La Procuraduría General de la Nación pidió mantener vigente la condena de 16 años y cinco meses de prisión impuesta al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte Gómez, por su participación en el llamado ‘cartel de la toga’.
En audiencia de sustentación del recurso de casación, instaurado ante ese mismo alto tribunal por la defensa de Ricaurte Gómez, el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal indicó que la sentencia impuesta, tanto en primera como en segunda instancia, está debidamente sustentada en testimonios y pruebas valoradas en desarrollo del proceso penal, y por lo tanto no hay motivos para que sea revocada.
La defensa del expresidente de este alto tribunal presentó la sustentación del recurso con el que buscan tumbar la condena de 16 años en su contra por cohecho por dar y ofrecer, en medio de este entramado de corrupción.
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La estrategia se basa en desestimar varias declaraciones e indicar que se presentaron múltiples irregularidades con la investigación del testimonio que brindó el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.
El procurador del caso resaltó en su intervención que “se trata de concretar la justicia material que demandaba este caso, en aras de restablecer la mancillada imagen de la justicia ante el maniobrar delictivo en el que estuvieron involucradas distintas personas, entre ellas magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
Ricaurte Gómez fue condenado por pertenecer a una organización que recibió dineros para beneficiar a terceros en procesos que estaban a cargo del magistrado Gustavo Malo Fernández, entre los que se encontraban los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, así como el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.
Por esos hechos, el exmagistrado Ricaurte Gómez fue hallado responsable en primera instancia por el Juez Décimo Penal del Circuito de Bogotá, decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de la capital de la República. Fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada.