La administración de la alcaldesa Claudia López está convencida de que el proyecto de Acuerdo de Emergencia Climática que lideró y llevó a buen puerto la concejal de Colombia Humana, Susana Muhamad, es conveniente para la salud y el bienestar de los ciudadanos.
No obstante, no está de acuerdo con un componente del mismo: el que le implica al Distrito no adquirir flota con base en combustibles fósiles para el sistema de transporte público de Bogotá a partir de 2021.
Si bien es cierto que la administración López objetó parcialmente el proyecto y respaldó los diez mandatos y prácticamente las 50 estrategias que aprobó el Concejo, no darle luz verde a la obligación del Distrito de renovar las flotas de los componentes Troncal y Zonal a movilidad eléctrica a partir de 2022, “es contradictorio con el mismo compromiso que hace la alcaldesa en la otra parte del acuerdo, que es reducir las emisiones de gases efecto invernadero en un 50% al 2030”.
“Transmilenio dice en la objeción que deberíamos acoplarnos a la meta del Gobierno nacional en el acuerdo de París, que era reducir las emisiones para el año 2030 en un 20%. Parece que Transmilenio no se ha dado cuenta, que el mismo presidente Iván Duque, esta semana anunció que ante la grave emergencia climática, el país se comprometería a una reducción del 50%, al igual que lo hizo la alcaldesa”, refirió la concejal de Colombia Humana.
Un tema de costos
De acuerdo con la Alcaldía Mayor, de realizarse la renovación y adquisición de flota exclusivamente con tecnología eléctrica a partir de 2022, frente a otras tecnologías, la diferencia en el Fondo de Estabilización Tarifaria, FET en el periodo 2021–2031 sería de $4.2 billones.
“De ser necesario apropiar los recursos adicionales para acelerar la adquisición de la flota eléctrica en los términos indicados en el proyecto de acuerdo, se generaría un impacto negativo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, afectando el indicador de sostenibilidad de las finanzas del Distrito, aspecto que tendría gran repercusión en la calificación de riesgo de la ciudad”, explicó Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda.
A este respecto, la concejal Muhamad dijo que “Transmilenio dice que necesitaría 4 billones de pesos adicionales para pagar la diferencia entre lo que costaría la flota eléctrica versus la flota de Diésel o gas de los zonales provisionales que se tienen que reemplazar de aquí al 2030. Esto es absolutamente falso: Transmilenio está haciendo las cuentas incompletas y de manera sesgada".
Continuó la cabildante: "La idea es entender que el bus en eléctrico si cuesta más en términos de inversión, pero cuesta mucho menos en su mantenimiento y además puede operar en el Sistema durante 15 años cuando el diésel solo puede operar 10 años. Cuando usted pone juntas estas condiciones se da cuenta que en el costo total del proyecto es mucho menor el costo de los buses eléctricos que de los buses Diésel y esto debería redundar en bajar la tarifa a los usuarios o bajar los aportes que hace el distrito para pagar para pagarle a los operadores”.
Por su parte, de acuerdo con el concejal del Polo, Carlos Carrillo, esta es una evidente contradicción con las promesas de campaña y con su oposición a la Administración Peñalosa. “Ellos en muchas cosas coinciden, como en la defensa de los buses a gas, y detrás de esto hay una posibilidad real de que la troncal de la 68 no tenga buses eléctricos, porque lamentablemente la decisión de electrificar el transporte siempre ha estado muy amarrado al combustible fósil. Aquí la alcaldesa no tiene la voluntad política de enfrentarse a la industria del combustible fósil. No la tiene y es carreta que ella esté cambiando el paradigma del transporte en la ciudad. Es Peñalosa III”