El problema carcelario en Colombia data de la época de la colonia cuando el trato dado a los presos era indiferente a la ciudadanía. Hoy tal vez no tenemos los calabozos del siglo XVII, pero la forma como son mantenidos los reclusos, en condiciones de hacinamiento, insalubridad, maltratos, corrupción, sigue siendo inhumana y la indiferencia ciudadana y de las grandes ONG sigue vigente, como si los internados no fueran seres humanos. Viven y duermen como animales. Regeneración es imposible. En la cárcel de Tramacúa en Valledupar solo llegaba el agua durante dos períodos de 30 minutos al día. El hacinamiento es del 402%. El promedio de hacinamiento en el país es del 50%. El año pasado se calculaba que por cada tres presos que ingresaban se generaba solo una nueva celda. Del 2010 al 2015, se crearon 10.000 plazas, pero durante el mismo tiempo la población carcelaria se incrementó en 36.843 reclusos. Hace unos meses en la cárcel de Riohacha había 547 detenidos cuando el cupo máximo era de cien. Un metro cuadrado por prisionero. ¡En 1998 la Corte Constitucional, en fallo de tutela, fijó un plazo de cuatro años para garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas!

Una de las causas del hacinamiento es la lentitud de la justicia penal. El número de sindicados (no condenados) es aproximadamente el 35% del total. Naturalmente es necesario construir nuevas penitenciarías, pero el hacer más eficiente la justicia penal es esencial para solucionar el problema que comprende la injusticia de mantener bajo rejas a un gran número de sindicados, de los cuales no pocos serían declarados inocentes o con condenas inferiores al tiempo que han permanecido en prisión. La ley 1709 de 2014 buscó solucionar el hacinamiento pero no surtió efectos. En las cárceles proliferan las organizaciones criminales, la insalubridad, las drogas, a veces los guardas están al origen de la delincuencia interna. Esta masa apiñada de prisioneros, en condiciones casi infrahumanas, no solo es un atentado a los derechos humanos, sino también una escuela del crimen, como tantas veces se ha destacado.

Últimamente se propone reemplazar las penas de prisión por penas alternativas, por ejemplo, servicio social, libertad condicional y liberaciones masivas como la sugerida a raíz de la venida del Papa. Esto puede ser válido en algunos casos, pero hay que tener cuidado. Muchos de quienes cometen crímenes graves lo hacen estando en libertad bajo palabra o en detención domiciliaria, como lo constatamos frecuentemente en la prensa. ¿Deshonestidad o incuria de los jueces? El Procurador Fernando Carillo quiere enfrentar el problema con un Pacto Nacional para humanizar el sistema. Sería una buena bandera para su gestión. Se debe comenzar por la concientización de la opinión sobre esta inhumana situación.