplio reconocimiento en la sociedad.

“Es justo reconocer que gran parte de la ciudadanía aún respalda a la Policía, y eso lo vimos esta semana: en mucha partes de Bogotá y Medellín, y en otras ciudades, la misma ciudadanía salió a proteger a sus policías para evitar que fueran agredidos por los violentos. Es que la Policía sigue siendo una Institución básica para la seguridad nacional”, sostiene.

No obstante, su idea de que las falencias institucionales comienzan desde la cuna “por la mala formación que recibe buena parte de la sociedad colombiana desde la cuna”, no es compartida por Fabián Sanabria, Doctor en Sociología de la Universidad de La Sorbona, de París.

El problema, dice este catedrático, es la pérdida de la confianza ciudadana en sus instituciones. “En una sociedad tan polarizada como la nuestra, cuando la institución que debe proteger a los ciudadanos termina agrediéndolos, se pierde la confianza y ello implica un proceso muy complejo de recomposición”.

Muestra de ello, agrega Sanabria, es que cada vez que ocurren movimientos de inconformismo social en el país se anuncian reformas “de fondo”, pero que se van diluyendo y quedando en el olvido.

“La indignación crece cuando se conocen detalles que causan estupor, como que el abogado Ordóñez murió por golpes contundentes, o que la Policía disparó armas de fuego contra la población.

“Cuando se pierde la confianza en las instituciones, se pierde la gobernabilidad, y sin gobernabilidad las instituciones son ruedas sueltas”, asegura.

Por eso explica que los diferentes movimientos sociales que han transformado el mundo comienzan a partir de la desconfianza y la pérdida de credibilidad en los mecanismos jurídicos legales.

“Nuestra sociedad es violenta, pero es cierto que si lo somos es porque se ha perdido la confianza en las instituciones. Ahí es cuando se necesitan reformas estructurales de fondo, pero con diálogo social, no impuestas por un pequeño grupo de expertos”.

De la confianza y el respeto social

Otro experto que considera que preservar la institucionalidad de la Policía Nacional es fundamental para la sociedad, es Pedro Medellín Torres, académico y director de la Escuela Superior de Administración Pública, Esap.

Medellín, al igual que los otros expertos consultados por EL NUEVO SIGLO, es de la opinión de que la primera tarea que debe emprender el Gobierno para reconstruir esa institucionalidad es recobrar la confianza del ciudadano en sus instituciones.

El analista cree que las crisis por el abuso del poder y el uso desmedido de la fuerza “es un fenómeno global que se da en China como en Francia, en Estados Unidos, donde los ciudadanos ya no soportan los desmanes policiales”.

Más aún, este catedrático considera que ha faltado tacto en el manejo de situaciones coma las que hoy vive la Policía en Colombia, sobre e la era de la inmediatez de la información gracias a los avances tecnológicos y digitales.

“Las sociedades están muy polarizadas y la gente vive en tal grado de crispación que con solo una pequeña chispa se puede generar un gran incendio. Y eso es lo que no se está valorando adecuadamente”, señala.

Fenómenos como las redes sociales, donde cualquier información en segundos se vuelve viral y es retransmitida sin verificar su autenticidad, es un arma de doble filo, que así como puede ayudar a las autoridades en su labor misional, también puede convertirse en un bumerán, advierte Medellín Torres.

Claro, el director de la Esap reconoce que la institucionalidad tiene que cumplir su misión constitucional porque esa es su esencia en toda sociedad.

“El asunto es uno solo: tiene que cumplir su misión respetando el marco legal y las reglas de juego y de respeto a la sociedad. Y la exigencia es más fuerte porque tiene que mantener la protección de las personas y preservar la salud de la Institución, de lo contrario se pierde el objetivo”, destaca.

Concluye Medellín que si bien el hecho de que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional salieran a pedir perdón  por la muerte del abogado Ordóñez es un acto de “gallardía institucional, pero no es suficiente para recomponer la imagen y el buen nombre institucional”.

A pesar de la arremetida violenta en varias ciudades del país, la Policía Nacional continuó protegiendo las instalaciones policiales en todo el país. 

Las fuentes consultadas recuerdan que esta no es la primera vez que la Policía Nacional se ve envuelta en una situación tan delicada como la actual, ni tampoco es la primera ocasión en que se anuncian reformas estructurales de fondo.

Reformas pasan por el Congreso

Tras la muerte del abogado Javier Ordóñez son muchas las voces que reclaman nuevamente una reforma estructural de la Policía Nacional.

De hecho, ya en el Congreso de la República se habla de llevar desde un proyecto de ley hasta un acto legislativo para hacer los ajustes institucionales del caso.

En el proyecto de ley, por ejemplo, se habla de crear nuevas cátedras de en derechos humanos para los uniformados, hasta mejorar y depurar el proceso de selección de los futuros cadetes, suboficiales y patrulleros.

También temas como convivencia ciudadana, resolución de conflictos y hasta el manejo de ciertas armas como las polémicas pistolas Tasar.

Pero quizás uno de los temas que, sin duda, generará mayor controversia tiene que ver con la propuesta que impulsan varios sectores de izquierda para que la Policía, como cuerpo civil que es, pase bajo el mando del Ministerio del Interior y no continúe como hasta ahora que depende del Ministerio de Defensa.

Ello implicaría que los miembros de la Institución ya no cuenten con el fuero penal militar propio de las Fuerzas Militares, sino que se regirían por la jurisdicción ordinaria, es decir la Fiscalía General de la Nación.

Más de medio centenar de CAI y estaciones de Policía fueron destruidos en las dos jornadas de violencia que se vivieron en todo el país.

También se necesitarían hacer cambios constitucionales en materia disciplinaria para evitar la colisión de competencias que se registra cada vez que hay un hecho grave que deba ser llevado a los estrados judiciales.

De estos y otros temas se espera que en los próximos días se pronuncie el Gobierno nacional luego de la reunión que sostuvieron el viernes pasado el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López.