Hubo un preocupante incremento frente a 2018, cuando se registraron 12 casos de homicidios múltiples con 66 fallecidos 

____________

El reciclaje de la violencia armada no para. Pese a que se pensaba que firmado el acuerdo de paz con las Farc, tres años atrás, se reducirían en forma significativa los asesinatos colectivos, el desangre continúa. Prueba de ello es que en 2019 se registraron 23 masacres que dejaron 116 víctimas fatales.

De acuerdo con los servicios de inteligencia, la nueva etapa de violencia obedece a que el Estado no supo recuperar el control de los territorios que ocupaba históricamente la facción de las Farc que sí se desarmó. Ante esa falla se produjo una rápida reconfiguración de los grupos armados al margen de la ley con el fin de apoderarse, a sangre y fuego, de esas regiones y fortalecer sus ingresos derivados de las economías ilegales, sobre todo con el dominio de los cultivos ilícitos y la cadena del narcotráfico, la minería criminal, la extorsión, el contrabando y otros delitos de alto impacto.

Las guerrillas del Eln, las disidencias de las Farc así como las bandas criminales de alto espectro (‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ o ‘Clan del Golfo’, ‘Los Puntilleros’, ‘Los Caparros’, ‘Los Pelusos’ y otras organizaciones) son los grupos ilegales que estarían detrás de muchas de las masacres, al igual que lo están de la racha de asesinatos de líderes sociales.

Escalada mortal

Como se dijo, de acuerdo con  las estadísticas del Ministerio de Defensa, el año pasado hubo 23 homicidios colectivos que dejaron 116 personas asesinadas.

De acuerdo con la definición técnica las matanzas o masacres “son aquellos hechos en los cuales resultan muertas cuatro o más personas, pero no en desarrollo de operaciones de las Fuerzas Armadas. Para que sea catalogado como homicidio colectivo, se requiere que el delito sea cometido en el mismo lugar, a la misma hora, por los mismos autores y en personas en estado de indefensión. Estos hechos no son contabilizados como actos terroristas”.

Las estadísticas señalan que entre enero y noviembre de 2010 se presentaron 38 homicidios colectivos, con un saldo de 179 víctimas fatales; en el 2011 hubo 34 con 159 muertos; en 2012 ocurrieron 30 masacres con 138 personas fallecidas; en 2013 se llegó a 23 casos de homicidios colectivos con 100 víctimas.

Ya en 2014 la cifra se redujo considerablemente, pues solo se presentaron 8 masacres con 37 muertos; en el 2015 se registró un leve incremento con 11 homicidios colectivos y 46 víctimas; en el 2016 nuevamente se registra un descenso, al contabilizarse solo 7 masacres con 30 personas que perdieron la vida; en el 2017 la tendencia cambió de nuevo ya que se presentaron 12 casos que dejaron 55 víctimas. Y, finalmente, en 2018 la escalada violenta se mantuvo, con 12 homicidios colectivos y 66 muertos.

Como se ve, en 2019 casi se duplicó el número de masacres así como el saldo fatal.

Algunos casos

Los reportes de las autoridades sobre las masacres evidencian que hay multiplicidad de hipótesis en cuanto a los victimarios y móviles.

Por ejemplo, el 26 de enero de 2019 se registró en el barrio Universal, en Barranquilla, el asesinato de cuatro hombres y una mujer embarazada. En principio se dijo que podría tratarse de una retaliación entre expendedores de drogas pero se investigan otros móviles.

De igual manera, el 17 de febrero en el barrio Torcoroma, en el nororiente de Cúcuta, en Norte de Santander, en un ataque armado perdieron la vida cinco personas. Se cree que el crimen obedeció a enfrentamientos entre contrabandistas en la frontera por el tema de  gasolina, alimentos y medicamentos. Ese mismo día, en Aguachica, Cesar, sicarios dispararon contra varias personas reunidas en una vivienda, perdiendo la vida tres adultos y un menor.

Un caso más: en julio 15 en una finca de la vereda San Andrés, en Arpia, Risaralda, fueron asesinadas cuatro personas. Muy cerca al lugar fue encontrado el cadáver de una mujer indígena. Se investigó en su momento si tenía alguna relación con las víctimas de la matanza.

Otro asesinato colectivo se presentó el 13 de agosto del año pasado, en el sector de Llano de Córdoba, en Remedios, en Antioquia. Allí  fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas un menor de edad y otros dos resultaron heridos.

La racha mortal no terminó allí. Por ejemplo, el 29 de octubre  en el Resguardo Tacueyó, zona rural de Toribio, Cauca, elementos armados asesinaron con tiros de fusil a la gobernadora indígena Cristina Bautista y a cuatro guardas, también de esa comunidad étnica.

De nuevo en Cauca, el 31 de octubre, en zona rural de Corinto, fueron asesinados tres ingenieros y su conductor, al parecer, tras ser confundidos con agentes de inteligencia policial o militar. Las víctimas estaban en la zona realizando trabajos en un distrito de riego y, al parecer, utilizaron drones.

Todo el país recuerda, igualmente, que el 2 de septiembre de 2019,  en el corregimiento La Betulia, en Suárez, Cauca, se registró el asesinato de la candidata a la alcaldía, Karina García Sierra, junto al aspirante al Concejo, Yeisón Yanten Obando, y tres personas más. Las disidencias de las Farc fueron señaladas como las responsables del crimen múltiple. Incluso se acusó directamente a alias ‘Mayimbú’, quien perteneciera al anterior frente 30 de las Farc.

Obviamente no se puede describir caso por caso, pero las masacres que se refirieron en este breve repaso confirman que, lamentablemente, los homicidios colectivos están aumentando en todo el país y los victimarios se repiten: Eln, disidencias y bandas criminales. Los móviles son muy disímiles, pero se habla de ‘ajustes de cuentas’, venganzas, retaliaciones a denunciantes de organizaciones criminales, pleitos por tierras y otra gran variedad de causas.

No pocos analistas coinciden en que la única vía para poder frenar el aumento de las masacres es que el Estado, con la Fuerza Pública y toda su capacidad institucional, empiece a recobrar de forma permanente el control del territorio, sobre todo en las zonas más periféricas y con mayor incidencia de actividades delictivas de alto impacto.