Los impulsores de la iniciativa del referendo para derogar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) están pendientes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les autorice una prórroga para entregar 3.680.507 firmas que les permita se convoque a las urnas, pues ayer venció el plazo de seis meses para hacerlo.

En junio pasado la Registraduría Nacional del Estado Civil autorizó a un comité del movimiento Libertad y Orden, integrado en su mayoría por organizaciones de víctimas de la entonces guerrilla de las Farc, la recolección de firmas para promover un referendo que busca, entre otros, derogar la JEP y crear salas especiales en la Corte Suprema de Justicia para juzgar a los agentes del Estado y exguerrilleros de las Farc; derogar magistrados de las altas Cortes y también reducir el Congreso de la República.

El periodista Herbin Hoyos, uno de los impulsores de la iniciativa, dijo a EL NUEVO SIGLO que “hoy estaríamos radicando las firmas, pero como solicitamos una prórroga y ya se venció el plazo, y no nos lo han dado, nos mantenemos en espera de la decisión del Consejo Nacional Electoral”.

La Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, establece que “para que los mecanismos de participación ciudadana superen la etapa de recolección de apoyos, deben presentar ante la correspondiente Registraduría del Estado Civil la cantidad de apoyos determinadas en la Constitución y esta ley”.

“Para presentar una iniciativa de referendo derogatorio de una ley, se requiere del apoyo de un número de ciudadanos igual o superior al 10% del censo electoral en la fecha respectiva, es decir 3.680.507 firmas”, reza la norma.

Asimismo, la experiencia dice que se debe recolectar al menos un 20% más del número de firmas exigido, ya que en la revisión que hacen los expertos de la Registraduría Nacional, una importante cantidad es anulada por datos incompletos, falsos o erróneos.

En su momento, Hoyos indicó que “vamos a hacer una gran campaña de recolección de firmas para llegar a ese objetivo, que es la derogatoria de la JEP, la creación de una sala especial en la Corte Suprema para que la reemplace, dándoles garantías a los desmovilizados y cumpliéndoles todo lo que se les prometió. La única diferencia es que se tiene que hacer justicia”.

El citado referendo también pretende reformar la composición del Congreso de la República, que según la propuesta se reduciría a 80 senadores y 80 Representantes, actualmente son 280 integrantes en total. Aunque de estos 10 curules corresponden al Partido Farc y desaparecerán a partir de 2030 pues en esa época vence la vigencia que les dio el acuerdo de paz.

En los 28 años de vida de la actual Constitución solo el referendo que promovió el entonces presidente Álvaro Uribe llegó a las urnas, a pesar de las múltiples iniciativas que se han presentado, como es el caso de la cadena perpetua, el derecho al agua y el referendo reeleccionista que promovieron seguidores de Uribe para que se reeligiera por segunda oportunidad en los comicios de 2010.

El referendo que presentó Uribe en 2002 poco después de llegar a ocupar la Casa de Nariño se denominó “contra la corrupción y la politiquería”, que entre otras buscaba establecer el sistema unicameral, suprimir las contralorías departamentales y aumentar el régimen de inhabilidades de los congresistas.

Sin embargo, solo una de las 15 propuestas que votaron los ciudadanos fue aprobada al alcanzar la votación el 25% del censo electoral.