- Revuelo nacional por crédito sorpresivo
- Los usuarios y una política de Cielos Abiertos
El escueto comunicado en que se informó que el gobierno colombiano se dispone a prestarle a Avianca US$ 370 millones ha causado revuelo nacional. Inclusive la fecha misma que se escogió para divulgar el asunto, a propósito de la inauguración del aeropuerto refaccionado de Barranquilla (como para darle un sabor aeronáutico a la noticia), tampoco logró despejar las muchas preguntas que quedaron flotando en el ambiente con ese anuncio.
Es evidente que un colapso de Avianca, que la obligara a inmovilizar su flota por un tiempo indefinido por causa de los trastornos financieros que ha causado la pandemia del coronavirus, como sucedió hace años con Aerocóndor (aunque por razones muy diferentes), sería gravísimo para Colombia. Y para el sinnúmero de usuarios que, en un país montañoso como el nuestro, dependen en tan alta medida del transporte aéreo como medio fundamental de movilización y conectividad.
Sin embargo, las preguntas que quedan flotando en el ambiente, como se dijo, son muchísimas. Y es responsabilidad del gobierno dilucidarlas cuanto antes, incluso más allá de la explicación dada por el viceministro de Hacienda y la información general otorgada por el presidente de la República en estos días. Tanto más teniendo en cuenta que dicho crédito se va a tramitar con recursos del fondo previsto para atender las inmensas y multifacéticas contingencias planteadas a raíz de la honda crisis actual.
En efecto, por ejemplo, ¿qué garantías va a requerir el gobierno para respaldar el préstamo dentro del proceso de insolvencia que adelanta Avianca ante los jueces de Nueva York? El tema por supuesto no es menor, como no lo es tampoco su monto. Para el caso, deberían darse garantías de primera clase y suficientemente líquidas de tal manera que, en el evento de que el proceso concursal en marcha llegara a fracasar, el Estado colombiano no vaya a quedar engrampado en el evento de una liquidación definitiva de la empresa. A la larga, si ello llegare a ocurrir, podríamos estar, desde hoy, ante una nacionalización de la empresa por la puerta de atrás.
De otra parte, ¿qué tipo de esfuerzos correlativos le va a exigir el gobierno colombiano a los actuales acreedores y accionistas de Avianca, como condición que deben cumplir antes de inyectar o trasladar recursos públicos en el proceso de reestructuración empresarial? No tendría ninguna justificación que como consecuencia del crédito, los acreedores o los accionistas actuales vayan a salir beneficiados por cualquier razón diferente a un soporte crediticio con todas las de la ley y las consecuencias comunes a cualquier operación de este tipo. Mucho menos, claro está, que dejen de asumir los riesgos que les corresponden, sin que estos puedan ser trasladados bajo ningún motivo al Estado colombiano.
En la misma medida, ¿habrá el mismo procedimiento (aunque en cuantías inferiores naturalmente) para otras empresas aéreas que funcionan en el país? Ellas también han sido severamente golpeadas por la inmovilización del transporte aéreo durante la pandemia. Y también han recurrido a las puertas del Ministerio de Hacienda en procura de ayudas financieras. El viejo adagio del derecho dice que allí donde se dan las mismas razones deben darse las mismas soluciones jurídicas. No tendría ninguna justificación que en esta ocasión se ayudara con créditos oficiales a la reestructuración empresarial solo a Avianca, y no a las otras empresas que prestan el servicio público aéreo en nuestro país. Discriminar sería un golpe artero a la competencia, que tanto se necesita fomentar en beneficio de los usuarios en la actividad del servicio público aéreo.
Desde luego, para la nación colombiana sería muy grave un derrumbe de Avianca. Pero el préstamo anunciado debe otorgarse con extremo cuidado y bajo total escrutinio público, con las veedurías correspondientes.
Por lo demás, de esta crisis el país debería salir hacia una estructura de organización aérea mucho más competitiva y beneficiosa para los usuarios. La pertenencia a la IATA es muy discutible en esta época de apertura económica en todo el mundo. Los precios de los pasajes aéreos en Colombia son altamente prohibitivos: mucho más que en otros países. De hecho, desde estas páginas editoriales hemos abogado por una política de Cielos Abiertos. Sería lo más conveniente y una lección que deberíamos sacar de las profundas tribulaciones de Avianca, que además ya venían dándose desde mucho antes de la pandemia.
Sin duda, ha llegado el momento de reflexionar sobre las ventajas que para el país tendría esa política. En todo este ajedrez aéreo no podemos olvidar lo más importante: la protección que debe brindársele a los usuarios que, a fin de cuentas, son la clave de todo el tema.