• Consejo de Estado y terna para C. Constitucional
• La ponderada línea jurisprudencial de Guerrero

La elección de un magistrado de la Corte Constitucional es un proceso muy complejo, no solo porque se trata de escoger a uno de los nueve integrantes del máximo tribunal de guarda de la Carta Política, sino porque es un mecanismo en el que tienen roles los tres poderes públicos a su más alto nivel.

Como se sabe, los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presentan el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

El próximo 4 de septiembre se le vence el periodo al magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien fue ternado hace ocho años por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, razón por la cual le corresponde a esa alta corte la confección de la respectiva baraja para que el Senado escoja al nuevo jurista.

El Consejo de Estado ha realizado una de las convocatorias más amplias e integrales para cumplir con esa labor. Inicialmente se inscribieron más de 100 jurisconsultos para aspirar a integrar la terna, provenientes de la academia, el ejercicio privado, la propia rama Judicial y otros sectores especializados.

La semana pasada se dio a conocer el listado de veinte preseleccionados por la Sala Plena del alto tribunal, quienes deben presentar la respectiva entrevista mañana ante la totalidad de los magistrados.

Ese grupo está integrado por juristas de amplia experiencia y reconocida trayectoria, incluyendo magistrados auxiliares, prestantes abogados, docentes de muchas universidades…  Incluso un análisis hecho al respecto por la alianza de centros de pensamiento Visión Colombia 2022 señaló que dentro de los 20 preseleccionados hay cinco que anteriormente ya habían sido ternados para magistrado de esta Corte.

Según el mismo centro de análisis, por universidades, el Externado, la Javeriana, los Andes, el Rosario y la Pontificia Bolivariana son las que más egresados tienen dentro de esa baraja de veinte aspirantes.

Lo importante es que se trata de un proceso abierto y que ha tenido la posibilidad de que la opinión pública pueda verificar su trámite. De hecho, mañana se podrá seguir la transmisión de las entrevistas por el canal institucional de televisión y las redes sociales del Consejo de Estado.

Una vez pase esta etapa, los magistrados deben empezar a analizar la confección de la terna, ya que el Senado tendrá mes y medio para la respectiva votación. Tanto para esta escogencia como para la del Defensor del Pueblo, que debe hacer la Cámara en las primeras semanas de la tercera legislatura que arranca el 20 de julio, lo primero a definir es el mecanismo de funcionamiento legislativo en medio de la crisis sanitaria, luego del fallo de días atrás de la Corte Constitucional que dejó sin efecto las sesiones virtuales, salvo que se reforme el reglamento interno para darles vía libre.

Lo cierto es que la elección de este magistrado es clave. En primer lugar porque se trata de escoger el reemplazo de un jurista de la experticia de Guerrero, quien se ha distinguido en su ejercicio en la Corte por su seriedad y ponderación jurídica, con tesis jurisprudenciales sólidas sobre los temas más importantes del país en distintos órdenes. En sus sentencias siempre ha imperado la indeclinable defensa del orden institucional colombiano, su carta de derechos y deberes así como la preservación de los cimientos democráticos de nuestro Estado Social de Derecho. Ajeno a cual más a los criterios populistas, su reconocida sindéresis también lo apartó de los riesgos de la justicia espectáculo y la sobreexposición  mediática. Dejará, pues, una huella muy profunda en la evolución del derecho constitucional.

En segundo lugar, es claro que el nuevo magistrado llegará a la Corte cuando allí están pendientes de fallo temas de la máxima trascendencia en aspectos políticos, económicos, sociales e institucionales. Por lo mismo, resulta de vital importancia que los ternados estén sintonizados con la necesidad de una Corte respetuosa de la institucionalidad, que no se apropie de las competencias de otros altos tribunales, respete las funciones del Ejecutivo y que no caiga en las tentaciones de invadir la facultad legislativa del Congreso.

De igual manera, es imperativo que se requiere una Corte más ágil, sobre todo en la publicación de las sentencias completas tras cada fallo, dejando atrás el confuso mecanismo de los comunicados. Igual debe acelerarse la revisión de los decretos de las dos emergencias económicas declaradas para afrontar la pandemia así  como activar la nueva era con el formato electrónico para la revisión de las acciones de tutela, entre otros retos.

Visto todo ello, se entiende por qué la elección del magistrado de la Corte Constitucional es determinante y requiere la máxima transparencia, fiabilidad y certeza, tanto del Consejo de Estado al ternar como del Senado al escoger.