Cada día asesinan líderes afros e indígenas en una región donde brilla por su ausencia la implementación de los acuerdos de La Habana.

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Agilizar las investigaciones penales y disciplinarias sobre la masacre de cocaleros en Tumaco, así como de los líderes sociales asesinados a diario en esa región, urgió la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A través de un comunicado, la Oficina instó “a que la investigación de los crímenes citados se haga en conjunto y a que se mantengan abiertas todas las hipótesis sobre presuntos responsables, tanto materiales como intelectuales, al igual que sobre las motivaciones que posiblemente dieron lugar a los hechos, con la finalidad de lograr esclarecer qué sucedió, quiénes son los responsables a todo nivel y de esta forma garantizar los derechos de las víctimas”.

Como lo informó EL NUEVO SIGLO, el 5 de octubre un número indeterminado de cocaleros fue masacrado (el Gobierno ha reconocido 6, pero la comunidad habla de más de 9, amén de medio centenar de heridos y desaparecidos).

En un comienzo el Gobierno adjudicó los hechos a un ataque de disidentes de las Farc al equipo de erradicadores, pero los campesinos señalaron desde el principio a la fuerza pública como culpable de la matanza.

Para ver el cubrimiento a esta noticia:

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A ese trágico hecho, desenlace de la protesta de los cultivadores de coca por la erradicación forzada de cultivos ilícitos, se suma el asesinato del líder afrodescendiente José Jair Cortés, vocal del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, ocurrido el martes de esta semana, y los homicidios de Alirio Taicus Sabala y su hijo Geovanny Sabala Quistial, indígenas de la etnia Awa.

Ver Asesinado líder campesino en Tumaco

La Unidad Indígena del Pueblo Awa (Unipa) manifestó que los dos últimos fueron atacados el lunes con ráfagas de fusil disparadas por dos hombres que "sin mediar palabra" llegaron al lugar donde desayunaban, ubicado en la vía que conecta a Pasto con Tumaco.

La Unipa indicó que dos hijos de Alirio Taicus Sabala fueron asesinados en octubre de 2016 en una zona aledaña y que Alirio Taicus resultó herido en ese ataque.

"Indígenas, afros y campesinos nos hemos visto afectados por una guerra que libran varios grupos armados legales e ilegales, quienes buscan tener el control territorial de la zona", agregó Unipa.

Para la ONU, esta situación de crisis social y humanitaria se da en circunstancias de, entre otros aspectos, “falta de implementación del acuerdo de paz: en particular del capítulo étnico, cultivos ilícitos, lucha contra organizaciones criminales y reforma rural integral”.

El siguiente es el texto del comunicado:

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su preocupación por la situación de Tumaco, Nariño, en particular, por la relación entre los cuatro hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas: masacre de 6 campesinos y varios heridos; ataque a Misión Humanitaria interinstitucional; asesinato del líder comunitario del Alto Mira y Frontera, Jair Cortés; y asesinato de dos indígenas Awá, padre e hijo, Giovanny Taicus  y Alirio Taicus.

La Oficina subraya que los anteriores hechos ocurrieron en un contexto de:
-Presencia limitada del Estado
-Presencia de economías ilícitas
-Problemas estructurales de derechos humanos reflejados en altos índices de pobreza multidimensional y falta de oportunidades e inclusión económica, política y social de la población de Tumaco
-Falta de implementación del acuerdo de paz: en particular del capítulo étnico, cultivos ilícitos, lucha contra organizaciones criminales y reforma rural integral
-Falencias en la reincorporación a la vida civil de integrantes de las Farc; 
-Accionar de diferentes actores armados: fuerza pública, carteles del narcotráfico, bandas criminales y grupos surgidos por las falencias en la reincorporación de las Farc a la vida civil

Dada la complejidad del anterior contexto y los múltiples actores armados legales e ilegales presentes en la zona, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urge a que la investigación de los crímenes citados se haga en conjunto y a que se mantengan abiertas todas las hipótesis sobre presuntos responsables, tanto materiales como intelectuales, al igual que sobre las motivaciones que posiblemente dieron lugar a los hechos, con la finalidad de lograr esclarecer qué sucedió, quiénes son los responsables a todo nivel y de esta forma garantizar los derechos de las víctimas.

La Oficina insta a la Fiscalía General de la Nación a que adelante de forma imparcial, eficaz y con estricto apego al principio de legalidad, las investigaciones por los delitos anteriormente mencionados. La Oficina también urge al ente investigador a designar a funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos como apoyo a los fiscales que adelantan las investigaciones en la Dirección Seccional, a fin de garantizar la inclusión del enfoque de derechos humanos en el análisis contextual de los hechos.

La Oficina también llama a la Procuraduría General de la Nación para que en el ejercicio de sus funciones adelante las investigaciones pertinentes y adopte las medidas administrativas y disciplinarias a que haya lugar con relación a la falta de implementación de: los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos; del acuerdo de paz, y del accionar de la fuerza pública.

La Oficina hace un mayor énfasis en el llamado a las instituciones nacionales, departamentales y locales sobre la necesidad de llevar a cabo acciones conjuntas, articuladas y estratégicas, que respeten todos los derechos de los pueblos étnicos y de las comunidades, que impulsen la implementación inmediata de todos los puntos contenidos en el acuerdo de paz, como respuesta integral a la situación de violencia y como mecanismo de protección a la vida de las personas en Tumaco, Nariño.

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