La clase política de Brasil está con el agua al cuello. Unos dirigentes temen verse involucrados injustamente en los escándalos de corrupción debido al sistema de delaciones que negocian los acusados con los jueces y fiscales. Y otros, los culpables, saben que más temprano que tarde serán encarcelados. La opinión pública se pregunta en qué momento la política se ensució tanto que hasta los titulares de los más altos y respetados cargos de la democracia resultan ahora perseguidos por los sabuesos policiales y judiciales. Se teme que en el transcurso de la investigación por el escándalo de sobornos y tráfico de influencias denominado “Lava Jato” al final no quede títere con cabeza en los cuadros políticos de mayor responsabilidad.
Brasil sufre la mayor crisis moral de la historia.
El crecimiento de la economía y la bonanza petrolera años atrás impactaron al país y vino una etapa de grandes movimientos financieros así como de venta y compra de empresas del Estado en las que se enriquecieron los intermediarios. Petrobras, la poderosa y emblemática empresa petrolera se convirtió en fuente de recursos oscuros de la política. Los que no se lucraron de ella guardaron silencio cómplice. Las campañas políticas se volvieron tan costosas que según las confesiones de los titulares de Odebrecht esa cuestionada multinacional giró sobornos por 2.000 millones de dólares.
En la última semana el escándalo escaló aún más. El juez federal del Tribunal Supremo, Edson Fachin, pidió la apertura de la investigación contra el presidente Michel Temer. Esa medida llevó a que los partidos y movimientos de izquierda -es decir los sectores que apoyaban a la destituida mandataria Dilma Rousseff- se movilizaran en todo el país exigiendo la renuncia del Jefe de Estado. Aunque el Presidente y sus abogados sostienen que se trata de un grave disparate judicial y que pueden demostrar su inocencia, para la oposición no tiene ninguna importancia si Temer es inocente o culpable, lo que pretenden es que salga del poder y se convoque a elecciones anticipadas.
Temer es señalado de estar involucrado en los casos de corrupción relacionados con Odebrecht. Lo único que la justicia tendría en su contra es una grabación, de marzo de este año, en donde se escucha una voz similar a la del gobernante hablando con uno de los propietarios de la empresa cárnica JBS, Joesley Batista, en la que lo autoriza girar 637 mil dólares con la finalidad de acallar al diputado Eduardo Cuhna (PMDB) preso hace varios meses por corrupción en el caso Petrobras. Temer se dirigió a la nación para explicar que la grabación era amañada, una farsa para empañar su nombre y desestabilizar más la democracia en momentos en que -dijo- la economía bajo su administración comienza a reaccionar positivamente. En las calles hubo una ola de marchas y hasta fue necesario militarizar algunas ciudades.
La situación política se torna cada vez más difícil por la tormenta de investigaciones y delaciones. No se sabe cuáles son falsas y cuáles verdaderas dado que los investigados y condenados acusan en todas las direcciones para conseguir rebajas de pena, casa por cárcel o incluso libertad condicional. La trama político-judicial semeja un gigantesco tsunami que amenaza llevarse por delante a los más influyentes políticos y sus camarillas de cómplices. Ya la Corte Suprema brasileña abrió investigaciones a ocho ministros del gobierno Temer por el caso Petrobras. Una pesquisa histórica por la cantidad de jerarcas políticos enlodados. A ello se suma que la cúpula del Congreso tambalea por cuenta de los procesos judiciales. A su turno, el Supremo Tribunal Federal divulgó otra lista de presuntos implicados que encabeza el jefe de gabinete, el secretario general de la Presidencia y hasta el Canciller. También están en la mira los ministros de Agricultura, Ciencia y Tecnología, Integración Nacional, Ciudades, Cultura y Comercio Exterior. Otros 24 senadores, 37 diputados y tres gobernadores igual son investigados.
¿Qué pasará? La Constitución de Brasil establece que el Presidente solo puede ser investigado por actos cometidos durante el ejercicio de su mandato y con la autorización del Tribunal. Por ahora el proceso ya arrancó y no se sabe cómo se va a desenvolver en las próximas semanas. Aunque el mandatario se mantiene firme en reafirmar su inocencia, es claro que dicha investigación debilita su gestión y comienza a afectar la supervivencia misma de la clase política. “Lava Jato” es ya un escándalo que se extiende por el gobierno federal, el legislativo, las gobernaciones y los familiares y cómplices de los políticos más influyentes del país. Un escándalo en el que hasta la democracia peligra en el gigante suramericano.
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