El conflicto armado en Colombia, originado por la guerra de guerrillas, que tuvo a las Farc como principal actor durante más de 50 años, dejó cerca de 8.000.000 de víctimas por homicidios, desplazamiento, desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros, abusos sexuales, entre muchas acciones violentas.
Las consecuencias se vivieron en todo el país, sin embargo el terror de las armas se encarnó en las regiones donde se desarrollaron los combates y en las zonas asediadas por los grupos ilegales. Sus habitantes son las principales víctimas y sobre ellos están enfocados los programas de reparación, pero no podemos olvidar que hay otros afectados por la guerra que pusieron una cuota de sacrificio, inclusive en vidas, por cuenta del alzamiento en armas.
Me refiero específicamente a los miembros de la Fuerza Pública, quienes si bien es cierto cumplen la función de defender “la soberanía, la independencia y la integridad del territorio”, como reza la Constitución, son grandes perjudicados por ser los que hacen frente a las casos de alteración del orden público.
En tantos años de violencia y ante métodos irregulares de guerra utilizados por las organizaciones al margen de la ley, fueron muchos los abusos que se registraron. Los militares involucrados en acciones ilícitas, adelantadas en el marco del conflicto, están respondiendo por esos hechos ante las autoridades judiciales correspondientes y deben asumir su responsabilidad en evidenciar lo que les conste para establecer la verdad de lo ocurrido. Pero así como tienen responsabilidades también hay que reconocerles derechos como víctimas, porque estuvieron enfrentando los actos terroristas, poniendo en riesgo sus vidas para mantener la seguridad del territorio.
El comandante del Ejército entregó un informe a la Comisión de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reportando que unos 300.000 integrantes de la Fuerza Pública sufrieron las consecuencias de torturas, secuestros y atentados, entre ellos miles de lesionados por minas antipersona.
Poco o nada se reconocen las angustias de familias de uniformados sacrificados en el conflicto, hogares destruidos por la muerte o mutilaciones de soldados que en la mayoría de los casos eran el sustento económico del núcleo familiar.
Poco se habla de la reparación de aquellos que soportaron el rigor de la guerra. Basta con mirar los establecimientos de sanidad institucionales para verificar las agendas llenas con citas de pacientes en terapias y tratamientos, no solo con secuelas en su cuerpo, cientos de enfermos siquiátricos reflejan el daño dejado por la confrontación armada. Policías y militares víctimas del conflicto merecen toda la atención, al igual que las familias que sufren su pérdida, no solo de los que murieron en el cumplimiento de sus funciones, también de quienes sobrevivieron con lesiones que los dejaron marcados de por vida.
@WilsonRuizO