* Los retos para una concertación efectiva
* El orden no es el enemigo, la anarquía sí
La concertación es, sin duda, la principal y más efectiva vía para encontrar fórmulas que permitan empezar a superar gradualmente la difícil situación social y económica que atraviesa el país por cuenta de paros, vandalismo, saqueos, bloqueos viales y enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública, que han dejado más de 26 muertos en los últimos diez días, entre civiles y uniformados.
En medio de la creciente oposición al proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno semanas atrás insistimos en que fue un error no haber socializado y buscado un consenso sobre el alcance del articulado antes de ser llevado al Congreso. Al final, como ya todo el país lo sabe, esa iniciativa se constituyó en un detonante de la protesta social que derivó en muchos casos en violencia indiscriminada.
Si bien el Ejecutivo terminó retirando la reforma del Parlamento, las protestas no cesaron e incluso se agravaron. La Casa de Nariño decidió, entonces, apostar por la concertación, no solo frente al nuevo proyecto impositivo, que es urgente porque comprende la financiación al componente de subsidios y apoyos a los más vulnerables en medio de la crisis pandémica, sino frente a la búsqueda de soluciones a otras problemáticas en el campo social, político, económico e institucional. Muchas de estas han sido planteadas por múltiples sectores del país y el llamado Comité Nacional de Paro, que convocó inicialmente las protestas, pero que luego vio como estas se extendieron por muchos municipios alegando causas muy locales, ajenas a las motivaciones de la movilización nacional.
Tras la citación del Presidente de la República ya se han producido distintas reuniones con las altas Cortes, gobernadores, alcaldes, partidos y dirigentes políticos así como con sectores de las juventudes y asociaciones comunales. Todas ellas han coincidido en un llamado a cesar la violencia y los bloqueos, condenar el vandalismo, investigar y castigar a los responsables de las muertes y respetar los derechos tanto de quienes participan en las marchas como de aquellos que no. Es decir, un respaldo pleno a la aplicación de la Constitución y la ley como garantía del orden público, la convivencia ciudadana y las garantías fundamentales.
Resulta, claro, entonces, que las grandes mayorías del país se han pronunciado contra la utilización del caos y la anarquía como medio para forzar cambios sociales, políticos y económicos. Y también que la opinión generalizada señala que la concertación será eficaz y productiva en la medida en que se realice en medio de un clima de paz, discusión argumentada y respecto a la institucionalidad. Se equivocan peligrosamente aquellos sectores radicales e ilegales que quieren crear la sensación de que el orden constitucional es el enemigo. Está más que visto que se trata de facciones que apuestan por la desestabilización y la violencia como fórmula para sus oscuros propósitos.
En segundo lugar, es evidente que el diálogo multisectorial convocado por el Gobierno necesita de una alta dosis de realismo y ponderación. En modo alguno este esfuerzo puede desembocar en un alud de solicitudes de reformas y ajustes a todo nivel que llevaría años poder implementar y menos aún por un Presidente al que le quedan escasos quince meses de mandato. Se trata de buscar soluciones rápidas, efectivas y viables en el corto y mediano plazos. Esa debe ser la premisa de la reunión mañana del Presidente con los voceros del Comité Nacional de Paro.
Tampoco es dable que se ignoren las realidades fiscales y económicas. Flaco favor le hacen a la búsqueda de salidas eficaces a esta crisis la presentación de pliegos de peticiones que plantean billonarias destinaciones presupuestales sin detenerse a analizar las fuentes de recursos para sufragarlas o que plantean alternativas ajenas a la lógica y el pragmatismo económico. Desconocer el alto déficit fiscal o plantear fórmulas populistas y ampliamente fracasadas no sirve de nada. Incluso alarman aquellos que buscan desconocer el impacto global y nacional de la pandemia.
También resulta imperativo que el diálogo nacional planteado por el Gobierno incluya a sectores que urgen ser escuchados, ya que las problemáticas que los aquejan son parte central en estas jornadas de paro. Los jóvenes, por ejemplo, afrontan muchas dificultades en torno al acceso a la educación y mercado laboral. Es crucial concertar con ellos políticas y programas efectivos para apoyarlos de forma sustancial y permanente. Esta debe ser una prioridad.
Visto todo lo anterior, es obvio que el diálogo nacional que adelanta la Casa de Nariño, que esta semana tendrá dos encuentros clave (líderes de la protesta y gremios económicos), solo dará resultados en la medida en que el realismo sea la hoja de ruta de todos los intervinientes. De lo contrario, no conducirá a ninguna salida útil al agitado clima social, económico, institucional y de orden público.