LA vieja pero reiterada denuncia de que el partido de izquierda español, Podemos, más que asesoría recibió dinero del régimen venezolano volvió a cobrar fuerza con el testimonio ante la Audiencia Nacional de Hugo “El Pollo” Carvajal exjefe de espías del chavismo.
El otrora jefe de inteligencia del fallecido Hugo Chávez, en su batalla judicial para evitar ser entregado a las autoridades norteamericanas que lo requieren por tráfico de drogas y armas, inició tras su captura el pasado septiembre un proceso de colaboración con la justicia española. Y es en este marco que no sólo ha hecho nuevas acusaciones, soportadas con documentos, no sólo contra la financiación ilegal a Podemos, sino sobre supuestos negocios de explotación de una mina de oro en Venezuela por parte del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
De igual forma develó sobre supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana Pdvsa.
Sostienen los medios de comunicación del país ibérico que “El Pollo” Carvajal entregó hace pocos un escrito al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, donde asegura que Podemos recibió dinero a través de Cuba y Venezuela, con detalles específicos sobre la forma como se entregaba el mismo.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, señalaron que el exjefe de espionaje del régimen chavista relata que un emisario venezolano recogía el dinero de la Embajada de Cuba en Caracas y que llegaba a la formación 'morada' por distintas vías: con entregas de efectivo en mano en la propia Caracas o enviándolo a España por valija diplomática del Gobierno venezolano.
El testimonio se suma a una nueva tanda de documentos que entregó el pasado jueves y que se suman a los ya enviados sobre los supuestos contratos del despacho del exjuez Garzón y otros archivos que reflejarían pagos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos.
Con estos papeles, Carvajal busca respaldar la declaración voluntaria que prestó el pasado 20 de septiembre ante el magistrado de la Audiencia Nacional en el contexto de unas diligencias abiertas sobre terrorismo internacional.
El ofrecimiento de colaboración con la justicia española, que está en curso, la hizo el exmilitar venezolano luego de que su proceso de extradición a Estados Unidos se reactivara al ser detenido el pasado 9 de septiembre en Madrid.
Tanto la Audiencia Nacional como el Gobierno dieron luz verde en 2020 a su entrega a las autoridades estadounidenses, pero la extradición está suspendida a la espera de que se resuelva la petición de asilo que un año atrás de la mencionada fecha hizo Carvajal.
Y aunque el Ministerio de Interior le denegó la protección internacional, la defensa del exjefe de inteligencia venezolano presentó otro recurso judicial en el que insiste que Carvajal es víctima de una verdadera persecución política.
Asimismo, están a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie el próximo 26 de octubre sobre el recurso que presentó en 2020 contra la decisión del Gobierno de extraditarlo. En septiembre, 'El Pollo' reactivó esta vía pidiendo a esa máxima autoridad judicial unas medidas cautelarísimas que también le fueron rechazadas.
En las medidas cautelares reclamadas al TS en su momento, cuando interpuso el recurso en 2020, advirtió de que, de ser puesto a disposición de Estados Unidos, sería sometido a "tortura" para "obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela". Y ello, continuaba, porque Washington cree "erróneamente" que formó parte del "entorno cercano" de Chávez y Maduro.
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“Es difamación”
La reacción por estas nuevas acusaciones, que desde años tienen en el ojo del huracán a su fundador y hoy exlíder Pablo Iglesias no sólo por su simpatía con el régimen venezolano, sino por brindar a través de una fundación asesoría política que recibió entre 2002 y 2012 al menos 7 millones de euros, no se hicieron esperar.
La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, indicó que el escrito entregado por Carvajal, será una de tantas informaciones que luego son archivadas por los tribunales.
Tras aludir a que el denominado caso 'Neurona' acumula ya varias piezas sobreseídas, Serra sostuvo que se trata de una campaña contra Podemos para aparentar "algo tan ridículo" como la comparación con la corrupción del conservador Partido Popular. "Otra vez acabarán en nada estas difamaciones", aseguró.
Zapatero, a explicar
Las revelaciones de Carvajal han generado un revuelo político en España ya que también alcanzan a personajes de la vida pública como al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a quién le endilga ser propietario de una mina de oro en Venezuela.
Ello motivó a que tanto el conservador Partido Popular como la también formación de derecha, Ciudadanos, solicitaran un debate parlamentario al que acudan tanto Zapatero como el actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre el caso.
"Exigimos explicaciones urgentes a Zapatero después de que 'El Pollo' Carvajal haya comunicado a la Audiencia que tiene una mina de oro en Venezuela. La mejor solución, hoy que está a la derecha de Sánchez, sería que los dos salieran a dar una rueda de prensa ", sostuvo el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.
Agregó que el Gobierno tiene que dar información sobre este caso y otros "escándalos" como el viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y los vínculos de la izquierda española con el régimen venezolano". "El Gobierno de España tiene que dar explicaciones y no vamos a parar hasta saber toda la verdad", insistió el vocero conservador.
También el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Pablo Hispán, exigió "saber los negocios" del expresidente, del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, y de "tantos socialistas a costa de la miseria del pueblo venezolano".
En un mensaje en su perfil de Twitter, Hispán ha pedido explicaciones sobre por qué la Fiscal General del Estado (Dolores Delgado), "no investiga la trama del exjuez prevaricador (Baltasar) Garzón" en Venezuela. "Para el PSOE Venezuela no es una dictadura, es un negocio", trinó en su mensaje.
En la misma línea, se pronunció el partido Ciudadanos en un comunicado conjunto con Unión del Pueblo Navarro.
"Las revelaciones, en sede judicial, del jefe del espionaje chavista son muy preocupantes", escribió el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, en su cuenta de Twitter, instando a Sánchez a dar detalles sobre los "vínculos del Gobierno y su partido con la dictadura de Maduro".
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“Cartel de los Soles”
Vale recordar que 'El Pollo' Carvajal es clave en la ofensiva jurídica que Estados Unidos que desde varios meses atrás inició el gobierno de Estados Unidos para presionar una transición democrática en Venezuela que permita acabar con la grave crisis social y económica que padecen sus ciudadanos y que forzó a que no menos de cinco millones de ellos dejaran el país.
Carvajal pasó casi dos años prófugo hasta que la noche del 9 de septiembre fue detenido en un operativo conjunto del Grupo II de Fugitivos de España y la DEA en un apartamento ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid.
La Policía Nacional española explicó, en su momento, que vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.
El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de la entonces guerrilla Farc y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.
Pero Carvajal no es el único venezolano en proceso de colaboración con la justicia española para evitar su extradición a Estados Unidos. Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad de Hugo Chávez y su esposa, Claudia Díaz, quien fungió como tesorera nacional, ha entregado documentos que tienen que ver con presuntas irregularidades en el régimen. La pareja es requerida por un supuesto fraude en el canje de divisas, en operaciones que también habría estado involucrado el jefe de Globovisión, Raúl Gorrín.