Las dos firmas “han incumplido reiteradamente el contrato por más de $51 mil millones que suscribieron en 2013”

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Una empresa y un constructor que se vieron involucrados en el escándalo de los Juegos Nacionales de Ibagué, serán vinculados por la Contraloría General al proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía iniciado con ocasión de tales irregularidades y por los retrasos en las obras de la sede de la Universidad Nacional en el departamento de Cesar .

Se trata de dos de los contratistas favorecidos por la Gobernación del Cesar con ese contrato de la sede de la Universidad Nacional, financiado con recursos de regalías, que aún hoy se encuentran a cargo de la obra, cuyo cronograma de ejecución se ha incumplido de forma reiterada y negligente. Allí, la empresa Vera Construcciones Sucursal Colombia, tiene el 30% de participación, y el señor Benjamín Tomás Herrera Amaya el 20%.

En el caso de Ibagué, el presunto daño al patrimonio público causado por Vera Construcciones Sucursal Colombia y Benjamín Tomás Herrera Amaya, se cuantificó por parte de la Contraloría en más de $37mil millones.

Esto en razón a que las obras quedaron inconclusas, no prestaron ninguna utilidad a la comunidad, y por la gravedad de las deficiencias constructivas no sirvieron al propósito para el que fueron contratadas.

En total, la CGR adelanta por el tema de los Juegos Nacionales en Ibagué 11 procesos de responsabilidad fiscal por más de $60 mil millones.

En cuando al contrato con la Gobernación, suscrito el 12 de julio de 2013, con una duración inicial de 18 meses, se contrató con Vera Construcciones Sucursal Colombia, y con Benjamín Tomás Herrera Amaya, entre otros, la construcción de la sede de la Universidad Nacional en el municipio de La Paz.

El contrato se suscribió por $38 mil 388 millones de pesos, y se adicionó posteriormente en $13 mil 318 millones, para una cuantía total superior a los $51 mil 706 millones de pesos.

Ante el incumplimiento negligente del cronograma de obra por parte de los contratistas, y por ende del objeto contractual, el contrato fue sometido a múltiples suspensiones y seis prórrogas, la última de las cuales está próxima a vencerse, sin que el avance de la obra permita presagiar que la misma será entregada el 8 de noviembre de este año, según lo pactado en la prórroga vigente.

Cronológicamente, las prórrogas otorgadas al contratista para la terminación de la obra, sin que se haya logrado dicho cometido, han sido las siguientes:

La primera prórroga por 6 meses, suscrita el 1° de abril de 2015, entre el Secretario de Infraestructura Departamental, Omar Enrique Maestre Vélez, y el representante legal de la Unión Temporal, Javier Bernardo Varela de Ávila, las mismas dos personas que firmaron el contrato inicial.

En la segunda prórroga se le otorgó al contratista un plazo adicional de 2 meses y 25 días y fue suscrita el 30 de septiembre de 2015. Una tercera prórroga de 7 meses, que contó con una adición en recursos por valor de $13 mil 318 millones, fue suscrita el 4 de diciembre de ese mismo año, por el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo.

La cuarta prórroga fue por 5 meses y 3 días, suscrita el 26 de julio de 2016, y una quinta prórroga de 4 meses y 15 días, se suscribió el 29 de diciembre de 2016, con lo que la obra debía terminar el 14 de mayo de 2017.

No conformes con las cinco prórrogas iniciales, de un contrato que estaba previsto para cumplirse inicialmente  en 18 meses, se concedió una sexta prórroga de cinco meses más, que está próxima a cumplirse, el próximo 8 de noviembre del año en curso, con lo cual es poco probable que entreguen en la fecha prevista.

La misma Contraloría por situaciones constructivas relacionadas con las obras de la Universidad Nacional, sede La Paz (Cesar), tiene a los contratistas Vera Construcciones Sucursal Colombia y al señor Benjamín Tomás Herrera Amaya inmersos en un proceso de responsabilidad fiscal como presuntos responsables, que asciende a una cuantía $2.634 millones.

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