“Las comunidades del corregimiento El Tarrita y de Brisas del Tarra, de Ábrego, en Norte de Santander, nos manifestaron su preocupación por un posible represamiento de tierra y roca en la parte alta de la montaña”, contó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en visita de inspección a la zona donde ocurrió el desastre natural.

A casi un año de los hechos acaecidos entre los municipios de Ábrego y Villa Caro, aún no han sido brindadas soluciones de fondo que permitan garantizar la vivienda segura, sostenibilidad económica y educación integral para los damnificados.

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Genera preocupación a la Defensoría del Pueblo, expresó Camargo Assis, “la información entregada por la comunidad, pues el inicio de la temporada invernal alerta una posible emergencia que podría poner en alto riesgo la vida de las comunidades, máxime que han venido retornando a la zona, debido a que este año no han recibido los apoyos para el restablecimiento de los derechos a una vivienda digna. Denuncian incumplimientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.

El llamado al Invías

Por otro lado, y velando por los derechos a la prevención de desastres, económicos, a la libre locomoción y al trabajo, la Defensoría le solicita al Instituto Nacional de Vías (Invías) ejecutar de manera efectiva las obras y proveer soluciones definitivas que garanticen el flujo permanente y seguro en la vía entre Cúcuta y Ocaña.

"Son indispensables medidas definitivas que salvaguarden la vida y el bienestar de los habitantes de los lugares afectados", remarcó Camargo Assis.

Los estragos ocasionados por el embate de la naturaleza

El 31 de mayo del 2023, a causa de las fuertes lluvias y la geomorfología de la zona, ocurrió una avenida torrencial, la cual generó el desbordamiento del río Tarra, entre los municipios de Ábrego y Villa Caro (Norte de Santander), que acabó con el corregimiento El Tarrita y ocasionó grandes daños y pérdidas en las veredas Brisas del Tarra, Quebrada del Paramillo y El Remolino.

La emergencia generó afectaciones a 146 familias (470 personas) y destruyó en su totalidad 35 viviendas (dejó con serias afectaciones a otras), siete puentes, vehículos y una de las instituciones educativas. Además, dejó incomunicados a los municipios que transitan la vía nacional entre Ocaña y Cúcuta, generando crisis en los sectores transporte y económico de la región.

“Por eso se hace necesario que les brinden soluciones efectivas a las familias afectadas, es prioritaria la garantía de una vivienda permanente y condiciones reales para su sostenibilidad”, enfatizó el Defensor del Pueblo.

La actuación de la entidad de derechos humanos

En defensa de los derechos de la población, en agosto del 2023 la Defensoría del Pueblo interpuso ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ocaña un mecanismo de protección para los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la libre locomoción, al mínimo vital y al trabajo, por el desbordamiento de la laguna El Molino, ubicada entre los municipios de Villa Caro y Ábrego.

Por transmutación, el mecanismo fue adecuado a una acción popular, que protegiera los derechos de un colectivo.