El mayor reto con que arranca es que la Corte Penal Internacional la tiene bajo su lupa y solo espera las primeras sentencias para dar su dictamen.
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Contra viento y marea el Gobierno aspira a que este lunes arranque a funcionar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). El presidente Juan Manuel Santos tiene programado posesionar a los magistrados que integrarán tanto el Tribunal de Paz como las distintas salas: de Reconocimiento de la Verdad, de Amnistía e Indulto y de Definiciones de Situaciones Jurídicas.
Tras ser aprobado en el primer semestre del año pasado el acto legislativo que creó la JEP, el Comité de Escogencia adelantó sendos procesos para seleccionar a las 82 personas responsables del llamado “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
Uno de los mecanismos más complicados fue el relativo a la elección de los 51 magistrados de la nueva jurisdicción, su presidenta, 14 Amicus Curiae (juristas extranjeros que actuarán como consejeros), Asimismo, se escogieron a los 11 integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia y la No Repetición, incluido su Presidente. También se ratificó en el cargo al Secretario Ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, al tiempo que se seleccionaron a los encargados/as de las direcciones de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, y la terna para la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, que fue entregada al Fiscal
General de la Nación para su respectiva designación, que recayó en la experimentada jurista Martha Lucía Mancera. Incluso la semana pasada en la Procuraduría se posesionó a la también experimentada abogada Mónica Cifuentes Osorio, como Procuradora Primera Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal, quien será la encargada de coordinar la participación de la Entidad ante la JEP. Incluso ya está lista la respectiva sede de la jurisdicción, un edificio moderno en la capital del país que tiene salas de audiencias circulares y debe ser el escenario en donde más cerca de 3.600 guerrilleros así como casi 1.800 militares y policías, e incluso un hasta ahora reducido número de civiles que voluntariamente acepten someterse a esa jurisdicción, tendrán que comparecer para aportar verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a cambio de acceder a un sistema de sanciones que implican, para el caso de los subversivos, desde la garantía de cero cárcel hasta la habilitación inmediata para participar en política. A todo lo anterior debe sumarse el millonario presupuesto que costará el funcionamiento de esta jurisdicción durante los siguientes 10 años, aunque hay opción de una prórroga.
Sin embargo, el que toda la estructura de la JEP esté casi lista, ello no significa que el escenario en que arranca la jurisdicción esté despejado. Desde el mismo momento en que se suscribió el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc –que fue denegado en las urnas y luego aprobado por una inédita y controvertida refrendación parlamentaria- y sobre todo cuando el acto legislativo se tramitó en el Congreso bajo el mecanismo absolutista del ‘fast track’, se advirtió, de un lado, que se estaba creando una peligrosa y desinstitucionalizadora “justicia paralela y supraconstitucional” en Colombia, y, de otro, que la jurisdicción podría estar contrariando tratados y pactos internacionales de justicia y defensa de los derechos humanos al permitir que culpables de delitos de lesa humanidad y de guerra accedieran automáticamente penas de cero cárcel. A ello se sumó que cuando el Comité de Escogencia anunció a los 51 magistrados seleccionados, de inmediato se generó una controversia mayor por la imparcialidad y neutralidad de algunos de ellos, muy cercanos a causas de la izquierda radical.
Afortunadamente, en noviembre pasado una parte de esos temores se despejaron por cuenta del fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP que, a grandes rasgos, introdujo los siguientes ajustes: la jurisdicción no podrá juzgar a terceros civiles, salvo que estos se sometan voluntariamente; si bien se mantuvo la autorización para que los exguerrilleros puedan participar en política, los magistrados de la JEP están en la obligación de evaluar si esta actividad es compatible con el cumplimiento de las penas impuestas, según la gravedad del delito. En otras palabras, que no es un beneficio automático, sino que puede haber casos en donde la sanción impida o aplace la posibilidad de postularse u ocupar cargos públicos; también quedó claro que la reincidencia criminal o no confesar toda la verdad, entregar los bienes ilícitos y otros incumplimientos hacen perder todos los beneficios de la JEP; y, por último, pero no menos importante esta jurisdicción quedó sometida a la supremacía de la Carta, por eso la Corte tendrá discrecionalidad para seleccionar y conocer acciones de tutela contra las decisiones de la JEP y sus magistrados estarán sometidos al régimen ordinario de responsabilidad fiscal, disciplinario y penal que todos los integrantes de las altas cortes. Todo ello acompañado de que la Procuraduría podrá participar en los procesos bajo su criterio y los magistrados extranjeros no podrán participar de las decisiones judiciales.
Sin embargo, el mayor reto con que arranca la JEP es que la Corte Penal Internacional tiene bajo su lupa a esta jurisdicción y solo espera las primeras sentencias para dar su dictamen. Esa será su verdadera y definitiva prueba de fuego.
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