A propósito de la indagatoria al expresidente Uribe, gracias a las maniobras de un tal Barceló y sus cómplices que convirtieron en la Corte Suprema de (In)justicia a un acusado en víctima, el ahora acusador, Iván Cepeda, pidió en un comunicado a Uribe “ evitar las presiones mediáticas o políticas que atent(en) contra la independencia y la dignidad de la Corte y de sus magistrados” y agregó que “se han empleado toda clase de mentiras para descalificar la labor investigativa del Alto Tribunal (y) poner en duda la probidad de los magistrados”. No voy a hacer nuevamente el inventario de todos los atropellos, que no mentiras, que se han cometido en este proceso contra el expresidente. Pero se ha creado un ambiente según el cual en las altas cortes hay sentados unos juristas sabios, cuya “independencia y dignidad” se ponen en peligro cuando se discuten sus decisiones. Es claro que todos los colombianos estamos sometidos a las decisiones de las altas cortes porque son órganos límites más allá de los cuales no hay recurso. Pero eso no quiere decir que el contenido de las mismas sea infalible y no se pueda discutir. Pedir a Uribe y a sus abogados -los mejores del país- que no hagan presión por su caso ante los jueces es una ridiculez. Esa es su función.

Otra polvareda la han levantado porque el presidente Duque y la vicepresidenta Ramírez dijeron que creían en la inocencia de Uribe. Interferencia del Ejecutivo sobre el judicial, dijeron. Hay interferencia de un poder sobre otro cuando, por ejemplo, la Corte Constitucional toma decisiones que corresponden al Ejecutivo o al Legislativo, lo que sucede casi a diario. Pero no cuando la Presidencia solicita a la Corte que decida un proceso de una forma u otra. Y mucho menos cuando sus funcionarios opinan sobre los problemas nacionales sin decidir lo que les corresponde a otros.

Para rematar Cepeda anuncia que pondrá a sus abogados a estudiar que falta (¿o delito?) cometió Uribe en sus comentarios en la sede del Centro Democrático luego de la indagatoria, donde informó a sus seguidores sobre la misma. Es cierto que hay una reserva del sumario y hay violación de la misma cuando un juez u otro funcionario judicial con acceso al expediente divulgan hechos sobre un proceso en curso, lo que también sucede con frecuencia. Pero ella no llega hasta el punto de impedir al acusado comentar sobre cómo le fue con los jueces. Lo que faltaba.

Todo esto demuestra el poder que ha adquirido la extrema izquierda, infiltrada ahora hasta en las universidades privadas. Enderezada claro está a instalar entre nosotros una “democracia bolivariana” según los modelos cubano y venezolano.

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Coda uno: La primera obligación de un soldado es cuidar su propia vida; la segunda cuidar la de sus compañeros; y la tercera, solamente la tercera, la de los civiles. Por eso resultó tan chocante ver el jueves pasado en la plaza de Bolívar unos terroristas encapuchados atacar con ladrillos desde dos metros de distancia a los policías de la Fuerza Disponible, agarrotados detrás de sus escudos, sin reaccionar. Y cuando el Esmad  llegó a “salvarlos”, no entró por las cuatro esquinas para rodear a los bárbaros y detenerlos sino a dispersarlos. Y luego el comandante de la Policía dijo que iban a tratar de identificarlos. ¡Qué idiotez! Parece que les aterra detener a los terroristas.

Coda dos: A la magistrada Cristina Lombana la recusaron por haber sido oficial del Ejército. Pero al magistrado César Reyes que trabajó con Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, no.