Ortega sigue en el poder pese a las protestas que han dejado 561 fallecidos y provocado el éxodo de 62.000 personas. 5% decrecerá el PIB

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“Accedimos a certificados de muerte expedidos por las autoridades de Nicaragua en donde cambian la razón de muerte. Por ejemplo, está el caso de un bebé que falleció como consecuencia de una herida de arma de fuego y la familia recibió un certificado de defunción donde se indica que el motivo del deceso fue un suicidio”, le dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, a la Agencia Anadolu. 

Este testimonio da cuenta del cinismo con el que actúa el Estado nicaragüense frente a la crisis que estalló el pasado 18 de abril y que, a un año, deja hasta la fecha 325 fallecidos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por su parte, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) eleva la cifra a 561 personas asesinadas en el marco de las protestas, mientras que el oficialismo solo acepta 199 decesos.

Estos muertos engrosan cada día, desde hace 12 meses, las listas de ONG humanitarias que exhortan al gobierno de Daniel Ortega a cesar las violentas represiones contra los ciudadanos que exigen, entre otras cosas, la dimisión del Mandatario y el adelanto de las elecciones presidenciales de 2021 a 2019.

Ortega alega que anticipar los comicios es un pretexto de la oposición para asestar un golpe de Estado respaldado por el gobierno de Estados Unidos.

La crisis, que comenzó luego de que un incipiente grupo de personas rechazaran en las calles unas reformas al sistema de pensiones, cuenta con más de 2.000 heridos; cerca de 850 detenciones arbitrarias; y unos 62.000 nicaragüenses en éxodo.

Costa Rica es el mayor receptor de personas provenientes de Nicaragua, pero el alto flujo migratorio evidenció la existencia de pequeños grupos xenófobos que rechazan su llegada.

Después de Venezuela, Nicaragua enfrenta el peor desequilibrio social y político en la región. Debido a las acciones represivas y a la violencia selectiva avalada por el gobierno de Daniel Ortega, se instauró una política de pánico que originó, en poco tiempo, en la oleada de violencia más profunda registrada en la nación centroamericana desde los años 80.

Para hacer frente a la crisis se han llevado a cabo volátiles conversaciones entre el oficialismo y la coalición opositora de la Alianza Cívica, en las que aún no se concreta ningún acuerdo.

Al respecto, la directora para las Américas de AI dijo que para solucionar la crisis “hay que corregir el camino y dar respuesta a las desapariciones forzadas, a las denuncias de tortura, a las detenciones arbitrarias y al desplazamiento forzado en el que está inmersa la gente en diferentes puntos de Nicaragua. La solución tiene que pasar por ahí, por los temas de justicia y reparación”.

Guevara añadió: “El gobierno de Nicaragua debe finalizar de inmediato su estrategia de represión y poner en libertad a todos los estudiantes, activistas y periodistas a quienes se ha detenido exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

Ante las constantes quejas de organizaciones como AI, el gobierno nicaragüense expulsó del país a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni); quienes realizaron todo tipo de veedurías que constatan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Economía desplomada

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la tensión en el país centroamericano estremeció a tal punto su economía que el Producto Interno Bruto (PIB) decrecerá un 5%. Mientras que el gobierno de Daniel Ortega proyecta un descenso de 1,01% en 2019.

Así las cosas, los datos proporcionados por el FMI subrayaron que al cierre del año que corre Nicaragua tendrá la segunda economía en América Latina y el Caribe con peores números, únicamente superada por Venezuela, país que tendrá una contracción de su PIB del 25% y una inflación de 10.000.000%.

Entre tanto, el último Informe de Coyuntura Nacional 2018 de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), indicó que las consecuencias de la crisis sociopolítica son desalentadoras.

Funides aseguró que la pobreza aumentará este año y se ubicaría entre el 22,9% y el 32%, es decir, “entre 1.9 y 2 millones de personas vivirán con US$1.79 o menos diario”, le explicó Juan Sebastián Chamorro, presidente de dicha Fundación, al medio Nicaragua Investiga.

El legislador oficialista, Luis Barbosa, contradijo las declaraciones de Chamorro y dijo que el gobierno ya dio a conocer a inicios de año un plan de inversiones de US$1.400 millones para la recuperación de la economía.

En este clima de incertidumbre financiera -según Funides- se perdieron 157.923 empleos en un año. Además, el Banco Central de Nicaragua estimó que la reducción de la Inversión Extranjera Directa llegó al -63,2% y el turismo cayó en un 55% en relación a 2017, con lo que el país dejó de percibir US$560 millones.

Este decrecimiento en el turismo es el peor que ha vivido Nicaragua en su historia. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) del país centroamericano, explicó en entrevista con el medio E&N de Honduras que, “ni la crisis mundial de turismo, que se vivió tras los atentados terroristas de Nueva York (septiembre 2001), nos golpeó así. Las más afectadas han sido las empresas turísticas pequeñas, ya que no tienen capital para soportar esta embestida”.

Aunado a esto, como si fuera poco, Estados Unidos ha sancionado a varios funcionarios del gobierno nicaragüense y este domingo Canadá anunció que desde el año pasado frenó la asistencia financiera de US$15 millones para el país dirigido por Ortega. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá adujo que esta decisión fue tomada por las violaciones de derechos humanos.

Todo esto en un ambiente diplomático adverso en el que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría determinar la suspensión del país centroamericano en dicho organismo continental.