Hasta el momento el accionar del Congreso de la República frente a la dictadura ha contemplado debates de control político al gobierno de Iván Duque por las determinaciones que ha tomado frente a esas crisis y pronunciamientos aislados de algunas bancadas como el Centro Democrático y la conservadora censurando el régimen del vecino país.

No obstante se está planteando que el Legislativo también tome cartas en el asunto elaborando una lista negra con personas y empresas afectas a Nicolás Maduro, contra las cuales se tomarían medidas sancionatorias como prohibir realizar negociaciones comerciales con estas o sus familiares y toma de posesión temporal de sus bienes mientras vuelve la democracia a Venezuela.

El grupo de Lima integrado por 14 países de la región, entre estos Colombia, más Canadá, ha tomado una serie de medidas para estrechar el cerco diplomático al gobierno de Nicolás Maduro, no obstante en materia de sanciones económicas ha sido cauto. Por ejemplo se estudian restricciones al otorgamiento de préstamos al régimen en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.

Una medida que ya está en marcha es impedir en los países del Grupo de Lima la entrada de altos funcionarios del régimen venezolano. En ese sentido a finales de enero pasado Migración Colombia anunció que más de 200 personas colaboradores de la dictadura de Nicolás Maduro no podrán ingresar al territorio colombiano.

El proyecto de ley (No. 96 de 2018 Senado) en cuestión que fue radicado el año pasado por parlamentarios del Partido Cambio Radical y agendado para hoy en la Comisión Primera del Senado para su estudio y votación, tiene por objeto prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la cúpula del régimen venezolano.

La iniciativa establece que el Congreso de la República expedirá un listado denominado ‘Lista por la Restauración de la Democracia en Venezuela’, la cual será elaborada por unas comisiones accidentales que serán creadas por las mesas directivas del Senado y de la Cámara. Dichas células se denominará cada una ‘Comisión por la Restauración Democrática en Venezuela’.

La citada lista está conformada inicialmente por 87 personas naturales y 26 empresas consignadas en un anexo de dicho proyecto de ley, entre las que se destacan el canciller Jorge Arreaza; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, y Nicolás Maduro, presidente.

En cuanto a las empresas venezolanas que aparecen en esta primera la lista negra que contiene el proyecto de ley están, entre otras, Constructora FR de Venezuela, Banco Internacional de Desarrollo, Servicios Tecnológicos Industriales e Inversiones Malamar R CA.

El proyecto dispone que las personas jurídicas que se encuentren bajo la inspección, vigilancia y control del Estado colombiano y que sean susceptibles de ser parte o intermediarios de negocios jurídicos civiles o comerciales, deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de contratación o negocio jurídico con “las personas individualizadas en la lista; el ámbito familiar de las mismas hasta el cuarto grado consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil; y sus posibles testaferros”.

Además el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo deberá reportar inmediatamente cualquier actividad, negocio jurídico, o acto jurídico relacionados con las personas individualizadas en la lista.

Todo bien que haya sido detectado como perteneciente a cualquiera de las personas relacionadas deberá ser objeto de las medidas cautelares, como es la posesión temporal, hasta tanto se restaure la democracia en Venezuela.

Los bienes de las personas que sean condenadas en procesos judiciales relacionados por delitos de narcotráfico y lavado de activos y que se encuentren relacionados en la lista podrán ser trasladados a un fondo con el fin de prestar ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos.