Ante pandemia: ¿en qué quedan los planes de desarrollo? | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 1 de Abril de 2020
Redacción Política
Congresistas de diferentes partidos le han solicitado al Gobierno nacional que, en el marco del Estado de Emergencia, suspenda el proceso de construcción de las hojas de ruta de alcaldes y gobernadores

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El 31 de mayo es el plazo final para que los concejos y asambleas del país aprueben los planes de desarrollo para los próximos cuatro años.

Sin embargo, la emergencia generada por la propagación del coronavirus ha hecho replantear el cumplimento del cronograma establecido.

En los últimos días congresistas de diferentes partidos han solicitado al Gobierno nacional que, en el marco de la emergencia social, se suspenda el proceso por los próximos meses.

La semana pasada 18 senadores, nueve representantes y 15 concejales bogotanos de distintos partidos políticos se unieron para hacer este pedido.

“Dentro de los principios que rigen al Estado colombiano, se encuentran la democracia y la participación, por lo que es necesario que el Presidente considere ampliar los plazos de formulación, revisión y aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales en el país, además de suspender los términos de ley en tanto cesa la medida de aislamiento preventivo obligatorio, con el fin de proteger estos bienes jurídicos superiores”, indicó el martes el concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo.

La representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, señaló que la decisión de suspender el proceso es “fundamental”.

Están próximos a vencerse, expresó, los “términos del proceso de aprobación de los planes de desarrollo territorial sin que se haya podido surtir bien el proceso de participación ciudadana por el Covid-19. Es fundamental que en la emergencia el Gobierno suspenda los términos para su aprobación”.

Miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado hicieron esta misma solicitud durante una sesión informal realizada por medios virtuales.

El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, manifestó que por la emergencia generada por el virus “las prioridades en los territorios han cambiado, y en consecuencia, se deben reestructurar muchos de los proyectos principales contenidos en los planes de desarrollo”.

Por su parte, Mauricio Gómez, senador del Partido Liberal, pidió que el trámite se aplace hasta finales de julio o el tiempo que se considere necesario debido a que las administraciones municipales “tienen volcada toda su capacidad institucional al cuidado humanitario y preparativos en atención hospitalaria. Los ejercicios de participación ciudadana se suspendieron por la cuarentena, por tanto, los planes deben reescribirse para responder a las necesidades, reasignación presupuestal, metas y proyectos en relación a la lucha contra la pobreza, reactivación económica y atención sanitaria".

 

Virtualidad

 

El 21 de marzo el presidente Iván Duque anunció la expedición de un decreto para que todas las sesiones de los órganos públicos se realicen de forma virtual, entre ellas sesiones de asambleas y concejos para la tramitación de los planes de desarrollo.

“Entre las medidas que permito informar que se autorizará la realización, de manera virtual de las sesiones del Congreso de la República y de las Altas Cortes, de las asambleas y concejos municipales, y de tribunales y juzgados”, señaló Duque.

El sábado se conoció en detalle el decreto 491 de 2020 que señala que se "podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva".

“Las convocatorias deberán realizarse de conformidad con los respectivos reglamentos y garantizar el acceso a la información y documentación requeridas para la deliberación. Las decisiones deberán adoptarse conforme a las reglas de decisión previstas en los respectivos reglamentos, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actas correspondientes a dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo de sus secretarios", subrayó el jefe de Estado.

 

Nueva realidad

 

La complejidad de la crisis por el Covid-19 ha obligado a los alcaldes y gobernadores del país a plantear ajustes a los planes, que son la hoja de ruta que establecen los programas, inversiones y metas para el cuatrienio 2020-2024.

Durante la presentación protocolaria de los conceptos del Consejo Territorial de Planeación Distrital al Plan de Desarrollo Distrital, hecha el martes por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que hoy la ciudad tiene una nueva realidad que deberá quedar plasmada en el proyecto.

López subrayó que la emergencia instó a Bogotá a anticipar aspectos de la iniciativa permitiendo que las “familias más vulnerables tengan un ingreso mínimo vital como está incluido en el Plan de Desarrollo”.

“Hacer un nuevo contrato social implica hacer cambios estructurales que se harán a lo largo de más de cuatro años y que permitirán reducir la de desigualdad, incrementar la sostenibilidad ambiental y redistribuir los beneficios de una manera más equitativa para reducir la pobreza”, dijo.

El secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, afirmó que tras mitigar la emergencia la acción del gobierno Distrital se debe centrar en la reactivación económica y social. “La Alcaldesa nos ha dicho que tenemos que repensar el Plan de Desarrollo. Este año miraremos cómo mitigar los efectos de la emergencia, pero los siguientes tres años tenemos que reactivar económica y socialmente a Bogotá”, expresó.

 

Cronograma

 

El cronograma para la aprobación de los planes de Desarrollo tiene cuatro pasos y fechas claves.

La primera es la consolidación del documento por parte del Consejo de Gobierno para presentarlo al Consejo Territorial de Planeación. Esta tarea tenía como plazo el 29 de febrero, que se cumplió. La segunda es la revisión por parte del Consejo Territorial de Planeación de dicho documento, cuya fecha límite fue ayer. La tercera es la radicación del texto ante el Concejo o la Asamblea correspondiente. El plazo límite es el 30 de abril. Y la cuarta es la discusión del articulado en la corporación correspondiente. El plazo límite es el 31 de mayo. Si no hay aprobación, el alcalde o gobernador puede aprobarlo por decreto.