No son pocos y menos fáciles los retos que le esperan al presidente Iván Duque en los dos años que le restan de administración, y menos cuando la campaña política ya parece haber arrancado hace varios meses.
Con el sol a sus espaldas y capoteando una serie de acontecimientos políticos que afectan su gestión y su imagen, Duque ha tenido que lidiar en esta primera mitad de su mandato con una transición en materia de defensa y seguridad nacional en la que, como dicen los expertos, se ven más las cosas malas que las buenas.
Aun así, y a sabiendas de que constitucionalmente no hay posibilidad de reelección, Duque tendrá que centrar sus esfuerzos en entregar la posta a su sucesor con unos indicadores que les permitan a las nuevas generaciones de colombianos vivir en un país menos violento y con más posibilidades de igualdad social.
Y es que si bien, la desmovilización de la guerrilla de las Farc disminuyó de forma ostensible los índices de violencia producto de la confrontación amada, no menos cierto es que alcanzar la paz tardará aún mucho tiempo, pues el coletazo del conflicto sigue descubriendo actores armados de todos los tipos, interesados en colonizar esos territorios.
“A Duque le tocó administrar una situación previsible y que suele ser común en los procesos de paz: efectos residuales como las disidencias, el auge de economías ilegales como la minería ilegal y el narcotráfico, la violencia selectiva, la guerra por territorios, el crimen de líderes sociales que defienden actividades ambientales o de tierras, además de la violencia urbana. No es una situación fácil, pero es una mutación propia de los conflictos armados”, le advirtió a EL NUEVO SIGLO el analista Ernesto Borda, director ejecutivo de la consultora Trust.
Por fortuna, y en eso coincide con Borda el analista Camilo González Posso, director de la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), no ha habido grandes y fuertes situaciones de violencia ni golpes estratégicos a las Fueras Militares o de Policía, salvo excepciones como el atentado a la Escuela General Santander.
Implementación del Acuerdo
El Acuerdo del Teatro Colón fue suscrito el 24 de septiembre de 2016, es decir que apenas va a cumplir cuatro años en los cuales, a juicio de los expertos, es poco lo que se ha avanzado en su implementación.
Es evidente el avance en desmovilización y reincorporación de excombatientes, mas no así en otros temas del Acuerdo como la sustitución de cultivos ilícitos, desarrollo rural, entrega de tierras y financiación de proyectos productivos.
“Mucho de lo que ocurre en la ruralidad es porque no hay posibilidades sociales y económicas, sigue sin llegar el Estado, y todo eso es gasolina para un nuevo conflicto”, agregó Borda.
González Posso le señaló a este Diario que a ese panorama se añade que el Gobierno también ha fallado en la reforma política para darle representación “a esa otra Colombia”, y dice que se requiere “una nueva óptica” frente a la Justicia Transicional y mayor protección a los desmovilizados.
“Llevamos 268 excombatientes asesinados; hoy, cerca de 200 municipios tienen graves problemas de violencia y otros 350 cuentan con problemas de seguridad urbana. Es decir, disminuyeron unos indicadores pero se dispararon otros”, señaló el Director de Indepaz.
Líderes sociales
Una de las tareas más urgentes que debe emprender el gobierno Duque es la protección de líderes sociales.
“Es una tarea muy compleja, estamos hablando de regiones donde no ha habido presencia del Estado. Ha hecho falta que el Gobierno envíe una señal clara de su compromiso en el cumplimiento del Acuerdos. Si eso no ocurre, en un ambiente de polarización como este hace que los actores ilegales se sientan con licencia de atentar contra los líderes sociales”, indicó Borda.
El desconocimiento del Acuerdo, planteó el Director de Indepaz, “multiplica las agresiones a líderes por temas de minería ilegal, tierras y control territorial. Ese es el reto de los próximos dos años”.
Copamiento territorial
El otro gran reto para la Administración en los próximos dos años es el control territorial y copamiento de territorios donde hoy se ha recrudecido la violencia.
Los analistas consultados por este Medio estiman que regiones como el Catatumbo, bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, Putumayo, todo el litoral Pacífico desde Chocó hasta Nariño pasando por Tumaco y, en general, la porosa frontera con Venezuela, requieren de una nueva estrategia militar, social y económica.
“El llamado EPL pasó de tener incidencia en 11 municipios a 33, mientras los grupos residuales siguen disputándose los antiguos corredores de las Farc”, explicó el exministro González Posso.
Preocupa, igualmente, el rebrote de las disidencias, que aunque no tienen la misma capacidad militar de las antiguas Farc, cerca del 3% de sus desmovilizados se han reciclado en grupos armados ilegales, la mayoría dedicados al narcotráfico.
“Es una tarea muy compleja y muy ambiciosa, pero hace falta una acción más decidida del Estado”, añadió el Director ejecutivo de Trust.
También es necesario el replanteamiento de la lucha contra las drogas, pues reiteran las fuentes que el aumento de la producción de cocaína coincide con la expansión de cultivos ilícitos en zonas desocupadas por las desmovilizadas Farc, pero eso es parte de la transición.
Frente a ello, sugieren la necesidad de revisar la erradicación forzosa en zonas como Nariño, Catatumbo, Cauca y Putumayo, donde se concentra el 80% de los plantíos ilícitos.
“No es solo una política militar, también se requieren proyectos productivos, sustitución, entrega de tierras, y nuevas oportunidades a familias cocaleras de tradición”, dijo González.
El Eln
Para el catedrático Borda, el Gobierno tiene otras dos tareas pendientes para los próximos dos años. Una, evitar la ‘mexicanización’ de los grupos legales como los ‘Caparrapos’ y otras estructuras ilegales dedicadas al narcotráfico, para evitar que se vea afectada la población civil.
Pero, igualmente, retomar las negociaciones con el grupo ilegal Eln. “Dos años son poco tiempo, pero estoy seguro de que el presidente Duque no ha desechado esa opción”, concluyó el analista.