EL NUEVO SIGLO consultó diferentes voces con el propósito de conocer sus opiniones sobre el desempeño del organismo

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Esta semana la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el órgano de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las Farc, cumplió dos años de funcionamiento.

Su presidenta, Patricia Linares, hizo un balance de las labores adelantadas por el órgano judicial. Resaltó la realización de 82 audiencias en diferentes casos, 256 versiones presenciales y 43 versiones escritas de comparecientes. Igualmente, durante 2019, se produjeron aproximadamente 16.500 decisiones judiciales, “todas de la mayor importancia” que, en palabras de Linares, “constituyen precedentes que consolidan una jurisprudencia” que rige y orienta el trabajo de la JEP.

EL NUEVO SIGLO consultó diferentes voces con el propósito de conocer sus opiniones sobre el desempeño del organismo.

Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que  ha tenido un inicio accidentado. “Estos dos años de funcionamiento de la JEP se caracterizan por un inicio bastante accidentado con la cantidad de problemas de orden administrativo que se presentaron y ahora empieza a verse alguna agilidad en su funcionamiento”, expresó.

Arrubla señaló, no obstante, que esta jurisdicción no era necesaria. “Sigo pensando que era una jurisdicción que no era necesaria, que la justicia transicional la pudo haber cumplido perfectamente los jueces ordinarios, como sucedió con el proceso anterior y nos hubiéramos ahorrado una gran actividad presupuestal sino también administrativa. Eso lo podía haber adelantado una sala especial en los tribunales superiores y con una segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia sin necesidad de haber creado semejante andamiaje que desestructura el sistema jurídico colombiano”, expuso.

Cuestionó que “todo el mundo quiere pegarse a la JEP buscando beneficios. Penas más cortas, penas sustitutivas. Obviamente eso es mejor para el victimario, pero peor para la víctima porque no se opera una real satisfacción de la expectativa de castigo esperado. Hemos visto que todos los condenados de este país han querido acogerse"”.

Por su parte Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador general, destacó que los funcionarios de la JEP han “hecho unos grandes esfuerzos y están empezando a dar resultados. Veo que han tenido dificultades para el funcionamiento empezando porque se demoró el trámite de la ley correspondiente y les tocó un poco improvisar la forma de trabajar”.

Señaló que la metodología utilizada es compleja, pero tiene resultados positivos. “Lo complejo está manejar esos macroprocesos que los dividieron en siete, unos por secuestro, otros por falsos positivos. Manejar esos macroprocesos, por su complejidad, por el número de personas vinculadas y el número de víctimas no va a ser fácil. Uno pensaría que sería bueno que se repiense un poquito esa metodología para tratar de que no sea tan complejo, pero reconozco lo que han desarrollado”, expresó.

Afirmó que, a pesar de los avances, se debe tratar de priorizar y seleccionar con mayor rigor las personas que van a entrar o están solicitando entrar a la jurisdicción.

“Poner un filtro para la selección y priorización porque uno observa que mucha gente considera que estuvo dentro del conflicto, considera que tiene que estar en esta justicia. Deben ser rigurosos para evitar que gente que no tiene que ver con el conflicto esté tratando de entrar allí”, expresó.

Para el exfiscal general Mario Iguarán, la JEP ha superado las expectativas. “Lo de la JEP, con la experiencia, con el punto de referencia que tengo de la ley de justicia y paz, de la cual participé en su elaboración y su aplicación, debo decir que  ha superado todas las expectativas”, apuntó.

En ese sentido destacó, en primer lugar, “el buen número de desmovilizados que se han acogido. Segundo, las decisiones que se han tomado respecto a quienes no se han querido someter y ha ordenado su exclusión. Algunos en un momento dado llegamos a pensar que no iba a tener el carácter de excluir a quienes no se sometan a sus condiciones o continuaran en actividades delictivas”.

Sobre aspectos a mejorar, consideró que tiene que fortalecer “mucho el tema de la verdad. Por ejemplo, fortalecer la atención en materia de desaparecidos. Ahí se está esperando mucho más. Es poco lo que se ha dicho de quiénes secuestraron, dónde están los secuestrados que no regresaron a sus hogares”.

Entre tanto Ariel Ávila, subdirector de Paz y Reconciliación, dice que 2020 es un año clave para la JEP. “Este es un año definitivo,ya que al parecer hay bastantes avances. Espero que sobre el final del año y principios del próximo estemos viendo al menos dos de los principales casos que arrancó. Se viene una definición muy grande sobre el tema de terceros y el tema de paramilitares Muchos están pidiendo pistas, aporte de verdad y la JEP va a tener que tomar decisiones fundamentales y vamos a ver qué termina diciendo la Corte Constitucional”, dijo.

Manifestó, además, que “hay que hacer un balance sobre las demás instituciones del sistema de reparación, justicia y garantías de no repetición. En particular la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas. A la Comisión de la Verdad le queda muy poco tiempo”.

Señaló que el principal reto de la jurisdicción es “responderle a la ciudadanía con los temas de verdad. La ciudadanía está pidiendo procesos rápidos. El primer proceso contra las Farc es el tema de secuestro y de los falsos positivos de las fuerzas militares. El desafío de ellos es dar una muy buena resolución de esos dos fenómenos”.

 Y Camilo González Posso, director Indepaz, afirmó que la JEP ha tenido un avance importante. “Ha sido importante porque en un periodo tan corto lleva más de 12.000 hechos judiciales avanzados. De las personas vinculadas la mayoría son de las Farc, pero también hay un grupo de más de 1.500 personas. Están vinculando a terceros y están avanzando en montar este sistema de transición. Incluso, con un retraso que tuvieron por la demora en la ley estatutaria. Me parece que hay ahí una identificación de siete macrocasos”, indicó.

González expresó que se debe “pasar de las investigaciones a comenzar a producir algunos pronunciamientos judiciales con las correspondientes sanciones. Y en los macrocasos tienen el gran reto de pronunciarse en el macrocaso de secuestros y el de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Esos son los dos retos iniciales sobre los cuales esperamos noticias importantes a lo largo del año 2020”.