* Contradicciones en el proyecto de ajuste pensional
* Persistirán baja cobertura e inestabilidad financiera
Si un proyecto de ley llevara catorce meses de análisis en el Congreso y apenas si acaba de pasar a tercer debate, la sana lógica indicaría que se trata de una iniciativa que, además de regular un tema de alta complejidad, ha sido lo suficientemente discutida y ajustada. Sin embargo, lo ocurrido con el proyecto de reforma pensional, aprobado el martes en la plenaria del Senado, no responde a esa premisa legislativa.
Por el contrario, para muchos sectores de la opinión pública, trabajadores, gremios de la producción, sindicatos e incluso de los jubilados o próximos a serlo, el proyecto no solo genera profundas dudas, sino que pone en peligro todo el esquema que hoy rige para asegurar un ingreso potable a las personas cuando terminan su ciclo laboral y su principal aspiración es disfrutar una vejez tranquila y sin mayores afugias económicas.
El principal problema del sistema de jubilación en Colombia es su baja cobertura. Con casi 26 millones de personas afiliadas (casi siete millones en el régimen de prima media que administra Colpensiones y 19 millones en el de cuenta de ahorro individual que manejan los fondos privados), los cálculos más optimistas señalan que tres de cada cuatro personas que trabajan no tienen asegurada la posibilidad de completar los requisitos mínimos de semanas cotizadas y edad para acceder a una mesada.
Con un estimado de más de 22,4 millones de colombianos con ocupación laboral, pero un índice de informalidad superior al 56%, cuando se planteó esta reforma pensional se pensó que la prioridad sería impulsar un aumento sustancial de los cotizantes. Esto porque, según algunos estudios, dos de cada tres colombianos no ahorran de forma disciplinada para concretar su jubilación, ya sea porque no tienen empleos estables o cotizan por debajo de sus ingresos reales. Sin embargo, el articulado aprobado en la plenaria no ataca de forma directa y prioritaria esta falencia, haciendo prácticamente inviable cualquier modelo pensional, más aún en momentos en que las nuevas categorías laborales (plataformas electrónicas por demanda, teletrabajo, tercerización o empleo por horas, entre otras) requieren un incentivo real y eficaz para su formalización en materia de seguridad social.
En segundo término, la iniciativa que pasó a la Comisión Séptima de la Cámara tampoco soluciona otro de los grandes lastres del actual sistema pensional: la insostenibilidad financiera de corto, mediano y largo plazos. Por el contrario, el hecho de que la propia ministra del Trabajo haya admitido que en 15 años (algunos expertos advierten que será en menor tiempo) será necesaria una nueva reforma al esquema de jubilación, evidencia que también se falló en este flanco clave.
A lo anterior, hay que sumar que el articulado tiene otra contradicción fundamental: crea dentro de los “pilares” solidario y semisolidario una serie de figuras para entregar apoyos financieros a las personas mayores que no alcanzaron el mínimo de cotización y semanas. Si bien esto resulta completamente entendible, por cuanto es necesario que el Estado asista a la población vulnerable, sobre todo en situación de vejez, el costo fiscal de esas transferencias monetarias lo debería asumir naturalmente la Nación, a través del presupuesto ordinario. Es más, el Ejecutivo pudo haberlo hecho por decreto desde el mismo momento en que se le aprobó la reforma tributaria más alta de la historia y en el marco de la estructura de subsidios de su Plan de Desarrollo. Dicha financiación, entonces, no se puede hacer, como lo aprobó el Senado, acudiendo a los recursos que cotizan los trabajadores, más allá de que el fondo-cuenta lo administre el Banco de la República.
Por esa vía se impone una especie de apropiación inconsulta de los ahorros de la masa laboral, pese a que, como lo evidenciara una encuesta de la ANDI, la mayoría de los consultados no está de acuerdo con que sus dineros sean utilizados para sufragar subsidios que deben estar a cargo del Estado. Así las cosas, se crea un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica muy grave en donde cada trabajador no sabe si lo que cotiza mensualmente junto a su empleador es un aporte que será respetado por los gobiernos de turno y cumplirá el propósito único al que está dirigido. Esto afectará necesariamente la ampliación de cobertura.
Como si todo lo anterior fuera poco, resulta evidente que los estimados que hacen Gobierno y sus bases parlamentarias se basan en que haya un sistema productivo dinámico, con un pie de fuerza laboral sólido y creciente. El problema de fondo aquí es que durante esta Administración la economía se ha descolgado hasta los límites recesivos, el desempleo está volviendo a crecer y se prevé que este año el PIB a duras penas llegue al 1%.
Como se ve, el proyecto de reforma pensional que llega a la Cámara, en donde el Gobierno tiene mayor margen de acción política y es más efectivo ofreciendo canonjías presupuestales y burocráticas, puede que sea aprobado, pero allí a que sea la solución que todo el país estaba esperando al sistema de jubilación hay mucho trecho.