La protesta social que comenzó el 28 de abril puso en alta tensión la relación gobierno-ciudadanía, generando una de las más graves crisis de gobernabilidad, que ni los riesgos y restricciones por la pandemia del covid-19 logró atemperar ni intentos de todo orden, como la descabellada decisión judicial de una polémica magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni la violenta y reprochable represión ejercida por la fuerza pública que puso en cuestión el respeto de los derechos humanos. Abriendo un expediente insospechado que agrava más la situación. Es lamentable la pérdida de numerosas vidas de ciudadanos, entre ellos un oficial de la policía, cientos de lesionados y cuantiosas pérdidas materiales por los daños y la interrupción de actividades.

La protesta logró que el Gobierno retirara el proyecto de reforma tributaria con la consiguiente renuncia del ministro de Hacienda, y que el cuestionado proyecto de reforma a la salud (PL-010/20) -también inconsulto- esté rápidamente perdiendo apoyos hasta que sea necesariamente archivado. También ha logrado poner sobre la mesa desde distintos sectores la necesidad de encontrar una salida a partir del diálogo para buscar consensos.

Este último logro es muy importante porque justamente remite a uno de los problemas de la crisis de gobernabilidad que más le cuesta reconocer al gobierno, y que además es uno de los supuestos esenciales en los regímenes democráticos: el diálogo y el consenso, que a la larga se tornan en sustento de la legitimidad y capacidad del gobierno. El cual, hasta ahora venía maniobrando con la aplanadora de la coalición en el Congreso -que parece estar desbaratándose- y con la iniciativa fallida de la conversación nacional de 2019.

Pero, lo que la protesta social está interpelando es más estructural y en estos llamados subyace la demanda por cambios sustanciales en el modelo de desarrollo socioeconómico, pues de cierta forma mucho de lo prometido desde hace décadas no está funcionando, “nos hizo más pobres y hay menos oportunidades,” resumió uno de los caminantes.

Sin embargo, el camino del diálogo y el consenso no parece fácil en parte por la tendencia a enconcharse del Gobierno -acentuado por el distanciamiento que paradójicamente fue acrecentándose durante el manejo de la pandemia- que no le hace ver como propia la crisis. Además, la estrategia de lucha ideológica desde el gobierno a través de un discurso repetido por ministros y funcionarios con el propósito de deslegitimar a sus contradictores políticos y a quienes protestan se aparta de los fines del Estado y de la misión del gobierno, restándole credibilidad, y termina más bien debilitando la democracia y la ciudadanía.

Hoy se requiere recuperar la confianza y reducir el distanciamiento entre gobierno y ciudadanía. Avanzar con un dialogo incluyente y lograr consensos fundamentales es el camino para superar la crisis de gobernabilidad, preservar la democracia y mantener el camino de la paz. Y no es suficiente con el mero apoyo de los pocos y poderosos grupos de interés, sino que esta vez la viabilidad y estabilidad de las reformas requiere como nunca antes del apoyo de los ciudadanos, esos que están hoy desde la calle demandándolas.

@Fer_GuzmanR