- Más allá del drástico informe de HRW
- Grave falla en consolidación territorial
Mucho eco tuvo ayer el informe de la organización gubernamental Human Rights Watch, que impactó desde el mismo título de la investigación: “‘Los guerrilleros son la policía’: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento de Arauca y el estado venezolano de Apure”.
Según la ONG, con base en visitas de campo que hiciera en agosto del año pasado a esa zona fronteriza, los habitantes de esas dos regiones están sometidos a un “control feroz”, violento e ilegal por parte de integrantes de la guerrilla del Eln, una facción de la disidencias de las Farc denominada “Frente Décimo Martín Villa” y un grupo armado venezolano llamado “Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional”. Como parte de su “estrategia para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure”, esos grupos armados ilegales incurren en homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y violaciones sexuales, delitos que en su mayoría quedan en la impunidad. Todo ello mantiene a los residentes “aterrorizados”. El “control” llega al punto que serían los integrantes de estas facciones criminales los que ‘regulan’ actividades tan cotidianas como la pesca, también imponen ‘toques de queda’, extorsionan a los campesinos y comerciantes e incluso llegan al extremo de establecer los horarios de los bares y hasta toman represalias contra presuntos ladrones, drogadictos y quienes maltratan a sus parejas…
Pero la denuncia no termina ahí. Según HRW estas facciones armadas “operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera, y especialmente en Venezuela actúan en ocasiones con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades locales”. Ese panorama crítico le habría sido confirmado a la ONG por más de un centenar de personas, entre ellas líderes comunitarios, víctimas y sus familiares, actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos, empleados judiciales y periodistas. También se aportan testimonios de los migrantes venezolanos, de los cuales dicen que hay más de 44 mil en este departamento colombiano.
Para soportar ese crítico diagnóstico, la ONG adjunta estadísticas sobre el aumento de homicidios en Arauca en los últimos dos años, aunque advierte que no puede hacer lo mismo en el estado Apure debido a que las autoridades del régimen chavista no proporcionan información confiable.
Frente a ese drástico panorama las autoridades regionales de Arauca así como algunas fuentes militares y policiales colombianas consideraron el informe de HRW como claramente exagerado. Por el contrario, replicaron que hay un aumento de la presencia del Estado y de Fuerza Pública con el fin de contrarrestar el accionar criminal del Eln y las disidencias de las Farc, aunque no es una tarea fácil ya que esos grupos armados atacan en la región y huyen hacia territorio venezolano, en donde operan con la complicidad del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, como tantas veces se ha denunciado a nivel nacional e internacional.
Si bien no es la primera vez que las instancias gubernamentales colombianas han salido a desmentir informes y conclusiones de esta ONG, lo que no se puede desconocer es que hay regiones de nuestro país en donde Eln, disidencias y bandas criminales están imponiéndose a sangre y fuego, ya sea porque se aliaron para ‘adueñarse’ de las zonas y universo delincuencial que antes manejaban las facciones de las Farc que sí se desmovilizaron, o porque combaten entre ellas día tras día para manejar el narcotráfico, minería ilegal, contrabando y tala ilegal de madera, entre otras actividades ilícitas. Tanto en el Catatumbo como en una amplia parte de Nariño, vastas zonas de Chocó, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta o en el bajo Cauca, entre otros enclaves, se denuncian escenarios críticos parecidos, en alguna proporción, a los que HRW sostiene que se presentan en Arauca y el estado venezolano de Apure. En esas regiones hay un común denominador, ya muchas veces advertido: el Estado no fue diligente para imponer la autoridad institucional una vez se desarmaron miles de efectivos de las Farc.
El actual Gobierno ha lanzado distintas estrategias y planes de seguridad para tratar de recuperar el control del orden público en estas zonas críticas. En algunas hay avances que se reflejan en una disminución de homicidios y otros delitos de alto impacto, pero en otras ocurre lo contrario, especialmente en las que tienen una alta incidencia de narcocultivos y minería ilegal.
Frente a todo ello la respuesta continúa siendo una sola: redoblar la presencia estatal en todas sus órbitas, desde la típicamente militar y policial, hasta aquella referida a la consolidación institucional a través de instancias permanentes de justicia, inversión social, servicios públicos, acompañamientos a víctimas y otras políticas oficiales de amplio espectro. Mientras ello no ocurra, lo que se denuncia en Arauca, certero o exagerado, será imposible de erradicar.